ROMA – El cambio climático exacerba las desigualdades entre países y dentro de ellos, afectando de forma desproporcional a los hogares pobres de las zonas rurales. De hecho, más de la mitad de los recursos de los más pobres, una gran parte de los cuales son pequeños agricultores, se pierden debido a los riesgos climáticos. Esto tiene un impacto negativo en sus ingresos y en su capacidad para satisfacer sus necesidades esenciales, incluida la alimentación.
Según el nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “The Unjust Climate” (El clima injusto), la brecha de ingresos entre los hogares pobres y los más acomodados en las zonas rurales aumenta aproximadamente en 21 000 millones al año debido a las inundaciones, y en más de 20 000 millones de dólares al año por el estrés térmico.
Anualmente se destina más de un billón (millón de millones) de dólares a combatir el cambio climático y sus consecuencias. Pero la realidad es que las personas en situación de vulnerabilidad reciben muy poca financiación.
Resulta preocupante que, a pesar del papel fundamental que desempeñan los pequeños agricultores en el cultivo de los alimentos que nos alimentan y en la gestión de los recursos naturales que determinan la salud del planeta Tierra, solo les llegue 1,7 % de la financiación climática.
En este contexto, los tomadores de decisiones se enfrentan a un enorme desafío: ¿con qué instrumentos políticos pueden confiar para dirigir la financiación climática a los pequeños agricultores más pobres, y permitirles así adaptarse al cambio climático?
Los hallazgos del informe “El clima injusto” revelan que las políticas y programas de protección social son parte importante de la solución.
Estos programas, que abarcan intervenciones como las transferencias de efectivo, los programas de obras públicas, la previsión social y la formación profesional, se diseñan específicamente para llegar a los más pobres y vulnerables.
Permiten a los pequeños agricultores invertir en nuevas tecnologías, diversificar sus ingresos, adoptar nuevos activos agrícolas y acumular ahorros para adaptarse mejor al cambio climático.
Además, los ministerios y agencias que ejecutan estos programas cuentan con los conocimientos necesarios para trabajar con los grupos vulnerables, así como con los sistemas de información para identificarlos y los sistemas de pago a través de los cuales brindar asistencia.
Varios países ya están orientando la financiación climática hacia los pequeños agricultores más pobres a través de la protección social. No solo se trata de ayudarles a sobrevivir, sino de empoderar a los individuos, a los hogares y a las comunidades para que construyan un futuro mejor para sí mismos y para nuestro planeta.
En Paraguay, el proyecto “Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático” (Proeza) tiene un componente de protección social que incentiva a las mujeres más pobres y a los Pueblos Indígenas a adoptar prácticas agroforestales sostenibles.
Al combinar estos pagos en efectivo con apoyo técnico a medida, los pequeños agricultores pueden adaptar sus prácticas agrícolas para ser más resilientes a las sequías, a las que cada vez están más expuestos debido al cambio climático, y aumentar la producción y comercialización de cultivos ancestrales como la yerba mate.
En Botswana se utiliza un programa de protección social para mejorar las cualificaciones de los pequeños agricultores, tanto hombres como mujeres, a fin de trabajar como guardabosques y restauradores. Esto favorece la salud de los ecosistemas de pastizales comunales y permite a la gente ganar mayores ingresos que sean menos susceptibles al cambio climático.
En Túnez, los pequeños agricultores vulnerables incluidos en el sistema de protección social del gobierno reciben apoyo para salir de la pobreza mediante un paquete de ayudas intensivas que combinan prácticas agrícolas sostenibles, generación de ingresos no agrícolas resistentes al clima y subvenciones en especie.
Los datos recopilados por la FAO en todo el mundo confirman que este tipo de programas son eficaces para mejorar el bienestar de las personas, así como para alcanzar los objetivos relacionados con la adaptación al cambio climático y su mitigación.
Sin embargo, a pesar de la evidencia de los beneficios sociales y ambientales que conlleva dirigir la financiación climática a los pequeños agricultores a través de la protección social, todavía son muy pocos los casos en los que se está llevando a cabo.
Recientemente hemos revisado los programas financiados por los fondos climáticos más grandes del mundo, y hemos comprobado que, de los 484 programas analizados, solo 3 % dirigió financiación a los pequeños agricultores a través de la protección social.
Es hora de dar un paso al frente y tomar medidas para canalizar más financiación climática a través de la protección social, con el fin asegurar que llegue a los pequeños agricultores.
En primer lugar, tenemos que compartir y debatir información y experiencias a través de un diálogo político sostenido y de base amplia a todos los niveles, desde el local hasta el global.
Esto ayudará a desencadenar un cambio de mentalidad, al pasar de considerar la protección social como caridad en tiempos de emergencia a una inversión estratégica en aras de un desarrollo inclusivo, resiliente al clima y de bajas emisiones de carbono que no deje a nadie atrás.
En segundo lugar, los miembros de las juntas directivas de instituciones como los fondos climáticos internacionales (por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación) y los bancos multilaterales de desarrollo (tales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo), que movilizan, albergan y canalizan la financiación climática, desempeñan un rol clave a la hora de garantizar que los marcos de inversión de estas instituciones reconozcan explícitamente la importancia de la protección social en la acción climática inclusiva.
En tercer lugar, debemos involucrar y apoyar a las propias comunidades para que se movilicen y unan sus fuerzas en favor de un llamado a ampliar la protección social como herramienta para la acción climática inclusiva. La acción colectiva a nivel local, así como de asociaciones de la sociedad civil que reúnen a los pequeños agricultores y a otros grupos marginados, es esencial para que todos juntos aprovechemos el poder de la protección social de cara a abordar la crisis climática.
No podremos afrontar el reto de erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición a menos que, como comunidad mundial, pongamos en marcha medidas concretas que permitan a los pequeños agricultores superar los desafíos que plantea el cambio climático. La inversión en protección social para una acción climática inclusiva es un imperativo urgente que no puede seguir esperando.
Marco Knowles es oficial superior de políticas sociales de la FAO y dirige su Equipo de Protección Social. Sus áreas de especialización incluyen el aumento del acceso a la protección social en zonas rurales y el potenciamiento de la protección social para la acción climática. Cuenta con experiencia considerable en la prestación de asistencia basada en evidencia para políticas de seguridad alimentaria y en el apoyo al desarrollo de capacidades.
RV: EG
