LIMA – Una educación sexual integral que contribuya a prevenir la violencia de género y los embarazos en adolescentes está en riesgo en Perú. “En mi familia nunca me hablaron de esos temas tan necesarios para mi desarrollo como persona, ¿por qué quieren prohibir que en las aulas lo hagan?” se pregunta Valeria Ramos, una estudiante de 17 años.
Ella cursa el último año de secundaria en la institución educativa pública Nuestra Señora de las Mercedes, en la ciudad de Huamanga, en el departamento del centro-sur andino de Ayacucho, con altos índices de violencia contra las mujeres y gestaciones tempranas no deseadas.
“La educación sexual integral es un tabú en las familias, es complicado que las madres o padres lo toquen con sus hijos, no saben cómo hacerlo, les da vergüenza o piensan que los llevará por malos pasos, cuando en realidad es muy importante para una buena calidad de vida de los adolescentes y jóvenes porque ayuda a ser mejor persona”, indica a IPS por teléfono desde su localidad.
En junio del año pasado, por iniciativa del grupo parlamentario Renovación Popular, un partido ultraconservador y de corte religioso, se promulgó la Ley N° 31498, que oficialmente “impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”.
Esa norma fue el colofón de una prolongada campaña de grupos de confesión evangélica y familias pertenecientes al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, opuestos a la igualdad de género, a la interrupción voluntaria del embarazo y al reconocimiento de los derechos de la población no heterosexual, entre otros derechos.
“La educación sexual integral es un tabú en las familias, es complicado que las madres o padres lo toquen con sus hijos, no saben cómo hacerlo, les da vergüenza o piensan que los llevará por malos pasos”: Valeria Ramos.
En 2016 iniciaron sus actividades denunciando el contenido del entonces nuevo Currículo Nacional de Educación Básica elaborado por el Ministerio de Educación, colocando el término “ideología de género” en su intento por desprestigiar las políticas públicas orientadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación de personas LGTBIQ+.
En este país de 33 millones de habitantes, en el actual curso escolar que comenzó en marzo, el estudiantado a nivel nacional engloba a ocho millones de estudiantes.
Con la aprobación de la Ley N° 31498 se abre la puerta a que en representación de su colectivo y de otros con similares posturas, se integren al proceso de elaboración del contenido de los materiales, textos y recursos educativos. El riesgo es que impongan sus concepciones morales y religiosas, restrictivas de los derechos del estudiantado.
Si los materiales y recursos educativos no reciben su aprobación, no podrán publicarse; de lo contrario, los funcionarios responsables incurrirían en faltas disciplinarias y serían suspendidos sin remuneración.
Esta situación preocupa a Ramos, quien integra la Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles de Ayacucho (Aarle), un espacio autónomo promovido desde 2001 por la institución no gubernamental Tarea para que niñas, niños y adolescentes planteen sus demandas a las autoridades municipales.
Líderes estudiantiles de la Aarle se reunieron en Huamanga el lunes 9 y el martes 10 de octubre para analizar temas de su preocupación como el derecho a la educación sexual integral desde la educación primaria.
Última de cuatro hermanas con las que vive junto a sus padres, dedicados al comercio, es consciente de que a la sociedad le falta mucho para vivir en igualdad y sin violencia, y que por ello es necesario fortalecer la educación sexual integral y no debilitarla como pretenden sectores conservadores.
“Los de Con Mis Hijos No Te Metas también han estado en Ayacucho, no quieren que se hable de temas que nos importan, no entienden que necesitamos información para que no haya chicas embarazadas que truncan su vida por no usar un método anticonceptivo”, afirma en un largo diálogo con IPS.
“Yo les diría que la educación sexual integral nos ayuda a decidir mejor, nos aleja de las relaciones que hacen daño, de ser madres sin haber cumplido nuestras metas. En muchos hogares se calla sobre esta realidad y es muy triste que nos nieguen esta educación en los colegios”, agrega.
En Ayacucho 10 % de adolescentes de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática en su reporte Situación de la población peruana, una mirada hacia los jóvenes 2023.
Pese a ello, las instituciones como a la que asiste Ramos, un centro solo femenino, no brindan información orientadora. “Siento que los profesores hablan con estereotipos, mi profesor de comunicación nos dice por ejemplo ´si fuesen varones les podría hablar con libertad, pero ustedes son unas damitas´, eso no puede ser”, cuestiona.
