LIMA – “Las mujeres indígenas rurales hemos tenido siempre la concepción de sostenibilidad porque cuidamos las semillas y la tierra y producimos para el sustento de nuestras familias sin depredar; y lo hacemos cargando todas las exclusiones que los Estados no resuelven hasta ahora”, sostuvo la lideresa latinoamericana Tarcila Rivera.
Fundadora del Centro de Culturas Indígenas Chirapaq y luego del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia), que preside, la quechua peruana Rivera abordó con IPS en su oficina en Lima la situación las campesinas indígenas en América Latina con ocasión del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora cada 15 de octubre.
Esta fecha la instituyó Naciones Unidas el 2007 para reconocer las contribuciones de esta población a la seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como exhortar a los Estados a actuar frente a las desigualdades que afecta sus derechos. Este año destacan su rol en la transformación de los sistemas agroalimentarios y la conservación de la biodiversidad.
“Una mujer indígena rural cría, cultiva, produce alimentos; cada color de semilla es un valor, en términos occidentales sería un capital intangible, porque de eso saca más para el siguiente año”, Tarcila Rivera.
En América Latina y el Caribe las mujeres representan la mitad de la población rural que en promedio llega a 20 % de sus 673 millones de personas, por la creciente migración a las ciudades, aunque los porcentajes cambien según los países.
Varían por ejemplo de 20 % en Perú a 30 % en Panamá, Ecuador, Bolivia y Paraguay hasta 40 % en los centroamericanos como Nicaragua, Honduras y Guatemala según un estudio conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y La Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales, del 2023.
Se estima en más de 60 millones el número de mujeres rurales en la región, quienes se dedican a actividades diversas y habitan ecosistemas y territorios también muy diferentes entre sí, aunque compartiendo una serie de problemas comunes que afectan sus derechos.
Según el estudio conjunto, de esas mujeres rurales 40 % de las mayores de 15 años carecía de ingresos propios y alrededor de 46 % se encontraba en situación de pobreza.
En la amplia diversidad de la que se compone la población rural femenina en la región, Rivera afirmó que un problema común que las atraviesa es el racismo, que se expresa en múltiples formas de discriminación.
“Eso es algo que nos persigue y marca. En un seminario en Oaxaca (México) con 300 mujeres de las Américas con la premio nobel Rigoberta Menchú (lideresa indígena de Guatemala), concluimos que el racismo es la peor forma de violencia que padecemos”, afirmó.
“Por ser indígenas y rurales se nos discrimina en los centros de salud, en las escuelas, en los espacios públicos, en los trabajos y cargamos con todas las exclusiones juntas”, subrayó.
Rivera, también impulsora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, donde convergen las siete regiones geoculturales del planeta, recordó que llegó a la capital peruana con 10 años siendo una niña quechua monolingüe tras dejar su comunidad altoandina de San Francisco de Pujas, a más de 3400 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Ayacucho, en el centro de Perú.
Hasta entonces había vivido la cultura agrocéntrica, mientras en Lima, como muchas niñas rurales, siguió sus estudios escolares trabajando paralelamente en el servicio doméstico.
Con su vasta experiencia en la promoción de la articulación para el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas campesinas, destacó la relación que ellas sostienen con los territorios, que no está orientada al lucro sino a proteger y preservar lo que la naturaleza ofrece.
“La tierra es un bien que nos va a dar sustento por generaciones”, agregó.
“Una mujer indígena rural cría, cultiva, produce alimentos; cada color de semilla es un valor, -en términos occidentales sería un capital intangible-, porque de eso saca más para el siguiente año. Estamos hablando de papas, maíces, granos, frijolitos”, explicó.
“Nunca te comes la semilla, la guardas para el siguiente periodo. Es un conocimiento que nos dicen que es empírico, lo que pasa es que necesitan meterlo al laboratorio, pero son científicos”, remarcó.
Marcadas desigualdades
Para Raquel Reynoso, facilitadora peruana de la Plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra de América Latina y el Caribe, la violencia de género es uno de los problemas centrales en la vida de las mujeres rurales. La organización tiene presencia en 14 países y está conformada por 34 organizaciones de base, movimientos sociales y de la sociedad civil.
Otro problema central, dijo, es su limitado acceso a la tierra con derechos de título y de decisión. Con los datos que dispone la Plataforma, estima que apenas 30 % de mujeres rurales cuenta con tierras agrícolas, en mucha menor cantidad que sus pares hombres.
A ello sumó la menor disposición de agua para el riego de sus cultivos y uso doméstico que se agrava por la crisis climática que golpea la región causando sequías prolongadas o lluvias torrenciales, fenómenos en que las más perjudicadas son las mujeres
Ello “porque por falta de políticas agrarias desde los Estados los hombres de las familias migran para trabajar y ellas se quedan al cuidado de todo”, señaló.
Trabajadora social, Reynoso habló con IPS en la sede en Lima de la Plataforma, que forma parte de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra, una alianza mundial independiente de organizaciones populares, sociales y no gubernamentales.
“Estamos preocupadas también por el avance de los autoritarismos de algunos gobiernos como Nicaragua, El Salvador y Venezuela, donde por el cambio de normativas las organizaciones de mujeres rurales tienen barreras para renovar sus registros y seguir funcionando. Es una forma de coactar su participación y acallarlas”, alertó.
Explicó que con estos problemas viene la persecución a las lideresas rurales por su defensa de los territorios ante el avance de las industrias extractivas.
Lo rural destendido
Lorena Gálvez, del equipo del no gubernamental Instituto Mayor Campesino del Valle del Cauca, en Colombia, con trabajo en la zona desde 1962, precisó a IPS los problemas que enfrentan las mujeres rurales que se agravan cuando además son indígenas o afrodescendientes.
Con grandes desafíos tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno en 2016, en Colombia son diversas las brechas de género en las zonas rurales como la desigualdad en el acceso a la tierra, siendo hombres propietarios de 63 % y mujeres de 36 %, generalmente en áreas de menor calidad lo que limita sus ingresos.
Gálvez explicó desde la localidad colombiana de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, que la pobreza monetaria afecta a 48 % de hogares rurales con jefatura femenina y que solo 25 % accede a créditos, mientras que el analfabetismo es de 12,5 % frente a 4,5 % en las urbes y la deserción escolar secundaria llegó a 20 %.
Además, persiste la violencia de género y es baja la representación de las mujeres en los espacios de decisión de sus comunidades.
Frente a esa realidad desde su institución están promoviendo los liderazgos de las mujeres rurales para la propuesta e incidencia.
Gálvez dijo que el Estado es deudor de políticas que reconozcan y respeten los derechos de las comunidades étnicas y campesinas; que apoyen la agroecología, donde se desenvuelven las mujeres rurales, el desarrollo agropecuario y la equidad económica.
Cambiar el modelo de desarrollo
Por su parte Raquel Reynoso planteó un cambio del modelo de desarrollo en la región, “porque explotar los recursos naturales va a reproducir extractivismo, contaminación, expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios con todas las consecuencias que ello genera”, puntualizó.
Dijo que mientas no se llegue a ese cambio estructural, los Estados deben impulsar políticas públicas que contribuyan a igualar el desarrollo para las mujeres rurales en todas las dimensiones de su vida para que vivan sin violencia, con educación de calidad, acceso a la tierra y al agua con derechos.
Y como remarcó Tarcila Rivera, toda política pública debe reconocer las especificidades en la ruralidad, porque “hasta ahora es una tarea pendiente de los Estados que sus planes y programas se hagan escuchándonos primero”.
ED: EG
