NACIONES UNIDAS – Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, califica la prostitución como un «sistema de violencia» que no beneficia en nada a la sociedad, especialmente a las mujeres y niñas forzadas a formar parte de este sistema.
Alsalem habló el miércoles 2 en la Roosevelt Public Policy House de Nueva York sobre su informe especial, en el que sostiene que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas.
El informe se hizo público por primera vez en junio, donde se presentó al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Más de 60 Estados miembros respaldaron el informe y sus conclusiones, entre ellos Ghana, Sudáfrica, Egipto, Noruega, Suecia, Colombia, Francia, Bangladés, India y Nigeria.
Alsalem recibió más de 300 contribuciones para el informe de múltiples partes interesadas, entre ellas grupos de la sociedad civil, académicos, expertos, responsables políticos y, lo que es más importante, mujeres de todo el mundo con experiencias vividas.
En todo el mundo, la explotación de mujeres y niñas mediante la prostitución y el tráfico sexual es un problema generalizado que amenaza su seguridad y sus derechos.
Alsalem señaló que muchos sistemas de prostitución se basan en normas patriarcales que sitúan el abuso de poder en manos principalmente de los hombres, que son en gran medida los «compradores» o los que se benefician del comercio sexual.
Las desigualdades económicas más profundas y las complejidades de las situaciones humanitarias de emergencia no han hecho sino desplazar aún más a las mujeres y las niñas de los sistemas que las habrían protegido y empoderado.
La relatora especial señaló que los esfuerzos por normalizar o reconocer la prostitución como una forma de trabajo, como referirse a ella como «trabajo sexual», hacen más daño al convertir en luz de gas a las mujeres que la han experimentado, y no tiene en cuenta las graves violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir dentro del sistema, como el daño físico y psicológico que experimentan bajo este paraguas de «trabajo».
Según Alsalem, la pornografía también debería clasificarse como una forma de prostitución y violencia contra las mujeres en general.
Señaló que su proliferación no ha hecho más que normalizar los actos de violencia y las actitudes perjudiciales hacia las mujeres y las niñas.
Alsalem dijo a IPS que las plataformas en línea que alojan material pornográfico sólo incentivan y promueven aún más estos actos y otras formas de actos sexuales coercitivos y no consentidos.
Independientemente de la plataforma, de su marca o de cómo se entre en el comercio, el sistema de prostitución se basa en la mercantilización del cuerpo para someterlo a actividad física y bajo eso no puede haber consentimiento, argumenta Alsalem.
«Tratar de fingir que existe algún tipo de consentimiento en la prostitución, que las mujeres quieren hacerlo, en realidad no tiene sentido en un contexto como el de la prostitución, porque el concepto de consentimiento no es relevante cuando existen sistemas de explotación y violencia», afirmó.
Añadió que «cuando el término consentimiento se utiliza como arma, sabemos perfectamente que cualquier noción de acuerdo que puedan tener las mujeres -o al menos algunas de ellas- se obtiene mediante la coacción física, la manipulación y la violencia».
Cuando se trata de los marcos jurídicos en torno a la prostitución, también se ponen de manifiesto las contradicciones existentes en los países sobre la letra de la ley frente a su regulación en la práctica.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
El informe de la relatora especial indica que, bajo ciertos enfoques, en realidad se hace poco para desincentivar a los «compradores» u «organizadores» a la hora de participar en sistemas de prostitución.
Criminalizar la prostitución tiene más probabilidades de castigar a las personas prostituidas mediante la persecución y el encarcelamiento, el ostracismo social e incluso nuevos abusos a manos de las fuerzas del orden.
De hecho, con este enfoque, es raro que se castigue a los «compradores» o que se responsabilice a terceros.
Bajo el enfoque de la regulación, la prostitución legal asegura el control al Estado a través de los establecimientos comerciales y las leyes federales o nacionales, incluidas las leyes fiscales de las que se benefician, a menudo a expensas de las trabajadoras del sexo.
La despenalización de la prostitución permite que todas las partes operen sin temor a ser perseguidas; sin embargo, esto también ha dado lugar a un aumento de la demanda, y no impide que las partes explotadoras se lucren a costa de mujeres y niñas vulnerables y las lleven al comercio sexual.
