SANTIAGO – Más de 200 millones de personas, casi un tercio de la población de América Latina y el Caribe, viven en situación de pobreza y al menos 80 millones están en la pobreza extrema, es decir, sin los ingresos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias mínimas, indicó un nuevo estudio de la Cepal.
“La pobreza en la región se mantiene en niveles elevados e inaceptables”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) al presentar este martes 3 el estudio en la quinta reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social.
Según las proyecciones de la Cepal “32,1 % de la población de la región (201 millones de personas) se encontraba a fines de 2022 en la pobreza, y 13,1 % (82 millones) en la pobreza extrema”, indicó Salazar-Xirinachs.
La presentación del estudio “Institucionalidad social en América Latina y el Caribe” abrió los trabajos de la conferencia que pasa revista a la institucionalidad, la gobernanza y las tareas de los entes estatales de desarrollo social.
“Para que los Ministerios de Desarrollo Social o sus equivalentes alcancen sus objetivos de inclusión y protección social es importante tener una mirada integral, que articule las políticas de crecimiento, desarrollo productivo y de mercado de trabajo con las políticas sociales”, Salazar-Xirinachs.
El análisis de la Cepal indica que el crecimiento económico regional ha sido muy pobre, de apenas 0,8 % en la década 2014-2023, la de menor crecimiento desde 1951, bastante más bajo incluso que la tasa promedio anual de la “década perdida” de los años 80 del siglo pasado, que fue de 2,0 %.
En la misma década 2014-2023 la tasa promedio de crecimiento de la ocupación fue de solo 1,3 %, la más baja en 70 años. Otros duros datos son que 47,9 % de los trabajadores de la región son informales, y que las mujeres representaron 69,8 % del total de personas inactivas en 2022.
Una alta proporción de hogares vive en condiciones de vulnerabilidad: en 2021, casi 60 % de la población de América Latina pertenecía al estrato bajo, es decir vivía con ingresos equivalentes a menos de 1,8 líneas de pobreza, y casi 80 % vivía con ingresos menores a tres líneas de pobreza.
Cuando presenta las características sociodemográficas de la pobreza, el estudio de la Cepal señala que en esa condición viven 44,1 % de quienes habitan áreas rurales, y el segmento de pobreza crítica corresponde a 21,2 % de las personas.
Entre los indígenas, 46,3 % de las personas son pobres, y en pobreza crítica están 18,5 % de ellos. De los afrodescendientes, 30 % son pobres y 10,5 están en pobreza crítica. Entre quienes no son ni indígenas ni afrodescendientes la pobreza alcanza a 24,9 % y la pobreza crítica a 7,2 %.
El nivel educativo es una marca fundamental: cuando el jefe o jefa de hogar y su cónyuge no completaron la educación primaria, 46,8 % son pobres y 20,8 están en pobreza crítica. En el otro extremo, cuando esas personas tienen educación terciaria completa la pobreza afecta a 9,0 % y en pobreza crítica está solo 4,9 %.
El gasto social del gobierno central en la región alcanza un promedio de 13 % del producto interno bruto (PIB) –más alto en América del Sur y el Caribe y menos en América Central y México- y se dirige principalmente a protección social (como pensiones y transferencias en efectivo), educación y salud.
Al contrastarlo con el tamaño poblacional de cada país, el gasto promedio per cápita, en dólares a precios constantes de 2018, fue de 1160 dólares en América Latina (1529 dólares en América del Sur y 745 dólares en América Central, México y la República Dominicana), y de 2140 dólares en el Caribe.
A modo de comparación, la situación de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (mayoría de economías industrializadas) en 2021 muestra un gasto social promedio con cobertura de gobierno central de 32,5 %.
Sobre esas bases y cifras -que analizarán representantes de gobiernos de la región y de agencias de cooperación durante la conferencia- el estudio plantea profundizar en la orientación del gasto público, y en el fortalecimiento de los ministerios de Desarrollo Social, para encarar las realidades en las que se concreta la pobreza.
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