GUATEMALA – Civicus conversa con Ramón Zamora, hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, sobre las restricciones a la libertad de prensa y los desafíos a la hora de defender los derechos humanos en Guatemala.
Rubén Zamora es parte de la campaña de Civicus Stand as My Witness (Sé mi testigo), que busca la liberación de personas defensoras injustamente encarceladas. El veterano periodista, fundador del Periódico Siglo 21 y reconocido por sus investigaciones sobre corrupción, lleva más de dos años luchando contra acusaciones infundadas de lavado de dinero.
Su situación judicial dio un giro recientemente, cuando un tribunal ordenó su regreso a prisión tras un breve período de arresto domiciliario. Mientras su familia preparaba un recurso de apelación, el presidente Bernardo Arévalo denunció la decisión judicial como un atentado contra la libertad de expresión.
¿Qué papel ha desempeñado su padre en el periodismo guatemalteco y qué le llevó a enemistarse con sectores poderosos?
Mi padre proviene de una familia de periodistas; su abuelo, Clemente Marroquín, fue el fundador del periódico La Hora, uno de los más importantes de la historia de Guatemala. En 1990 mi padre fundó el medio Siglo 21. Se estaba produciendo una transición a la democracia, y él había entendido que la democracia no puede funcionar sin real libertad de expresión, es decir, cuando uno no puede expresar sus ideas sin miedo. De ahí la importancia de contar con un medio de comunicación que, además de informar, incluyera una pluralidad de voces.
Siglo 21 abrió espacios para el pensamiento de izquierda, lo que le valió amenazas y atentados de fuentes ligadas al Ejército. Además, desde el inicio trató temas sensibles que rápidamente lo pusieron en el punto de mira de muchas figuras poderosas. Al poco tiempo comenzaron las amenazas y ataques por sus investigaciones sobre corrupción.
En 1993, tras el autogolpe del entonces presidente Jorge Serrano Elías, quien suspendió la constitución y disolvió el Congreso, la seguridad presidencial vino a buscar a mi padre y toda la familia se vio obligada a esconderse. Sin embargo, mi padre siguió luchando, publicando una edición prohibida de Siglo 21, que había sido censurado, y enviando la información a medios internacionales.
Tras dejar Siglo 21, en 1996 fundó El Periódico y en 1998 fundó Nuestro Diario, siempre con el objetivo de seguir investigando la corrupción. Sus investigaciones llevaron a varias personas poderosas a la cárcel. A lo largo de los años sufrió arbitrariedades, intentos de asesinato y secuestros, pero continuó haciendo su trabajo. Hasta que en 2022 fue arrestado y condenado arbitrariamente en represalia por denunciar la corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei.
¿Cuáles fueron las acusaciones en virtud de las cuales su padre fue enviado a prisión?
Lo acusaron de lavado de dinero, extorsión y tráfico de influencias. Alegaron que utilizaba el periódico y su acceso a fuentes gubernamentales para obtener información privilegiada con la que extorsionar a empresarios y funcionarios públicos. Según funcionarios del gobierno, mi padre los amenazaba con publicar noticias en el medio si no cumplían sus demandas y supuestamente blanqueaba el dinero obtenido de esas extorsiones a través del periódico.
Para entender la justificación que usaron para detenerlo, debemos tener en cuenta el contexto más amplio de ataques al periódico. Desde 2013, el medio sufrió presiones económicas y amenazas por parte de funcionarios del gobierno, como la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, que llamaban a nuestros clientes para amenazarlos con investigaciones si seguían apoyando al medio con publicidad.
Esto redujo los ingresos del periódico en más de 50 %. Con el tiempo, para eludir las presiones, mi padre comenzó a aceptar donaciones de personas que querían mantener el anonimato. Esta fue una de las razones aducidas para afirmar que lavaba dinero no declarado. En definitiva, mi padre fue criminalizado por defender la libertad de expresión y denunciar la corrupción.
¿Cómo ha vivido su padre estos años de detención arbitraria?
Al principio fue muy duro, porque lo tuvieron en una cárcel militar, en una celda muy pequeña, completamente aislado de otros presos. En la misma cárcel había personas que habían sido condenadas por corrupción gracias a denuncias de su periódico, lo que lo ponía en grave peligro. Pronto comenzó a recibir constantes amenazas.
En los primeros días hubo varios registros en su celda e incluso se filtraron chinches en su cama, lo que le causó severas picaduras por todo el cuerpo. Tampoco podía dormir por los constantes ruidos, ya que se estaban haciendo obras junto a su celda.
Fue muy estresante a nivel físico y emocional. Hubo momentos en que pensó que no saldría vivo de allí. Para colmo, muchas veces nos prohibían la entrada a la cárcel o nos daban excusas ridículas, lo que lo mantenía en una constante sensación de incertidumbre.
También sufrió mucho durante las audiencias en los tribunales. Había un juez que hizo lo imposible por impedirle el acceso a una defensa adecuada. Tuvimos que cambiar de abogados varias veces y muchos de ellos fueron perseguidos por defender a mi padre.
Mi hermano y yo trabajamos para mantener el periódico a flote, aunque varios periodistas se vieron obligados a exiliarse. Hace unos meses conseguimos que mi padre fuera liberado bajo arresto domiciliario, pero su caso continuó lleno de irregularidades, y un mes más tarde la prisión domiciliaria fue anulada.
Todavía estamos a la espera de que la sala de apelaciones revise la decisión, pero es probable que esta semana o la siguiente regrese a la cárcel. Mi padre sigue luchando por su libertad y por un juicio justo que le permita demostrar su inocencia.
¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional?
La comunidad internacional ha desempeñado un papel muy importante en todo este proceso. En gran parte, hemos logrado que mi padre salga de la cárcel gracias a la presión de organizaciones como Amnistía Internacional, Civicus, el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House, Reporteros Sin Fronteras y otras entidades que se han manifestado y movilizado.
Como familia, nos hemos sentido constantemente respaldados. Ahora esperamos la resolución del recurso de amparo que podría permitir que mi padre continúe su lucha desde casa, lo que sería lo ideal, aunque aún estamos a la espera de la decisión final.
La comunidad internacional debe seguir defendiendo los derechos humanos y la libertad de expresión y apoyando a los medios de comunicación, especialmente en países donde prevalecen la corrupción y la impunidad.
