QUITO – Fernando Villavicencio, de 59 años, uno de los ocho candidatos a las elecciones anticipadas para la presidencia de Ecuador, fue asesinado el miércoles 9, durante un mitin público. El presunto asesino murió en un confuso incidente con la policía. El presidente del país, Guillermo Lasso, se dijo “indignado y consternado” y atribuyó el asesinato al “crimen organizado”.
El atentado de Villavicencio se suma a los asesinatos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, Ryder Sánchez, candidato a la Asamblea, Miguel Santos Burgos, director de Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos del Municipio de Durán en Guayas, puntos claves en las rutas de negocios ilícitos en este país sudamericano.
En la escena se registraron al menos 40 disparos. Parte del equipo de seguridad de Villavicencio lo conformaban policías en servicio pasivo. Hay seis detenidos y nueve personas heridas. Villavicencio estaba acompañado de exasambleístas del Movimiento Pachakutik que apoyaron la defensa de Lasso en el juicio político en su contra.
El Ministerio de Defensa del Ecuador emitió un comunicado donde explica que “las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de alerta, dispuestas a actuar de inmediato contra los grupos criminales y sus cómplices, apenas lo ordenen las autoridades”.
El gobierno del presidente Lasso, en el poder desde 2021, ha permitido el incremento de la violencia a niveles desmedidos: 14 masacres carcelarias, la tasa de homicidios más alta en la historia del Ecuador de 40 homicidios por 100 000, situándose como el más violento de la región; seis de cada 10 ecuatorianos no tiene empleo.
Datos sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, de enero a junio de 2023, muestran que el Ministerio del Interior utilizó 8,6 millones de 96,9 millones de dólares de su presupuesto para todo el año. Es decir, una ejecución de 8,8 % pese a la grave situación de inseguridad.
¿Quién era Villavicencio?
Un exsindicalista petrolero entre 1996-1999, que conocía desde el fondo el negocio de los hidrocarburos, Villavicencio se autoidentificaba como periodista de investigación y activista.
En el 2014, Villavicencio fue condenado por injurias contra el presidente Correa en el caso 30S. Viajó a Washington a presentar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que consideraba una persecución del gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Huyó a la selva y se refugió en la comunidad de Sarayaku bajo la protección de José Gualinga y Marlon Santi, defensor también de Lasso.
El 20 de agosto se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador, confirmó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opción les queda a los ecuatorianos tras una saga de violencia inaudita? No hay una respuesta sencilla.
Se ganó el mote de “denunciólogo”. Investigó el financiamiento de capitales chinos en el gobierno de Correa, lo cual lo llevaría a ganar adeptos entre los opositores al régimen correista. En abril de 2020, el ya expresidente Correa, junto a 19 miembros de su gobierno, fue sentenciado a ocho años de cárcel por supuestamente liderar una red de sobornos.
Hasta 2017, Villavicencio se refugió en Lima, desde donde regresó con el permiso y apoyo del expresidente Lenín Moreno, sucesor de Correa, y considerado traidor a los principios de su partido.
En 2019, en el caso de investigación sobre los vínculos Trump-Rusia, The Washington Post reveló que Paul Manafort sostuvo conversaciones con Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana. La investigación tuvo la colaboración de parte de Villavicencio, el tercer autor que firmaba el artículo. Al poco tiempo, borró el nombre del colaborador en la edición en línea pero quedó en la versión impresa, explica el portal periodístico The Intercept.
El Washington Post reveló que los Wikileaks identificaron a Villavicencio como el presunto fabricante de evidencias. La historia se narra en The Intercept, que publicó los detalles en enero de 2019.
Defensor de Lasso
En 2021, Villavicencio es elegido como asambleísta con el apoyo de la Alianza Honestidad que postuló a César Montúfar a la presidencia de la República, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista ecuatoriano.
En su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, entorpeció varios procesos. De hecho, conformó un grupo paralelo de investigación dentro de la misma Asamblea con el nombre de Frente Parlamentario Anticorrupción junto a los asambleístas Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, del partido Pachakutik, asiduos visitantes del Palacio de Gobierno según reveló el informe de la bitácora de Carondelet.
Villavicencio fue el defensor de Lasso en el más reciente capítulo del juicio político que se abrió en la Asamblea Nacional desde enero de 2023, cuando el medio La Posta destapó el Caso denominado “El Gran Padrino”, con vínculos a la mafia albanesa.
Villavicencio conoció de esta denuncia bajo el nombre Caso León de Troya y previno a Lasso.
El informe entregado por el Frente Parlamentario Anticorrupción que Villavicencio encabezaba aseguraba que el presidente Guillermo Lasso sabía de las presuntas relaciones de Rubén Cherres con Danilo Carrera desde el 7 de julio de 2021. Es decir, antes de dar inicio al juicio político en la Asamblea Nacional que fiscalizó posibles redes de corrupción del cuñado del presidente Lasso en empresas públicas como Petroecuador.