El informe se pronuncia a favor del enfoque de la abolición, también conocido como «modelo de igualdad» o «modelo nórdico».
Según este modelo, los terceros (los «organizadores») y los compradores son penalizados por participar en la compra y promoción del sexo, mientras que las trabajadoras del sexo no se enfrentan a persecución penal.
En cambio, se invierte más en vías de salida para las trabajadoras del sexo a fin de garantizarles un trabajo alternativo, estabilidad económica, vivienda y apoyo para abordar traumas e incluso el abuso de sustancias cuando sea necesario.
En el informe, Alsalem señala que el modelo nórdico mantiene la norma internacional sobre explotación sexual y trata de personas al penalizar a terceros, y que reconoce que la mayoría de los prostitutos son mujeres y niñas.
Sin embargo, este enfoque podría tener sus limitaciones, ya que otro informe de la Escuela de Economía de Londres (LSE, en inglés) señala que la legislación sobre comercio sexual sigue variando en los distintos países que aplican este modelo, la seguridad de las trabajadoras del sexo sigue siendo incierta y aún se enfrentan al riesgo de la vigilancia policial.
En el caso de las trabajadoras del sexo inmigrantes, su condición les impide acceder a las protecciones sociales y, según las leyes de inmigración, la prostitución puede ser motivo de deportación.
Los problemas presentes en los actuales modelos legales de prostitución reflejan algunas de las estructuras institucionales que mantienen el statu quo en el que las trabajadoras del sexo son explotadas y quedan desprotegidas. Al mismo tiempo, también reflejan una cuestión cultural más amplia sobre cómo se discute y se percibe la prostitución y, más ampliamente, el sexo.
«Además de ser una violación de los derechos humanos que necesita soluciones jurídicas, lo que se menciona muy claramente en el informe es que estamos ante una cuestión cultural», afirmó Taina Bien-Aimé, directora ejecutiva de la Coalición contra la Trata de Mujeres.
Añadió que otros actos de violencia contra la mujer, como la violencia en la pareja, la violencia sexual y el acoso, se reconocen ahora como formas de abuso.
«Pero, por alguna razón, como en la prostitución se intercambia dinero, de algún modo se considera fuera del contexto de la violencia y la discriminación masculinas, en particular contra las mujeres y las niñas», dijo.
En su informe, Alsalem ofrece recomendaciones a los gobiernos sobre cómo pueden reconfigurar su legislación y sus políticas sobre prostitución hacia una dirección que sea más consciente de los derechos humanos y que se centre en las experiencias de las mujeres y niñas que se ven obligadas a participar.
Los gobiernos también deben tomar medidas para abordar las causas profundas de la prostitución y los factores que hacen que las mujeres y las niñas corran un mayor riesgo de caer en ella.
«La importancia de este informe radica también en sus recomendaciones, en las que la relatora especial pide a las jurisdicciones y a los Estados miembros de todo el mundo que encuentren soluciones legislativas y políticas a esta atroz violación de los derechos humanos», afirmó Bien-Aimé.
Cuando se le pidió que explicara los pasos que deben dar actores internacionales como las Naciones Unidas, Alsalem se refirió a la recomendación de que las agencias de la ONU adopten también un enfoque de la prostitución basado en los derechos.
La relatora especial comentó que se había puesto en contacto con varias agencias de la ONU.
En concreto, está manteniendo «conversaciones continuas» con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre su recomendación de que estos organismos realicen estudios sobre las repercusiones más amplias de la prostitución en los supervivientes, dentro de sus ámbitos de atención de la salud y el trabajo.
Las organizaciones no gubernamentales, como Frontline Women’s Fund, y los grupos locales de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la denuncia de este problema.
Alsalem dijo a IPS que necesitan unirse para escuchar a las sobrevivientes de la prostitución, así como comprometerse con todos los actores que trabajan en el asunto.
«Vemos que en los lugares de toma de decisiones, incluidos los gobiernos, los parlamentos, siempre que se discute el tema, se prepara la ley o se revisa la política, algunos tienen acceso privilegiado a estos lugares de toma de decisiones, y esos pueden ser los que abogan por la plena legalización de todos los aspectos», afirmó.
Añadió que «mientras que los que abogan por el modelo de abolición… no pueden tener el mismo acceso, y eso incluye a las y los supervivientes».
T: MF / ED: EG
