GUATEMALA – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala cortó la angustiosa batalla por ratificar la elección de Bernardo Arévalo como presidente del país, ante los embates del Ministerio Público para revertir su triunfo, y ordenó que el nuevo mandatario sea investido en su cargo el 14 de enero de 2024 como estaba previsto.
“Hemos ganado las elecciones y tomaremos posesión el 14 de enero. Guatemala, el futuro ya es nuestro”, escribió Arévalo en su cuenta de la red social X (antes Twitter), desde Costa Rica, donde se encontraba de visita.
La Corte emitió un recurso de amparo definitivo que frena la pretensión del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, de impedir la investidura de Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, con diferentes acciones realizadas desde que el mandatario electo ganó la segunda vuelta electoral el 20 de agosto .
La orden dictada por el máximo tribunal exhorta al Congreso –donde los opositores de Arévalo tendrán mayoría- a “materializar la toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral de 2023”.
Durante meses, el despacho de Porras, con respaldo tácito del saliente presidente derechista Alejandro Giammattei, bloqueó el camino para la asunción de Arévalo, tratando de anular al joven Movimiento Semilla y los pasos que dio esa organización para presentar y promover la candidatura que resultó vencedora.
Semilla y Arévalo hicieron campaña contra la corrupción y la impunidad, con denuncias de que un “pacto de corruptos”, de políticos, empresarios, militares y narcotraficantes ha dominado en lo que va de siglo la vida en este país centroamericano de 18 millones de habitantes.
Arévalo, sociólogo y diplomático de 65 años, de tendencia socialdemócrata, sorprendió a las fuerzas políticas tradicionales en la primera vuelta de la elección presidencial, el 25 de junio, al lograr pasar al balotaje del 20 de agosto, en el cual se impuso holgadamente, con 61 % de los sufragios.
Comenzó entonces un proceso que en la práctica desconocía ese triunfo e incluso apuntaba a repetir las elecciones, conducido por Porras, bajo una lluvia de críticas de gobiernos como los de Estados Unidos, México, España, Colombia y Chile, y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Ante los obstáculos a la elección y asunción de Arévalo, combinados de la fiscalía y grupos parlamentarios, llevaron a Estados Unidos y a la Unión Europea a adoptar sanciones, como prohibición de viaje a sus territorios, contra más de un centenar de diputados y funcionarios guatemaltecos.
El fallo de la Corte detiene los movimientos contra la investidura de Arévalo.
La Corte expuso en su fallo que “se estudió la situación denunciada, directamente relacionada con la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica de uno de los partidos participantes (Semilla), así como la coyuntura nacional”.
Su análisis se realizó “para proveer de certeza al actuar en esta situación, especialmente al Congreso de la República, para que pueda proceder con certeza en su tarea de materializar la toma de posesión de los cargos, y desvanecer la amenaza denunciada”,
Un grupo de abogados constitucionalistas había pedido a la Corte “garantizar la democracia en Guatemala ante la amenaza de que se desobedezca la voluntad popular, mediante cualquier acción u omisión tendente a afectar la toma de posesión y ejercicio de sus respectivos cargos”.
Edgar Ortiz, cabeza del grupo de abogados, dijo que “hoy es un día histórico para la democracia guatemalteca. La Corte nos ha otorgado un amparo definitivo, refrendando que el 14 de enero de 2024 debe haber una transición de gobierno, y deben asumir sus cargos tanto el binomio electo como los diputados electos”.
La Corte permite que la fiscalía prosiga con sus investigaciones sobre los partidos políticos y la actuación de las autoridades electorales, pero sin que pueda impedir que los mandatarios y diputados electos asuman sus cargos en enero.
Guatemala, por otra parte, recibió también el 14 de diciembre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual el Estado violó los derechos del pueblo indígena q’eqchi’ a la propiedad y a la consulta, al permitir desde hace dos décadas la explotación de una mina de níquel sus tierras ancestrales.
La mina, en la región de Alta Verapaz, centro-norte de Guatemala, fue explotada inicialmente por a la empresa canadiense Hudbay, que en 2011 la vendió al consorcio suizo Solway Investment Group.
El fallo de la Corte establece que el Estado guatemalteco tiene un plazo de seis meses para entregar un título de propiedad al pueblo q’eqchi’, y deberá además instrumentar un fondo de desarrollo para esa comunidad.
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