LA HABANA – El anémico desempeño de la economía y las ineficaces políticas para dinamizar sectores productivos, complican las posibilidades reales en Cuba de revertir problemas sociales acumulados y detener el empobrecimiento de parte de su ciudadanía.
“Urgen soluciones para los jubilados. Sostuvimos la economía durante décadas, hicimos múltiples sacrificios, trabajamos muchas veces de forma voluntaria para desarrollar el país. Merecemos una pensión digna”, refirió a IPS el profesor jubilado Raúl Portelles, residente en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.
Junto con la insuficiente producción agropecuaria, genera malestar social la escalada en los precios de los alimentos, bienes esenciales y algunos servicios, lo cual comprime el poder adquisitivo de salarios y pensiones, al igual que la capacidad de ahorro.
El salario medio mensual en Cuba equivale a unos 35 dólares, el salario mínimo a 17,5 dólares y las pensiones mínimas a 12,7 dólares, teniendo como referencia la tasa oficial de 120 pesos por cada divisa.
“Resulta necesario incentivar la producción nacional multiactoral, a través de formas colectivas, personales, familiares, comunitarias, asociativas, autogestionarias, desde principios de la economía social y solidaria”: Ovidio D’Angelo.
Pero la cotización actual del mercado informal (unos 260 pesos por dólar), que dicta la formación de precios de muchos alimentos, bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo, reduce el salario medio a 16 dólares, el salario mínimo a ocho dólares y las pensiones más bajas a 5,90 dólares.
Las autoridades confirmaron que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) no alcanzará este año el nivel de 3 % estimado hace 12 meses.
“Existe la posibilidad de una contracción económica”, adelantó el ministro de Economía, Alejandro Gil, al presentar un informe a diputados y diputados, reunidos en comisiones de trabajo previo a la última sesión del año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el unicameral parlamento, del 20 al 22 de diciembre.
Trascendió que para 2024 se prevé un crecimiento del PIB en torno a 2 %.
Corregir errores
El alza en el costo de la vida se agravó con el infructífero reordenamiento monetario.
Iniciada en enero de 2021, la llamada Tarea Ordenamiento incluyó la eliminación del peso convertible (CUC) equivalente al dólar, la devaluación del peso cubano, el incremento de precios mayoristas y minoristas, supresión de un conjunto de subsidios, elevación de las tarifas de los servicios, así como el aumento de salarios y pensiones.
El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció errores en su implementación, desde el diseño hasta su aplicación, y exhortó a corregirlos.
Mencionó que el posible aumento de salarios en determinados sectores debe ir acompañado de una mayor oferta de bienes y servicios, a fin de evitar un aumento descontrolado de la inflación.
Según cifras oficiales, el año debe cerrar con un crecimiento de la inflación alrededor de 30 %.
A mediados de diciembre, el Consejo de Estado, órgano de la ANPP que la representa entre periodos de sesiones, aprobó un aumento del déficit fiscal hasta más de 98 000 millones de pesos (819 millones de dólares), 44,4 % superior a lo planificado en la Ley de Presupuesto de 2023.
Durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país, el 15 y 16 de diciembre, se incluyeron 15 nuevos lineamientos, entre ellos la supresión del relacionado con el seguimiento a la implementación de la Tarea Ordenamiento, “ya que esta no ha cumplido todos los objetivos trazados”, trascendió.
Se conoce como lineamientos al programa de reformas socioeconómicas que en 2011 recibió el aval de la ciudadanía, actualizado en 2016 y 2021, y que pauta las claves del modelo de desarrollo socialista en este país insular caribeño.
Se propuso adicionar nuevos lineamientos asociados con la implementación de un programa de estabilización macroeconómica, “que establezca un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación”.
Otros problemas
La crisis económica se profundizó en Cuba en el último lustro en medio de la caída de las principales fuentes de divisas, el impacto de la covid y el endurecimiento del embargo estadounidense.
Sostienen las autoridades cubanas que la política de Washington es un factor desencadenante de las privaciones internas y estímulo a la emigración.
Desde fines de 2021 y hasta la fecha casi medio millón de cubanas y cubanos emigraron solamente a Estados Unidos.
Si se tiene en cuenta que otras decenas de miles de personas marcharon a otras naciones, la cifra total de migrantes de la isla en el periodo podría superar 4,5 % de sus 11 millones de habitantes, según varias estimaciones.
“Faltan medicamentos y otros materiales médicos en farmacias y hospitales. Cada vez hay menos guaguas (buses públicos) y escasea el combustible. Además de muchas calles rotas, cada vez es más común ver basura acumulada en las esquinas. Hay un deterioro de muchos servicios”, lamentó a IPS la contadora Marlene Ricardo, residente en La Habana.
