GINEBRA – El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó este viernes 3 la restricción del espacio democrático en Venezuela mediante la inhabilitación de opositores para que aspiren a cargos públicos.
Integrado por 18 expertos independientes, el Comité expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de que “instituciones judiciales, administrativas y constitucionales han estado restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política”.
Mencionó concretamente al Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Supremo de Justicia del país sudamericano.
El Comité supervisa la adhesión de los países al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con 173 Estados partes, y trabaja bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
En sus conclusiones insta a Venezuela a “asegurar unas elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos”.
En Venezuela partidos y grupos opositores organizaron el 22 de octubre una elección primaria de su candidato presidencial para los comicios que deben efectuarse en el segundo semestre de 2024, en los que previsiblemente el presidente izquierdista Nicolás Maduro buscaría un tercer mandato de seis años.
A la primaria concurrieron unos 2,5 millones de electores –de un padrón de 20 millones, en ese país de 28,5 millones de habitantes-, lo que analistas consideraron afluencia sin precedentes en ese tipo de consultas.
Resultó electa candidata, con 92,3 % de los votos, la liberal María Corina Machado, ingeniera industrial de 56 años, acérrima opositora y quien se encuentra inhabilitada para acceder a cargos públicos por una decisión administrativa de la Contraloría General de la República, en manos del oficialismo como el resto de los poderes.
Otros aspirantes también inhabilitados se retiraron de la contienda primaria unos días antes de que se efectuase la consulta.
Delegaciones del oficialismo y la oposición habían pactado, durante una reunión en la vecina isla de Barbados, un acuerdo mínimo de convivencia que reconocía el derecho de cada grupo a escoger candidatos mediante procedimientos propios.
Pero Maduro y portavoces de su Partido Socialista Unido de Venezuela dijeron que la comisión que organizó la consulta cometió fraude, y la Fiscalía inició una investigación bajo la presunción de que resultados y cifras fueron adulterados.
Posteriormente, la Sala Electoral del Supremo en tiempo récord produjo una sentencia según la cual los efectos de la consulta quedan invalidados.
Las decisiones arrojan un manto de incertidumbre acerca de si Machado, que ha emergido como la principal líder opositora, podría presentarse como candidata y, en general, sobre las condiciones bajo las cuales se puede competir en la elección.
El frágil acuerdo de Barbados, suscrito el 17 de octubre, está endosado a negociaciones entre Caracas y Washington, cuyo gobierno comenzó a liberalizar sanciones económicas y financieras que mantiene sobre el Estado venezolano, pero ha advertido que revertirá el proceso si se mantienen las inhabilitaciones.
El Comité de la ONU subrayó su inquietud por “el cierre del espacio cívico y la persecución de disidentes”, y por las “acusaciones espurias” como “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial” contra defensores de los derechos humanos y funcionarios públicos que denuncian casos de corrupción.
También expresó su preocupación por el cierre de empresas de comunicación, así como por “la intimidación, persecución, detenciones arbitrarias y encarcelamiento” de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos.
Instó finalmente a Venezuela a “poner fin al hostigamiento, la intimidación y la violencia contra periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos para que puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a sufrir violencia o represalias”.
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