RÍO DE JANEIRO – La propagación de los eventos extremos, especialmente en este año de 2023, aísla a los negacionistas de la crisis climática, pero acentúa a la vez la impotencia de la humanidad en contener el calentamiento del planeta.
Nada más sintomático que la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tenga lugar en Dubái, mayor ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, con más de tres millones de habitantes y gigantescos edificios modernos.
Es evidente el conflicto de intereses entre el país anfitrión, uno de los mayores productores de petróleo, y la llamada Cumbre del Clima que solo tendrá éxito si logra reducir el consumo de combustibles fósiles, la principal fuente de la crisis.
Este año es, se sabe ya, el más caliente de la historia, con 1,4 grados centígrados más que el nivel de temperatura del período pre industrial, según la Organización Meteorológica Mundial. El resultado es gente muriendo de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales por todos los continentes.
Las medidas adoptadas y prometidas por los gobiernos nacionales no son suficientes para contener el calentamiento planetario en 1,5 grados, en este siglo, según el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), creado por Naciones Unidas en 1988 y compuesto por científicos de decenas de países.
La meta de 1,5 grados se fijó en la COP21 de 2015 en la capital francesa, en el Acuerdo de París, como un límite para evitar impactos climáticos más mortales. La tendencia actual apunta que ese límite podrá ser alcanzado antes de 2040.
Un riesgo catastrófico es que ese calentamiento provoque procesos irreversibles de destrucción sinérgicos, los puntos de no retorno en la deforestación de la Amazonia, el deshielo en los polos Ártico y Antártico y alteraciones en las corrientes marítimas del Atlántico Norte.
Política versus clima
Las encuestas por todas partes apuntan el reconocimiento de la gravedad de la crisis climática por la población en todo el mundo.
En Brasil, el Instituto Datafolha identificó entre sus 2028 entrevistados en marzo de 2023 que 89 % espera sufrir efectos personales del cambio climático. Es también la creencia de 88 % entre los que votaron por el ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro, un negacionista en cuestiones ambientales y climáticas.
El dato es revelador de la relación entre los temas ambientales y la política. Los electores reconocen la tragedia climática incluso como posibles daños en su vida, pero eso no les impide de votar por líderes de extrema derecha que niegan las crisis ambientales.
Más aún: el ascenso de esos reaccionarios, desde el triunfo electoral de Donald Trump en 2016 en Estados Unidos, coincide con el agravamiento y por lo tanto la mayor conciencia mundial de la emergencia climática y otros problemas ambientales.
Bolsonaro se eligió en 2018 con mayoría de 55,1 % de los votos válidos en la segunda vuelta y fracasó en el intento de reelegirse en 2022, pero obtuvo 49,1 % de sufragios, tras cuatro años de gobierno desastroso tanto para el medioambiente, como para la salud de los brasileños durante la pandemia de covid-19.
Tuvo el respaldo de 58 millones de brasileños en las dos disputas, en un país de 203 millones de habitantes, entre los cuales la preocupación ambiental es casi un consenso.
Esa contradicción se repitió en Argentina, en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, con el triunfo del ultraderechista Javier Milei con 55,7 % de los votos válidos.
En ese país de 46 millones de habitantes, 85 % de los encuestados por las consultoras Voices y Win reconocieron el calentamiento global como “una grave amenaza para la humanidad”.
Opinión mundial por el clima
La encuesta, divulgada en octubre, se hizo en 36 países, donde un promedio de 83 % manifestó la misma opinión, una ligera caída en relación al 86 % del año anterior. En Argentina el descenso fue mas amplio, ya que en 2022 eran 90 % los preocupados.
En Estados Unidos, 24 % de los entrevistados no encaran el clima como amenaza, pero son una minoría, en contraste con la alta popularidad que mantiene el exgobernante Donald Trump, pese a la derrota electoral de 2020 y los numerosos procesos judiciales que enfrenta por sus acciones antidemocráticas.
Ambiente y cambio climático están entre los temas casi consensuales en muchos países, tal como la paz y la democracia, pero que no tienen el peso electoral ni la fuerza política para impulsar las medidas necesarias a las soluciones.
Los partidos verdes cuentan con escaso respaldo donde existen y en general fueron arrastrados por otros intereses políticos y económicos que desfiguraron sus misiones originales.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva rescató la política ambiental y la defensa de la Amazonia como ejes de su proyección internacional, alejándose de las actitudes de su antecesor Bolsonaro, que convirtió el país en “paria mundial”.
Lula volvió a nombrar como ministra de Medio Ambiente a Marina Silva, que había tenido gran éxito en reducir la deforestación amazónica durante su presidencia anterior, entre 2003 y 2010. Pero ella renunció en 2008 por discrepancias con decisiones “desarrollistas” del gobierno, que en la época supeditaba el ambiente a objetivos económicos.
Contradicciones
Pero incluso así, Lula defiende la exploración de petróleo en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, donde ambientalistas y la ministra identifican riesgos para la vida marina local y para el bioma amazónico. Su posición encuentra también la oposición del presidente de Colombia, Gustavo Preto, que rechaza actividades petroleras en la Amazonia.
Además, el gobierno de Lula se apresta a incorporar Brasil en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), en abierta contradicción con su nueva postura “ambientalista”.
Los dilemas y las incoherencias del actual gobierno brasileño reflejan las dificultades e incluso la imposibilidad de conciliar ambiente e intereses económicos o sociales, casi siempre en desmedro de la política ambiental.
Además del tema petrolero, proyectos que estimulan la deforestación amazónica tienen respaldo en el actual gobierno brasileño. Es el caso de la reconstrucción de la carretera BR-319, que cruza el corazón de la Amazonia, entre Porto Velho, capital del estado de Rondônia, y Manaus, capital del Amazonas.
Son 900 kilómetros de una carretera construida por la dictadura militar en los años 70 que se deterioró y en gran parte fue reocupada por los bosques. Los daños ambientales son evidentes, las carreteras son ejes de la deforestación.
Pero la población de Manaus, ciudad de 2,1 millones de habitantes, desea casi unánimemente esa carretera para sacar la ciudad del aislamiento por tierra. Seria la conexión por vía terrestre con el resto del país. Un anhelo difícil de negar por razones ambientales.
La debilidad del ambiente y más aún del clima se agrava por su carácter negativo en relación al futuro. Se exige un gran esfuerzo, la renuncia a muchas comodidades y conquistas, para mitigar las ruinas futuras. Es, de hecho, una antiutopía.
El destino de la humanidad depende, por lo tanto, de buscar formas de fortalecer políticamente las cuestiones ambientales y climáticas. La conciencia ya adquirida de sus amenazas constituyen una fuerza de presión sobre los gobernantes, pero insuficiente para la toma de las decisiones drásticas necesarias.
Lula destacó en Dubái este viernes 1 de diciembre, en su participación en la COP28, la necesidad de una “gobernanza global”, con líderes “comprometidos a salvar el planeta”. Pero atribuyó a parlamentos conservadores, como el brasileño, algunos obstáculos a las “medidas más corajosas y rápidas” que hacen falta.
Es decir, resolver la cuestión política es el paso indispensable para manejar la crisis climática. Por ahora no hay luz en el túnel.
Lula tendrá la oportunidad de exponer mejor sus nuevas orientaciones en 2025, cuando será el anfitrión de la COP30 en Belém, la capital del estado de Pará en la Amazonia oriental, donde sigue la deforestación y se destacan grandes centrales hidroeléctricas y la gran minería de Carajás, para exportación de mineral de hierro.
ED: EG
