DUBÁI – La región debe movilizar entre siete y 10 veces más recursos cada año hasta 2030 para cumplir con sus compromisos de acción climática, planteó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe que presentó a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima.
Los impactos del cambio climático en la región “son exponenciales, el costo de la inacción supera el de la acción, y el calentamiento global exacerbará los efectos negativos de los fenómenos meteorológicos extremos”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, al presentar el informe en la Expo City de Dubái.
Entre esos fenómenos el estudio destaca a las oleadas de calor padecidas en el continente, las sequías e inundaciones en el Cono Sur y América Central, la destrucción de arrecifes de coral, el aumento de los incendios forestales y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.
El documento “Economía del cambio climático en América Latina y el Caribe 2023” se presentó en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos que alberga la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La región fijó el objetivo de reducir para el año 2030 entre 24 y 29 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta, “pero, para ello, la tasa de descarbonización de la región (0,9 % actualmente) tendría que ser cuatro veces más rápida”, apuntó Salazar-Xirinachs.
En el año 2020 el financiamiento climático en la región totalizó 22 910 millones de dólares, apenas 0,5 % de su producto interno bruto, mientras que para cerrar la brecha y conseguir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero requeriría invertir entre siete y 10 veces más, entre 3,7 y 4,9 % del PIB.
Se debería invertir entonces entre 215 000 y 284 000 millones de dólares anuales en proyectos vinculados a la acción climática, para un total en el período 2023-2030 de entre 2,1 y 2,8 billones (millones de millones) de dólares.
Para las acciones de mitigación –hacer menos graves los efectos del cambio climático-, la inversión necesaria equivaldría a entre 2,3 y 3,1 % del PIB anual de la región, es decir, entre 105 000 y 142 000 millones de dólares, con base en los parámetros de 2020.
Esos fondos deben financiar los sistemas de energía y transporte, y la reducción de la deforestación. El sector transporte es el que requiere más inversiones.
Como ejemplo, se menciona la reducción de millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) si toda o gran parte de la flota autobusera urbana fuese de autobuses eléctricos, pero de esas unidades hay menos 3700 en la región, la mayoría en Colombia (1589), Chile (849), México (566), Brasil (386) y Ecuador (106).
Las medidas de adaptación requieren entre 1,4% y 1,8 % del PIB anual de la región, es decir, entre 64 000 y 80 000 millones de dólares. Se trata de inversiones en sistemas de alerta temprana, prevención de la pobreza, protección de las zonas costeras, servicios de agua y saneamiento, y protección de la biodiversidad.
Según el estudio, de los 22 910 millones de dólares que en 2020 se invirtieron en proyectos y programas con contenidos de acción climática, 10 672 millones provinieron de bancos multilaterales de desarrollo, y 9400 millones de bonos verdes, papeles de deuda emitidos para financiar proyectos ambientalmente sostenibles.
Unos 670 millones de dólares llegaron de entidades que trabajan sobre el tema climático, 1537 millones de bancos nacionales de desarrollo, y 632 millones de dólares de otros recursos locales.
Salazar-Xirinachs expuso que aumentar la financiación climática puede aportar también otros beneficios además de los medioambientales, incluyendo impulso para el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo social.
Por el contrario, si no se toman medidas, el cambio climático puede acarrear pérdidas.
“Nuestro documento muestra que, para 2030, la pérdida de productividad laboral debida al estrés térmico podría alcanzar 10 % en algunos países, lo que afectaría directamente al potencial de crecimiento de la región”, indicó el responsable.
La Cepal destaca la necesidad de canalizar los flujos de inversión hacia actividades que estimulen los sectores impulsores la economía, con vistas a lograr un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.
Entre los que considera relevantes están la transición energética, la electromovilidad, la economía circular, la bioeconomía, la industria farmacéutica, los servicios digitales y la economía del cuidado, entre otros.
Un foco de atención son las actividades de la agricultura, ganadería y silvicultura, responsables de 58 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región.
También especifica distintos instrumentos, como la tarificación del carbono –impuestos e incentivos para reducir el consumo de energía y usar combustibles menos contaminantes- y la inclusión del cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos.
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