Estocada final
Elga Prado, obstetra y responsable del área de sexualidad y autonomía física del feminista Movimiento Manuela Ramos, sostiene en diálogo con IPS en Lima que la educación sexual integral en Perú tenía serias debilidades en su implementación en los últimos gobiernos, pero que la ley aprobada en 2022 es como una estocada final.
Informó que evidencia de ello es el presupuesto destinado entre los años 2019 y 2023, que prácticamente solo cubre honorarios del personal y no los demás requerimientos como son los materiales educativos, la capacitación a docentes, el seguimiento y monitoreo. Respecto a ello, “el Estado no ha hecho absolutamente nada este año”, dijo.
“Y vamos de mal en peor con este riesgo que trae el retroceso normativo y las implicancias que tendrá en la educación de las niñas, niños y adolescentes”, advirtió.
Según la última Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 2022, en Perú el 55,7 % de mujeres vivió la violencia de género, 19,4 % de 12 a 24 años dejó de estudiar porque salió embarazada o se casó, mientras que 22,1 % de las casadas o convivientes no usaba métodos anticonceptivos.
A ese panorama se suma, según el estudio, que 9,2 % de las adolescentes de 15 a 19 años eran madres o gestaban por primera vez y 2,7 % del grupo etario de 12 a 17 años estaba en esa condición.
El embarazo adolescente, así siga alto, supone una caída respecto al nivel de cinco años atrás, cuando era de 13 %, un alentador resultado, ahora en riesgo, de la educación sexual integral aportada por los lineamientos del Currículo.
Al analizar la situación, Prado manifestó que existe un hilo conductor de una educación sexual no implementada: chicas y chicos que no reflexionan sobre las cuestiones del poder y los mitos del amor romántico, y conciben que los cuerpos de las mujeres son propiedad de sus parejas. “Tenemos un Estado de espaldas a esa realidad”, subrayó.
El Movimiento Manuela Ramos trabaja en las regiones de Ayacucho, Lima y Ucayali promoviendo la educación sexual integral en las instituciones educativas y la comunidad con logros significativos en la disminución del embarazo temprano.
“En un centro educativo de Lima, de 14 casos registrados en un año, se pasó a cero. Fue resultado de un proceso largo; incluyó la deconstrucción personal de docentes, capacitación, formación y acompañamiento”, explicó Prado.
Detrás de ese logro, dijo, está que “aplicamos la educación sexual integral con mirada territorial involucrando autoridades de los municipios, servicios de Salud y del Ministerio de la Mujer, y asegurando compromisos de las instituciones educativas”.
Prado remarcó que la educación sexual integral tiene evidencia de ser una estrategia potente en contextos de discriminación y desigualdad porque genera ciudadanía, ejercicio de derechos y autonomía, que aportan a la construcción de relaciones equitativas, perspectiva opuesta a quienes defienden concepciones que vulneran la libertad y la dignidad.
El 30 de septiembre se publicó el reglamento de la Ley N° 31498, que está siendo analizado por las instituciones que como el Movimiento Manuela Ramos conforman la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos! para acordar futuras acciones.
La educación sexual integral sigue manteniéndose como política educativa nacional, aterrizada en el Currículo, pero desde ahora estará sometido al escrutinio de colectivos que lo rechazan y que tienen una ley hecha a medida para impedir su aplicación.
Fortalecer y evitar el vacío
Jhon Vega tiene 16 años y está cursando el último año de la secundaria en la institución educativa pública Mariscal Cáceres, también en la ciudad ayacuchana de Huamanga, y se proyecta como futuro abogado o ingeniero de sistemas. Es presidente de la Aarle de su localidad y defiende la importancia de la educación sexual integral.
Es crítico de la forma en que se ha venido impartiendo en las aulas escolares y pide que se fortalezca. En diálogo IPS desde su localidad señala que este año ha sido peor que los anteriores pues no han abordado ningún tema a profundidad. Opina que ese vacío incrementa los prejuicios de género y la violencia en las aulas donde siempre hay grupos que promueven el acoso dentro de los centros.
Cuenta que ser el único hijo hombre y vivir con su mamá y dos hermanas lo ha ayudado a asumir desde temprana edad las responsabilidades de cuidado en el hogar. Por ejemplo, es quien se encarga de la cocina y de preparar el desayuno todos los días, aunque sabe que su caso es particular pues la sociedad ayacuchana es muy machista todavía.
“Por eso en las aulas debemos recibir esa educación que nos encamine a la vida que nos merecemos, reconociendo que la sexualidad es parte del ser humano. Les diría a las familias de Con Mis Hijos No Te Metas, que no quieran tapar lo que de todas maneras un día será destapado”, expresó.
ED: EG