Cientistas sociales consideran apremiante la atención integral de fenómenos reforzados por la situación económica, como el aumento de personas en situación de vulnerabilidad y de calle.
Algunos investigadores estiman que alrededor de un tercio de la población cubana vive con pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, y han alertado sobre un incremento de la precarización de los indicadores del nivel de vida de las familias.
Clasifican en ese espectro pensionados, familias numerosas, monoparentales y con mujeres jefas de hogar y sin trabajo estable; personas adultas mayores que viven solas y sin apoyo de otros parientes, personas que no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo.
Alertan asimismo sobre el acelerado envejecimiento demográfico, con aproximadamente 23 % de la población con 60 años y más, lo cual además de plantear desafíos a las metas de desarrollo incrementa la franja de personas consideradas en desventaja social.
“Somos conscientes de los problemas acumulados en la situación económica y social, los cuales generan crisis que afectan al país. Debemos abordar estas desigualdades sociales que se están extendiendo”, sostuvo el presidente Díaz-Canel ante los legisladores.
Al respecto, el titular de Economía apuntó que 66 626 familias en situación de vulnerabilidad recibieron en el año colchones, muebles, ropa, calzado y utensilios de cocina.
También se entregaron equipos electrodomésticos a personas con enfermedades crónicas, mientras que ayuda económica temporal llegó a los beneficiarios de la Asistencia Social y pensionados de la Seguridad Social, dijo.
Alimentos y viviendas
Dos de los problemas más acuciantes y marcada incidencia social, la producción de alimentos y la construcción de viviendas, siguen sin concretar sus metas.
El acopio de tubérculos, maíz, carne de cerdo, leche y huevos experimentó una contracción con respecto a los indicadores de 2022, atribuido al déficit de combustible y la falta de insumos, según los informes.
Durante el año, la falta de liquidez demoró la importación de alimentos, en un país que pese a decenas de medidas para reanimar la actividad agrícola produce apenas 20 % de los que consume.
Tal situación afectó a lo largo del año la distribución mensual de productos de la cartilla de racionamiento como arroz, azúcar, granos, huevos, café y aceite, entre otros, accesibles mediante la actual escala de salarios y pensiones.
Aunque sus cantidades y variedad son insuficientes resulta un respaldo, sobre todo, para personas con bajos ingresos.
De acuerdo con el gobierno, mantener la distribución racionada cuesta 1600 millones de dólares anuales, mientras insiste en aumentar la producción nacional.
Al culminar octubre solo se habían terminado 13 300 nuevas viviendas, 54 % del plan anual, de acuerdo con la información oficial más reciente sobre el tema.
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Con un déficit de unos 900 000 inmuebles, el asunto es identificado como uno de los más críticos para el mejoramiento de la calidad de vida.
Un tercio del fondo habitacional del país se encuentra en regular o mal estad técnico constructivo.
A ello se suma la escasa oferta de materiales de construcción y sus altos precios. Personas de distintas generaciones, con sus parejas y descendientes, están obligadas a convivir bajo un mismo techo ante la imposibilidad de comprar o reparar una casa o apartamento con sus ingresos.
La vulnerabilidad de tales personas se acrecienta ante el paso de ciclones tropicales y otros fenómenos meteorológicos.
Posible soluciones
Economistas, cientistas políticos y otros profesionales han analizado las problemáticas y expuesto posibles soluciones a varias de estas problemáticas.
Resulta necesario “incentivar la producción nacional multiactoral, a través de formas colectivas, personales, familiares, comunitarias, asociativas, autogestionarias, desde principios de la economía social y solidaria”, consideró el investigador social Ovidio D´Angelo al dialogar con IPS.
Agregó que lo anterior requiere de “mayor autonomía y participación de los trabajadores de la empresa estatal (principal actor económico), su acceso a fondos en divisas, con posibilidades de importación-exportación, para un mercado asequible para la población y con aportaciones justas al presupuesto del Estado”.
D’Angelo consideró oportuna una reducción radical del gasto estatal en áreas improductivas.
“Sobre todo en el aparato administrativo y de organizaciones sociales, en la otorgación de privilegios excesivos a segmentos directivos en distintos campos (con impacto en mayor confianza sociopolítica de la población), a favor de la inversión productiva –incluyendo la gestión y propiedad mixta y una racionalidad más adecuada a la realidad en el sector turístico”, argumentó.
ED: EG
