NACIONES UNIDAS – La Oficina de Ética de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecida en 2006, ha promovido una cultura organizacional interna, que incluye integridad, profesionalismo, respeto a la diversidad y protección a los denunciantes.
Pero el Fondo de Pensiones de la ONU, cuyos activos ascienden a la asombrosa cifra de 88 300 millones de dólares, ha sido acusado de despedir a cuatro de sus empleados, entre ellos altos funcionarios de inversiones, por cuestionar la sensatez de sus políticas de inversión.
Los despidos han sido criticados por dos sindicatos de personal que representan a más de 60 000 funcionarios de la ONU en todo el mundo.
En una carta dirigida al secretario general, António Guterres, la presidenta del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (CCISUA, en inglés), Nathalie Meynet, afirma que los sindicatos están alarmados al conocer el reciente despido de cuatro altos funcionarios de inversiones, «con indicios de que podría despedirse a más personal».
«Como saben, durante el mandato del anterior representante del secretario general (en el Fondo de Pensiones), un grupo de altos responsables de inversiones decidió denunciar lo que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI, en inglés) consideró posteriormente un ‘ambiente de trabajo tóxico’. Primero plantearon sus preocupaciones a sus directivos directos», dijo la misiva.
Al considerar que el asunto no recibía el nivel de atención necesario, también se reunieron con el Sindicato del Personal. Algunos de los despedidos, pero no todos, se reunieron con las Misiones Permanentes de Estados Unidos y Japón.
Esto sin duda, decía la carta, tuvo un impacto en términos de cambio en la dirección de la Oficina de Gestión de Inversiones (OIM, en inglés).
Posteriormente, estos funcionarios fueron investigados, y sus correos electrónicos y mensajes de WhatsApp examinados por la OSSI, por los siguientes cargos:
– Reunirse con las misiones de Estados Unidos y Japón, o ser conscientes de que parte del personal del grupo se reunía con dichas misiones, y de que se revelaría información sensible.
– Plantear inquietudes al Sindicato del Personal y revelar información sensible.
«Estamos consternados por el hecho de que se sancione formalmente al personal por haber dado la voz de alarma a sus representantes. También nos preocupa mucho que la Organización no haya respetado el Boletín 2017/2/Rev.1 del secretario general sobre Protección contra las represalias por denunciar conductas indebidas y por cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas», señalaba la carta.
Según la sección 4, estas acciones están permitidas cuando el uso de mecanismos internos no es posible ya sea por inacción, miedo a represalias u ocultación de pruebas.
«Nos preocupa además que sus acciones, al despedir a tanto personal de la OIM a la vez e impedir que el personal plantee preocupaciones genuinas, creen un riesgo inaceptable para la gestión de los activos del Fondo de Pensiones», añadía la carta.
Los Principios para la Inversión Responsable de la ONU afirman: «Los mecanismos eficaces de denuncia de irregularidades son una característica clave de la buena gobernanza y de los sistemas anticorrupción, además de reflejar una cultura empresarial saludable. Pueden ayudar a las empresas a mitigar los riesgos asociados a conductas poco éticas o ilegales, que si no se cuestionan pueden provocar importantes fracasos empresariales y pérdidas de valor».
«Por lo tanto, le pedimos que reconsidere su decisión de cesar a los altos cargos de inversión del Fondo de Pensiones por haber denunciado irregularidades», se alegaba.
Al terminar la edición de este artículo, el Fondo de Pensiones no había respondido a la solicitud de IPS de comentarios sobre el contenido de la carta de Meynet a Guterres.
Mientras tanto, en una carta a sus colegas, Laura Johnson, secretaria ejecutiva, y Pablo González Silva, secretario ejecutivo adjunto del Sindicato del Personal de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, comparten su preocupación «por los recientes despidos de altos funcionarios de inversiones de la Oficina de Gestión de Inversiones de la Caja de Pensiones».
Como se explica en la carta enviada por la federación del sindicato del personal, CCISUA, al secretario general, «estos funcionarios fueron despedidos por denunciar los hechos. Su actuación como gestores de inversiones no se cuestiona», señaló esta carta.
«Creemos que estos despidos: van en contra de la política de la ONU sobre protección de los denunciantes de irregularidades; conducen a la pérdida de una importante experiencia acumulada; y crean un clima de miedo entre los gestores de inversiones del fondo de pensiones que les impide expresar su propia perspectiva sobre cómo se aplica la política de inversiones», destacó.
Y añadió: «El último punto es especialmente importante. Los experimentados gestores de inversiones del fondo deben poder expresar su opinión, sobre todo cuando ésta contradice la del jefe de la Oficina de Gestión de Inversiones, un nombramiento político, conocido como Representante del Secretario General. Apoyamos firmemente esta carta y debatiremos con otros sindicatos del personal qué otras medidas podemos tomar».
Según el Código de Conducta, la política de protección de la ONU contra las represalias tiene por objeto garantizar que la Organización funcione de manera abierta, transparente y justa, además de mejorar la protección de quienes denuncian faltas de conducta (cualquier violación de las normas y reglamentos de la Organización por parte de los funcionarios), irregularidades (cometidas por cualquier persona que perjudiquen los intereses, el funcionamiento o la gobernanza de las Naciones Unidas), o cooperan con auditorías e investigaciones debidamente autorizadas.
Los informes y la cooperación se consideran «actividades protegidas» según esa política. «Para recibir protección, toda denuncia debe hacerse lo antes posible, de buena fe y a más tardar seis años después de haber tenido conocimiento de la conducta indebida original».
Para ser considerada una actividad protegida, una denuncia de conducta indebida debe incluir información o pruebas que apoyen una creencia razonable de que se ha producido una conducta indebida. En condiciones muy específicas y limitadas, la protección contra las represalias puede extenderse a las personas que denuncian una conducta indebida a través de mecanismos externos.
«Represalia» significa cualquier acción perjudicial directa o indirecta que afecte negativamente a su empleo o a sus condiciones de trabajo, cuando dicha acción haya sido recomendada, amenazada o tomada con el propósito de castigarle, intimidarle o perjudicarle por haber participado en una actividad protegida. Debe presentar una solicitud de protección a la Oficina de Ética en el plazo de seis meses desde que tuvo conocimiento de la represalia.
Por su parte, el representante del secretario general para la inversión de los activos del Fondo (RSG), Pedro Guazo, informó sobre los progresos realizados por la Oficina de Gestión de Inversiones (OIM).
Informó al Consejo de que, a 31 de diciembre de 2023, la cartera estaba valorada en 88 180 millones de dólares frente a 77 920 millones al cierre de 2022.
El Fondo ha obtenido buenos resultados, con una tasa de rendimiento real de 4,8 % durante el periodo a largo plazo de 15 años que finaliza el 31 de diciembre de 2023, y de 5,2 % a 31 de enero de 2024, por encima del mínimo exigido de tasa de rendimiento real de 3,5 %, según el Fondo de Pensiones.
«También ha superado la referencia del mercado para el corto plazo (tres años) en 50 puntos básicos a 31 de diciembre de 2023, y en 30 puntos básicos a 31 de enero de 2024», indicó Guazo.
Además, indicó, «el Fondo demostró un rendimiento a cinco años (2018-2022) de 4,2 %, superando tanto la mediana global de 3,3 % como la mediana de los pares de 2,7 %. La relación entre activos y pasivos del Fondo, también conocida como la relación de financiación, es superior a 110 %, lo que indica una sólida salud financiera».
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