GINEBRA – La implacable guerra que ya dura más de cuatro meses en Gaza no ha perdonado a los hospitales, a su personal ni a quienes se refugian allí, con un total de 350 ataques al sistema de salud en los que han muerto 645 personas, indicó este viernes 9 la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esos ataques además “dejaron 818 personas heridas, afectaron a 98 centros de salud, incluidos 27 de los 36 hospitales, y a 90 ambulancias”, dijo a periodistas en esta ciudad suiza el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.
La más reciente acusación procesada por la organización sanitaria es que una enfermera recibió un disparo y resultó gravemente herida mientras se encontraba dentro de un quirófano en un hospital de la ciudad de Jan Yunis, suroeste de Gaza.
Tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza -365 kilómetros cuadrados, 2,3 millones de habitantes, de los cuales dos millones desplazados de sus hogares- el ejército de Israel ha sitiado, ordenado desalojar u ocupado hospitales con su fuerza.
La salud y otros servicios como disponibilidad de agua, alimentos, electricidad, escuelas o comunicaciones se desbarataron con la ofensiva militar de Israel, que siguió al ataque de la milicia islamista Hamás en el sur israelí el 7 de octubre, en el que murieron 1200 personas y 240 fueron tomadas como rehenes, según Tel Aviv.
En Gaza han muerto más de 27 700 personas y más de 67 000 han resultado heridas por los ataques israelíes, en su mayoría mujeres niños, según el ministerio de Salud de la Franja cuyos reportes no indican si esas cifras incluyen combatientes de Hamás.
El ejército israelí ha informado que 225 de sus soldados han muerto y 1314 han resultado heridos. Según la prensa israelí, es posible que un tercio de los 130 rehenes que aún estarían en manos de milicias palestinas hayan perecido, algunos incluso a causa de los bombardeos de Israel.
En la Franja se propagan enfermedades, cientos de miles de personas desbordan los atestados refugios y muchos sobreviven a la intemperie en la zona sur, mientras en el norte unas 300 000 personas corren riesgo de hambruna, según agencias de las Naciones Unidas.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) dio cuenta de que en Jan Yunis prosiguen “intensos combates”, con bombardeos y disparos, mientras Israel anuncia que sus fuerzas entrarán a Rafah, ciudad del sur fronteriza con Egipto, por donde ingresa la intermitente e insuficiente ayuda humanitaria.
Entretanto, en Cisjordania, el territorio palestino ocupado al este de Israel, los últimos datos de la OMS destacaron el creciente número de ataques a la atención sanitaria desde que estalló la guerra en Gaza.
En Cisjordania se han producido 364 ataques contra la asistencia sanitaria, que han causado 10 muertos y 62 heridos, dijo Jasarevic. Señaló que 44 establecimientos de salud se vieron afectados, incluidas 15 clínicas móviles y 24 ambulancias.
Por su parte, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU declaró que la incursión de soldados israelíes disfrazados de personal sanitario en un hospital de Cisjordania, llevada a cabo el 29 de enero para matar a un paciente y a dos acompañantes, puede considerarse como un doble crimen de guerra.
La acción fue captada por cámaras instaladas en el hospital que han circulado por redes sociales. Los expertos, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explicaron que el asesinato de un herido indefenso que estaba siendo tratado en un hospital, es un crimen de guerra.
A ese acto se añade el disfraz: aparentar ser personal médico hace que el ejército israelí haya cometido otro crimen de guerra, el de perfidia, que consiste en utilizar el engaño y traicionar la buena fe para obtener ventaja sobre el enemigo.
Tel Aviv ha señalado que las tres víctimas eran supuestos terroristas pertenecientes a distintas facciones palestinas. Los expertos afirman que desde el punto de vista de la legalidad, lo máximo que podía haber hecho Israel en ese caso era detenerlos.
Ellos son los relatores Francesca Albanese, de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados; Ben Saul, de los derechos en la lucha contra el terrorismo; Tlaleng Mofokeng, del derecho a la salud física y mental; Morris Tidball-Binz, ejecuciones extrajudiciales y Margaret Satterhwaite, independencia de jueces.
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