LA HABANA – Cuba inició el año con modificaciones tributarias y arancelarias. Defendidas por el gobierno como necesarias para financiar el gasto social y reactivar la economía, las medidas generan sin embargo suspicacias en una población agobiada por el continuo encarecimiento del costo de la vida.
Desde el 1 de enero se suspendieron las exoneraciones para el pago de algunos impuestos con repercusiones, sobre todo, en los llamados nuevos actores económicos, como se denominan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores autónomos.
Con anterioridad, las mipymes que nacían de la reconversión de una actividad anterior, estaban exoneradas del pago de tributos por seis meses; si eran de nueva creación, el periodo era de un año.
“Todo negocio nuevo tiene un tiempo para organizar y articular los sistemas para comenzar, y de ahí la exención”, reflexionó la profesora e investigadora Iliana Fernández, coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana.
En diálogo con IPS, Fernández sostuvo que “en Cuba no existe otra vía impositiva de apoyar los nuevos negocios”, por lo cual, al cancelarse esas facilidades, “quedan desprovistos y proclives a pérdidas o a morir, mucho más en las adversas condiciones de la economía cubana”.
En este país insular caribeño se han aprobado más de 10 000 mipymes, en su mayoría privadas, desde que en septiembre de 2021 el gobierno levantó la veda para su constitución.
Se trata, argumentan funcionarios, de “un sector que ha crecido y demostrado capacidad económica y contributiva”.
“Aumentar los impuestos a ventas mayoristas y minoristas solo incrementará el precio final”: Iliana Fernández.
La creación de mipymes se limita a sectores no estratégicos. Su actividad, junto con la de cooperativas y de trabajadores autónomos, se considera complementaria a las de la empresa estatal socialista catalogada como el sujeto principal de la economía.
Estas nuevas formas de gestión emergieron en un contexto marcado por la covid-19, el fortalecimiento del embargo estadounidense, la profundización de la crisis económica interna, junto con errores y demoras en el proceso de transformaciones del modelo de desarrollo socialista consensuado con la ciudadanía desde 2011.
Consideradas claves en la dinamización económica por su ductilidad, las mipymes son al mismo tiempo muy vulnerables en entornos de crisis, sobre todo aquellas que resultan del autoempleo o negocios familiares.
Otros impuestos y aranceles
Las nuevas medidas incluyen aplicar el impuesto sobre las ventas y servicios a la totalidad de las operaciones de la mipymes, independientemente de la comercialización mayorista o minorista.
Asimismo, se elevaron los tributos para cualquier entidad, estatal o privada, que importe artículos terminados y listos para la venta y se decretó una reducción de 50 % del impuesto aduanero por la importación de materias primas destinados a la producción nacional.
Al mismo tiempo, se incrementaron las tarifas arancelarias para la importación de mercancías que tienen similares en producciones nacionales.
“Aumentar los impuestos a ventas mayoristas y minoristas solo incrementará el precio final. Por ejemplo, el mango, quien venda la fruta pagará un impuesto mayorista que incluirá en el precio; la cafetería también lo sube por el impuesto sobre ventas minoristas. Al final la población tomará un jugo más caro. Y por supuesto, eso incrementa la inflación”, razonó Fernández.
Otros economistas consideran contraproducente gravar importaciones de insumos que, aunque encarecidos, mitigan en parte la insatisfecha demanda interna debido al desabastecimiento de productos esenciales, incluidos los alimentos, y deprimidas ofertas por parte de entidades estatales.
Es un hecho que gran parte de los alimentos y bienes vendidos en la red de tiendas estatales en divisas son importados y con precios muy elevados.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, reconoció el 27 de diciembre en una comparecencia televisiva que debido a las condiciones estructurales de la economía cubana “no se logran los niveles productivos que nos proponemos”.
En el caso específico de la agricultura y la producción de alimentos subrayó que “tenemos menos ofertas y no hemos podido cubrir con las ofertas estatales las necesidades que tiene la población”.
