MONTEVIDEO – El 26 de agosto, Gabón celebró elecciones. Los resultados oficiales se anunciaron cuatro días después, a la mitad de la noche, con el país bajo toque de queda. Como era de esperar, el presidente Ali Bongo, en el poder desde la muerte de su padre y predecesor en 2009, obtuvo un tercer mandato.
Al igual que en elecciones anteriores, abundaron las acusaciones de fraude. Pero esta vez ocurrió algo sin precedentes: menos de una hora después, los militares habían tomado el poder y los 56 años de reinado de la familia Bongo habían llegado a su fin.
En Gabón, la población recibió a los militares con los brazos abiertos, agradeciéndoles que les hubieran liberado del yugo autoritario bajo el que habían vivido, en la mayoría de los casos, toda su vida.
Pero derrocar un régimen opresivo no es lo mismo que alcanzar la libertad democrática.
Los estudios demuestran que, aunque en ocasiones se establecen democracias tras los golpes de Estado, con demasiada frecuencia son nuevos regímenes autoritarios los que surgen, con niveles aún más altos de violencia y abusos de los derechos humanos sancionados por el Estado.
Autocracia depredadora
Omar Bongo llegó al poder en 1967 y lo mantuvo durante más de 40 años. Solo empezó a permitir la competencia multipartidista en 1991, después de asegurarse de que su Partido Democrático Gabonés, con un nombre irónico, mantendría su control mediante una combinación de clientelismo y represión.
Su hijo y sucesor conservó el poder de la dinastía con unas elecciones plagadas de irregularidades en 2009 y 2016. En ambos casos, la opinión generalizada fue que Bongo no era el verdadero ganador. La Constitución se modificó en repetidas ocasiones para facilitar nuevos mandatos y se manipularon sistemáticamente las normas y los calendarios electorales.
En 2016, el flagrante fraude desencadenó violentas protestas que fueron reprimidas de forma aún más violenta. En 2018, Bongo sufrió un derrame cerebral que lo apartó de la escena pública durante casi un año, lo que alimentó la preocupación de que pudiera no estar en condiciones de gobernar.
Pero un intento de golpe militar en 2019 fracasó y fue seguido de una represión mediática, detenciones de políticos de la oposición y un endurecimiento del Código Penal para criminalizar la disidencia.
Bajo el reinado dinástico de los Bongos, la corrupción, el nepotismo y el comportamiento depredador de las élites fueron rampantes.
Gabón, un pequeño país de 2,3 millones de habitantes situado en la costa atlántica de África central, posee vastas reservas de petróleo, que representan alrededor de 60 % de sus ingresos. En términos de producto interno bruto (PIB) por habitante, es uno de los países más ricos de África, pero un tercio de su población es pobre, en marcado contraste con la incalculable riqueza mal habida de la familia Bongo y su círculo íntimo.
¿Por qué ahora y ahora qué?
El golpe se presentó como una reacción a unas elecciones indudablemente fraudulentas. Al tomar el poder, el autoproclamado «Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones» anunció la anulación de los comicios y la disolución de las instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales.
Bongo fue puesto bajo arresto domiciliario junto con su hijo mayor y su asesor antes de ser liberado y autorizado a abandonar el país por razones médicas. Varios altos cargos han sido detenidos acusados de traición, corrupción y diversos actos ilícitos, y al parecer se han incautado grandes cantidades de dinero en efectivo en sus domicilios.
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El general golpista Brice Oligui Nguema es ahora el jefe de la supuesta junta de transición en el poder. Asegura que la disolución de las instituciones es solo «temporal» y que estas serán «más democráticas». Habrá elecciones, dice, pero no demasiado pronto. Primero habrá que redactar una nueva Constitución, un nuevo Código Penal y una nueva legislación electoral.
Pero mientras las calles se llenaban de celebraciones, la condena internacional no se hizo esperar, empezando por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. La Unión Africana suspendió a Gabón hasta que se restablezca el orden constitucional, al igual que la Comunidad Económica de Estados de África Central.
La condena provino de la Unión Europea y de varios de sus Estados miembros, así como de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), a la que Gabón logró integrarse en junio de 2022 pese a no cumplir las normas mínimas de democracia y derechos humanos.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, expresó su preocupación por el «contagio autocrático» que se extiende por África. Tinubu lidera actualmente los esfuerzos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para revertir el golpe de Estado en Níger, el 26 de julio.
Algunos observadores sostienen que este golpe es diferente a otros ocurridos en África Central y Occidental, ya que no se basó en cuestiones de seguridad, sino más bien en la ausencia de democracia, evidenciada en el fraude electoral, así como en la corrupción y la mala gestión que impidieron a las instituciones satisfacer las demandas básicas de la población.
Esta es la postura que adoptan muchos miembros de la sociedad civil gabonesa, lo que les enfrenta a las instituciones internacionales, a las que acusan de haber tolerado a los Bongos durante demasiado tiempo.
Pero otros no están de acuerdo, aunque se alegren de la marcha de los Bongos.
El candidato de la oposición, Albert Ondo Ossa, considerado el verdadero ganador de las elecciones, expresó su decepción por lo que describió como una «revolución palaciega» y un «asunto familiar».
Ossa esperaba un nuevo recuento, que podría haberle colocado a la cabeza de un nuevo gobierno democrático. Pero en cambio, lo que vio fue un gobierno de transición que podría considerarse una continuación del régimen derrocado, sobre todo por los vínculos familiares entre los Bongó y el general Nguema, también feliz propietario de una fortuna de origen desconocido.
Algunos de los nombramientos del nuevo gobierno parecen confirmar las sospechas de Ossa.
Más allá de su composición, está la cuestión clave de cuánto tiempo pretende durar este gobierno. La pompa de la ceremonia de toma de posesión de Nguema desmiente su anunciado carácter temporal.
Se trata del octavo golpe militar con éxito en África Occidental y Central en los últimos cuatro años. En ningún lugar se han retirado los militares a los cuarteles tras aplicar lo que invariablemente se describen como medidas «correctivas» y «temporales».
Al tomar el poder, los militares se han hecho no solo con el poder político, sino también con el control de la riqueza económica que sostenía la cleptocracia de Bongo. Es poco probable que se vayan de buena gana, y cuanto más tiempo permanezcan, más difícil será derrocarlos.
El gobierno golpista ha mostrado hasta ahora una cara moderada, pero no hay garantías de que dure. Si la gente que salió a la calle para celebrar el golpe vuelve a hacerlo para protestar por la falta de cambios reales, la represión no tardará en llegar.
La comunidad internacional debe seguir instando a los militares a comprometerse con un plan de transición rápida hacia un gobierno plenamente democrático.
De lo contrario, el pueblo gabonés corre el peligro de pasar de una dictadura a otra, y no quedará nada de aquel fugaz momento en que la libertad parecía estar al alcance de la mano.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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