NACIONES UNIDAS – La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, provoca una fuerte reacción tanto del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, como de un grupo de senadores proisraelíes del Congreso de ese país.
Los nombres que figuran en las órdenes de detención de la CPI incluyen también a Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) e Ismail Haniyeh, todos dirigentes del palestino Hamás.
Como era de esperar, el gobierno de Biden, partidario inquebrantable de Israel y al que le sigue proporcionando miles de millones de dólares en armas estadounidenses utilizadas en la devastación de Gaza, calificó los cargos de la CPI de «escandalosos» y rechazó la comparación de Israel con Hamás en los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“Permítanme ser claro: independientemente de lo que pueda insinuar este fiscal, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás”, afirmó en un comunicado. “Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad”, añadió.
Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN, en inglés), dijo a IPS que la solicitud del fiscal de órdenes de detención contra funcionarios israelíes y de Hamás es un hito en materia de rendición de cuentas frente a décadas de impunidad por crímenes de guerra y contra la humanidad en Palestina.
«La promesa del Congreso estadounidense de atacar al fiscal y a la CPI será un ataque a la justicia internacional y al Estado de derecho; no esperen que otros países se sometan a las órdenes de detención de la CPI si Estados Unidos no lo hace», apuntó.
“Cualquier esfuerzo por ‘equilibrar’ las órdenes de detención contra funcionarios israelíes con un número igual de órdenes de detención contra funcionarios palestinos sería una concesión vergonzosa a los cálculos políticos”, opinó Whitson.
En una carta dirigida la semana pasada al fiscal de la CPI, Karim A. Khan, y en previsión de las acusaciones contra Israel, un grupo de 12 senadores estadounidenses afirmaba: “Escribimos en relación con las informaciones según las cuales la Corte Penal Internacional podría estar considerando emitir órdenes internacionales de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios israelíes. Tales acciones son ilegítimas y carecen de base legal, y si se llevan a cabo darán lugar a severas sanciones contra usted y su institución”.
“Al emitir órdenes de detención, estarían poniendo en tela de juicio la legitimidad de las leyes, el sistema jurídico y la forma democrática de gobierno de Israel. Emitir órdenes de detención contra los dirigentes de Israel no sólo sería injustificado, sino que pondría de manifiesto la hipocresía y el doble rasero de su organización”, prosiguieron.
“Por último, ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI y, por tanto, están fuera de la supuesta jurisdicción de su organización. Si emiten ustedes una orden de detención contra autoridades israelíes, lo interpretaremos no solo como una amenaza a la soberanía de Israel, sino también a la de Estados Unidos”, advertía la carta.
Aunque la solicitud debe ser aprobada por los jueces de la CPI, el “anuncio es un golpe para Netanyahu y probablemente avivará las críticas internacionales a la estrategia de guerra de Israel en Gaza”, afirmó The New York Times el 20 de este mes.
Nihad Awad, director ejecutivo nacional del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), declaró: “Al igual que el presidente Biden reconoció que la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania estaba ‘justificada’, el presidente debería hacer lo mismo ahora en relación con las solicitudes de orden de detención solicitadas por el fiscal de la CPI contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza”.
“Los crímenes de guerra son crímenes de guerra, independientemente de que los cometan los llamados aliados estadounidenses”, afirmó.
“Biden no debe interferir en las claras y creíbles solicitudes de orden de detención que el fiscal de la CPI está solicitando contra los dirigentes israelíes responsables de crímenes de guerra genocidas en Gaza, ni nuestra nación debe seguir financiando esos crímenes de guerra”.
“Benjamin Netanyahu es un asesino de masas racista que no tiene intención de detener su campaña de hambre y matanzas en Rafah y el resto de Gaza a menos que el presidente Biden le obligue a parar. Ese momento ha llegado”, dijo Awad.
Michael Omer-Man, director de investigación sobre Israel-Palestina de DAWN, dijo a IPS que, si bien el fiscal ha solicitado estas órdenes de detención iniciales por crímenes de guerra relacionados con el conflicto en Gaza, las órdenes que vengan después deberían acusar a funcionarios israelíes por su actual empresa de asentamientos, que también son crímenes de guerra según el Estatuto de Roma.
Norman Solomon, director ejecutivo del Institute for Public Accuracy, dijo a IPS que la propia CPI ha sido culpable durante mucho tiempo de enjuiciamientos selectivos confinados por la influencia de la política de poder mundial. Las noticias de esta semana, con acciones legales apropiadas contra Israel y Hamás, dan esperanzas de que la CPI haya comenzado a salir de su autoconfinamiento etnocéntrico.