“En Cuba no se produce o son muy bajas las producciones de leche condensada, quesos, maicena, caramelos, refrescos y maltas, por decir algunos. Cuando importo esos productos comprando una divisa que no me vende el gobierno, y con mayores impuestos, tendré que subir el precio”, dijo a IPS Roberto, director de un mercado privado de víveres en La Habana, quien solicitó omitir su apellido.
Debido a la escasez de divisas convertibles asociada a la contracción de las principales fuentes de ingresos, las entidades bancarias nacionales venden magras cantidades a la ciudadanía.
Para comprar insumos en el exterior muchos de los empresarios privados obtienen dólares o euros en el mercado informal, a más del doble de la tasa de cambio oficial (120 pesos por dólar), con un devaluado peso cubano.
Las importaciones del sector privado en Cuba superaron los 1000 millones de dólares de enero a noviembre de 2023, trascendió en las sesiones de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento.
Decisiones adicionales
El gobierno estimó una contracción del producto interno bruto (PIB) de 1 % a 2 % en 2023, y cifró en 30 % la inflación en el mercado formal.
La isla cerró el pasado año con un déficit fiscal de más de 98 000 millones de pesos (819 millones de dólares), 44 % por encima de lo proyectado, y una deuda pública superior a los 151 000 millones de pesos (1258 millones de dólares).
Para 2024 el presupuesto del Estado proyecta un déficit fiscal de 147 391 millones de pesos (1228 millones de dólares), equivalente a 18,5 % del PIB previsto.
Durante los últimos cuatro años Cuba ha mantenido déficits fiscales superiores a 10 % del PIB, financiados en parte con emisión monetaria algo que, según diferentes analistas, provoca inflación y deprecia la moneda nacional.
Esta situación se ha agravado como consecuencia de la caída de la recaudación fiscal, por la disminución de actividades empresariales y gastos asociados a mantener servicios públicos y sectores productivos, entre otros factores.
Los ingresos tributarios por la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones, representan 64 % de los ingresos mínimos que debe incorporar el presupuesto del Estado para sostener en 2024 gastos relacionados con la salud pública, educación, asistencia y seguridad social, cultura, ciencia y deporte, trascendió en diciembre durante las reuniones parlamentarias.
Desde julio de 2021 la Aduana aprobó, y luego renovó cada seis meses, la autorización temporal para que las personas naturales importen alimentos, productos de aseo y medicinas sin carácter comercial en su equipaje acompañado, sin límite de cantidades y exenta del pago de aranceles, lo cual favorece que una parte de la población acceda a estos insumos deficitarios.
Ahora la exoneración aduanera se extendió solo por tres meses (hasta el 31 de marzo) tras detectarse “distorsiones” relacionadas con el objetivo de la medida, a saber “personas que han utilizado ese mecanismo para suministrar mercancías para sus propios negocios, incluidos algunos que no son lícitos ni tienen las autorizaciones correspondientes”, según información suministrada.
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A estas decisiones se sumó el anuncio del aumento de tarifas en servicios básicos como agua, combustibles, transporte y electricidad, en este último caso para los núcleos familiares con un consumo superior a los 500 kilovatios mensuales.
También se dispuso el aumento de salarios para estimular la permanencia de trabajadores de educación y salud pública, dos de los sectores más golpeados por el éxodo de profesionales debido a la situación económica.
Durante 2022 el sector de la salud pública contabilizó un total de 281 098 trabajadores, 31 308 plazas (10 %) menos que en 2021, refleja el Anuario Estadístico 2023 de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
“Está muy bien que nos paguen más, pues el sacrificio es bastante. Pero temo que con las nuevas medidas todo se encarecerá aún más y el salario se volverá sal y agua, con los precios subiendo nuevamente, como pasó hace tres años con el ordenamiento monetario”, comentó a IPS Marcia Benítez, una profesora residente en la oriental ciudad de Holguín.
ED: EG
