LONDRES – El repunte de ejecuciones en Irán el año pasado disparó las cifras de pena de muerte reconocidas en el mundo a su nivel más alto en una década, indicó un nuevo informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que “el gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana”.
Además, en ese país “aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, agregó Callamard.
En 2023 se llevaron a cabo un total de 1153 ejecuciones -cifra que no incluye los miles que AI cree que se realizaron en China-, lo que representa un aumento de más de 30 % en relación con 2022.
Es la cifra más alta documentada por AI desde 2015, cuando se conoció la ejecución de 1634 personas. Pese al aumento, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo registrado por la organización.
“Pese a los retrocesos que hemos visto este año, sobre todo en Oriente Medio, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados. Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona. Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte”, afirmó Callamard.
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. Irán, por sí solo, fue responsable de 74 % de todas las ejecuciones registradas, y Arabia Saudí de 15 %.
El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó 20 %, elevando el total a 2428.
Según AI, en Irán las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país.
Fueron ejecutadas al menos 853 personas, lo que representa un aumento de 48 % respecto de las 576 de 2022.
El número de ejecuciones de miembros de la minoría étnica baluchi, del sureste de Irán, fue desproporcionado, pues constituyó 20 % de las ejecuciones registradas a pesar de que esa etnia representa solo alrededor de cinco por ciento de la población.
Fueron ejecutadas al menos 24 mujeres y al menos cinco personas que eran menores de edad en el momento del delito.
De las ejecuciones registradas en Irán, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena de muerte según el derecho internacional, como los delitos de drogas, el robo y el espionaje.
La pena capital por delitos de drogas aumentó y constituyó 56 % de las ejecuciones registradas en 2023, lo que representa un aumento de 89 % en relación con las 255 ejecuciones registradas en 2022.
También en Estados Unidos los avances se debilitan, pues las ejecuciones aumentaron, pasando de 18 a 24. En dos estados, Idaho y Tennessee se presentaron proyectos de ley para que las ejecuciones fueran realizadas por fusilamiento.
Mientras, la asamblea del estado de Montana estudió la ampliación de las sustancias que se emplean en la inyección letal. En Carolina del Sur se promulgó una nueva ley en cuya virtud se oculta la identidad de las personas y entidades que participan en la preparación de una ejecución o la llevan a cabo.
“Un determinado número de estados de Estados Unidos mostró una escalofriante adhesión a la pena de muerte, así como su despiadada intención de invertir recursos en arrebatar vidas humanas”, deploró Callamard.
Recordó que se iniciaron ejecuciones mediante “el cruel nuevo método” de la asfixia por nitrógeno, y el estado de Alabama “usó ignominiosamente este método no probado para matar a Kenneth Smith este mismo año, apenas 14 meses después de haberlo sometido a un intento de ejecución fallido”, prosiguió Callamard.
“El presidente (Joe) Biden debe dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal”, subrayó la conductora de AI.
Se han producido más retrocesos en otros países, como el repunte del número de condenas a muerte y ejecuciones documentadas en el África subsahariana en 2023, que sumaron 494 frente a las 298 del año 2022.
Debido al secretismo con que actúan algunos Estados, las cifras de Amnistía no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que lleva a cabo el mayor número de esos castigos.
De forma similar, la organización no pudo presentar cifras sobre Corea del Norte y Vietnam, países que se creen recurren ampliamente a las ejecuciones.
Pero AI sostuvo que “a pesar de los retrocesos, continuaron los avances”, y en la actualidad 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Ese máximo castigo será de nuevo examinado este año por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A-E/HM
