BOGOTÁ – Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el tapón del Darién, y deberían ampararlos, planteó la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este miércoles 3.
Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW, afirmó al presidentar el informe que “sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”.
El tapón del Darién es un espacio selvático de medio millón de hectáreas en la frontera entre Colombia y Panamá, con vegetación arbolada, espesa y húmeda, con ríos, montañas y áreas fangosas, y sin carretera alguna, que los migrantes atraviesan sorteando peligros propios de la selva y el acecho de grupos criminales.
Más de medio millón de personas, incluyendo 113 000 niños, niñas y adolescentes, cruzaron el tapón del Darién en 2023, más de 73 000 lo hicieron en los dos primeros meses de 2024, y las autoridades esperan una cifra récord al finalizar el año.
Las autoridades panameñas mantienen controles en pequeñas poblaciones próximas a la selva, y entidades humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) operaron puestos de asistencia, pero el gobierno panameño suspendió la autorización para que la entidad médica operase en el país el pasado marzo.
La medida se adoptó días después de que MSF denunciase “un aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva” contra migrantes.
El informe de HRW, “Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a los migrantes, así como para investigar abusos cometidos en su contra.
Para nutrir su informe, HRW visitó el tapón del Darién en cuatro ocasiones entre abril de 2022 y junio de 2023, y entrevistó a casi 300 personas, incluyendo a migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades colombianas y panameñas.
Entre enero de 2022 y marzo de 2024, los investigadores también realizaron entrevistas telefónicas y virtuales, analizaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos, de agencias de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias.
La mayoría de sus solicitudes de información a las autoridades colombianas y panameñas fueron respondidas, según el reporte.
HRW sostuvo que, a ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva.
Los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado insuficientes, “lo que afecta los derechos tanto de la población migrante como los de las comunidades locales que han sido marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza y falta de oportunidades”, señala el informe.
Delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el tapón, “incluyendo constantes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados”.
Además “la rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.
Goebertus lamentó que el gobierno panameño suspendiese el trabajo de MSF, entidad que “desempeñó un papel crucial en la asistencia a migrantes y solicitantes de asilo en el Darién, incluyendo a cientos de víctimas de violencia sexual”.
“Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién”, afirmó Goebertus, para quien “las autoridades panameñas deben reconsiderar urgentemente esa decisión”.
Más de 1300 personas denunciaron ante MSF haber sufrido violencia sexual entre abril 2021 y enero 2024, pero es posible que las cifras reales sean aún mayores. Entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la Procuraduría General de Panamá informó que sólo había conocido sobre 285 víctimas de violencia sexual.
Decenas de personas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce. Muchos no han sido encontrados. Aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que 245 personas desaparecieron entre 2021 y marzo de 2023, es posible que la cifra real sea mucho mayor, comenta el informe de HRW.
Los investigadores de HRW señalan que Colombia carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Darién.
“La escasa presencia estatal en la región deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, un grupo armado fuertemente involucrado en narcotráfico, que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su desesperación y vulnerabilidad”, sostiene el informe.
Y el gobierno panameño aplica una estrategia de “flujo controlado”, la cual “parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio”, agrega HRW.
El documento concluye señalando que tanto Colombia como Panamá deberían nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta al aumento de la migración a través del Darién.
Igualmente, deberían reforzar la cooperación entre los dos gobiernos, así como con las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias que operan en la zona, y con las comunidades locales.
Entre sus tareas más necesarias se señalan el rescate de personas desaparecidas en el tapón, la identificación y recuperación de los cuerpos de personas fallecidas en la selva, y redoblar esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual contra migrantes y solicitantes de asilo.
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