Los principales factores de la actual matanza de civiles en Gaza por parte de Israel son el militarismo extremadamente cruel de ese país y el enorme apoyo a ese militarismo por parte del gobierno de Estados Unidos. Pocas veces una guerra ha sido tan amplia y fervientemente condenada por tantas personas y naciones de todo el mundo.
“La guerra de Gaza es realmente un crimen contra la humanidad a escala masiva y continua. Deben exigirse responsabilidades no solo a los dirigentes israelíes que infligen esta matanza, sino también al gobierno estadounidense que sigue haciéndola posible”, declaró Solomon, director nacional de RootsAction.org y autor de “War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine.” (“La guerra invisible: Cómo Estados Unidos oculta el costo humano de su maquinaria militar”).
En términos prácticos, dijo, una norma única en materia de derechos humanos es difícil de mantener en el discurso público y prácticamente imposible de hacer cumplir a escala mundial.
Los crímenes de guerra y de lesa humanidad, tal y como se abordan en el nuevo anuncio de la CPI, fueron cometidos con toda seguridad por los dirigentes tanto de Israel como de Hamás desde principios de octubre de 2023. Aunque, por supuesto, ellos niegan tales acusaciones, las consecuencias humanas de los crímenes que supervisaron son terribles , señaló.
Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, argumentó, principal patrocinador de Israel, la verdad del asunto es inaceptable. Y así, el presidente Biden se sintió obligado a denunciar inmediatamente las solicitudes de la CPI de las órdenes de detención contra el primer ministro y el llamado ministro de Defensa de Israel.
«Lo que Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant han estado haciendo durante más de siete meses es indefendible desde cualquier punto de vista moral o legal», subrayó Solomon.
Mucho mayores que los repugnantes crímenes contra la humanidad cometidos por Hamás -que deben ser condenados inequívocamente- son los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno israelí, que han sido totalmente subvencionados por la ayuda militar y el apoyo retórico de Estados Unidos, afirmó.
En su declaración, el fiscal de la CPI afirmó que “sobre la base de las pruebas recogidas y examinadas por mi Fiscalía, tengo motivos razonables para creer que Yahya Sinwar (jefe del Movimiento de Resistencia Islámica -”Hamás”- en la Franja de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, más conocido como Deif (comandante en jefe del ala militar de Hamás, conocidas como las Brigadas Al-Qassam), e Ismail Haniyeh (jefe del Buró Político de Hamás) son penalmente responsables de los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina (en la Franja de Gaza) desde al menos el 7 de octubre de 2023:
– Exterminio como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(b) del Estatuto de Roma;
– Asesinato como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(a), y como crimen de guerra, contrario al artículo 8(2)(c)(i);
– La toma de rehenes como crimen de guerra, en contra de lo dispuesto en el artículo 8(2)(c)(iii);
– La violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad, en contra de lo dispuesto en el artículo 7(1)(g), y también como crímenes de guerra en virtud del artículo 8(2)(e)(vi) en el contexto del cautiverio;
– Tortura como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(f), y también como crimen de guerra, contrario al artículo 8(2)(c)(i), en el contexto del cautiverio;
– Otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(l)(k), en el contexto del cautiverio;
– Trato cruel como crimen de guerra, contrario al artículo 8(2)(c)(i), en el contexto del cautiverio; y
– Ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra, contrario al artículo 8(2)(c)(ii), en el contexto del cautiverio.
En cuanto a Israel, el Fiscal de la CPI dijo que “sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi Fiscalía, tengo motivos razonables para creer que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, son penalmente responsables de los siguientes crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023:
– La inanición de civiles como método de guerra y como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(b)(xxv) del Estatuto;
– Causar intencionadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, en contra de lo dispuesto en el artículo 8(2)(a)(iii), o tratos crueles como crimen de guerra, en contra de lo dispuesto en el artículo 8(2)(c)(i);
– Homicidio doloso contrario al artículo 8(2)(a)(i), o Asesinato como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(c)(i);
– Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra contrario a los artículos 8(2)(b)(i), u 8(2)(e)(i);
– Exterminio y/o asesinato contrario a los artículos 7(1)(b) y 7(1)(a), incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen contra la humanidad;
– Persecución como crimen de lesa humanidad contrario al artículo 7(1)(h);
– Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad contrario al artículo 7(1)(k).
“Mi oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes fueron cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y de un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (junto con otros grupos armados palestinos) que se desarrollaba en paralelo. Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad imputados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en aplicación de una política de Estado. Estos crímenes, en nuestra evaluación, continúan hasta el día de hoy”.
«Mi oficina afirma que las pruebas que hemos reunido, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotográfico y sonoro autentificado, imágenes por satélite y declaraciones del presunto grupo perpetrador, demuestran que Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana.»