Ya en el juicio, la Comisión de Fiscalización emitió un informe favorable al presidente Lasso. Villavicencio, en entrevista, confirmó que había sido propuesto por Lasso para la presidencia de esa Comisión, blindando al poder Ejecutivo de la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional hasta su disolución el 17 de mayo.
¿A quién representaba Fernando Villavicencio?
Villavicencio se postuló a la presidencia por el movimiento Construye, lista 25, liderado por María Paula Romo, exministra durante el periodo 2018-2020, en el gobierno de Lenín Moreno.
Fue censurada y destituida en noviembre de 2020 por la Asamblea Nacional en un juicio político que indagó su rol en la “repartición de hospitales a miembros de la Asamblea” y su papel como estratega de la represión de octubre de 2019 contra los movimientos sociales que rechazaron el “paquetazo” de Moreno.
El movimiento Construye también impulsa la candidatura del exministro del Interior, Patricio Carrillo, policía de carrera. Fue censurado en un juicio político en febrero, acusado de incumplir funciones en el caso María Belén Bernal y durante el último paro nacional de junio de 2022.
Fernando Villavicencio, María Paula Romo y Patricio Carrillo, se conformaron en un proyecto político que también recibe apoyo de “Gente Buena”. Canalizaron toda su fuerza a través de la figura de Villavicencio, pues Romo y Carrillo están impedidos de ejercer cargos públicos.
En una esquela mortuoria, Construye 25 lo calificó de “luchador incansable”. Carrillo reaccionó a la muerte de Villavicencio: “Sigan pensando que este es un tema de lobos y tiguerones, y que con inhibidores se soluciona el problema.”
Villavicencio fue el candidato que registró el mayor presupuesto para la campaña electoral, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), más de tres millones de dólares.
Narcotraficantes
“La Policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de narcotraficantes…” fueron las declaraciones de Villavicencio a Ecuavisa, el miércoles 9 de agosto, el mismo día de su asesinato, donde prometió depurar a la fuerza pública.
En otras entrevistas, denunció haber recibido amenazas de alias Fito, cabecilla de la Banda Criminal “Los Choneros”, aliados del mexicano cártel de Sinaloa para quienes ejercían la custodia y transporte de drogas.
Atacar a Los Choneros, en Ecuador, es atacar al cártel de Sinaloa, quien viene controlando el tráfico de drogas en el corredor del océano Pacífico desde 2011.
En consecuencia, es favorecer al también mexicano cártel Jalisco Nueva Generación, quien ha entrado en disputa para controlar el mismo corredor, y ha armado a las pequeñas bandas criminales en las provincias de Esmeraldas y Manabí, con este propósito.
Días antes, el coordinador nacional de Gente Buena, Francisco Jácome, reconoció: “Junto a Los Tiguerones hicimos un mitin espectacular”, declaraciones que levantaron una serie de sospechas y acusaciones de nuevos vínculos con otra banda criminal que tiene sumida en la violencia a Esmeraldas.
“Hago responsable al gobierno nacional»
En más de una ocasión, Villavicencio desafió a los autores de las amenazas: “A mí me han dicho que use chaleco. Aquí estoy, camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas.” Por la noche, y de manera informal, circuló un video supuestamente de Los lobos, banda criminal que se atribuye el magnicidio de Villavicencio.
“Había muchos heridos. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? Dios y el país les demandará. Completamente inseguros. El gobierno sabía que (Villavicencio) tenía 97 % de inseguridad. Nadie le dio protección. Eso es un complot. Querían callarlo. Pero Dios no va a dejar” señaló Patricia, su hermana.
“Responsabilizo ante el mundo, ante el país, de la grave crisis de inseguridad que estamos viviendo, hago responsable al gobierno nacional”, remarcó.
La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, denunció la falta de cumplimiento del protocolo de seguridad, Villavicencio no fue escoltado ni salió por la parte trasera de la escuela Anderson, como sí lo hizo Patricio Carrillo. Sarauz también llamó a una guerra civil y pidió que la muerte de Villavicencio no quede en la impunidad.
Suspensión de las elecciones
Suspender las elecciones anticipadas que deben tener lugar el domingo 20 de agosto por el asesinato de un candidato presidencial no es una opción. No hay disposición legal en el Código de la Democracia al respecto. El artículo 112 refiere que si un candidato fallece, podrá ser reemplazado con otro candidato de la misma organización política. Construye puede tomar esta decisión.
El asesinato de Villavicencio, candidato que se encontraba entre el cuarto y quinto lugar en las encuestas que miden la intención de voto, probablemente reconfigure las fuerzas políticas que sumarán al voto de la derecha.
La autoridad electoral ecuatoriana ayer anunció que estaba construyendo un Plan de Seguridad para los candidatos, que a esta hora, se ven superados por los hechos. Por solidaridad o miedo, los candidatos presidenciales publicaron notas de pesar y suspendieron la campaña.
“No entregaremos el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado aunque esté disfrazado de organizaciones políticas” dijo el presidente Lasso en cadena nacional, donde anunció la decisión de «declarar tres días de luto por Villavicencio homenajeado como un patriota, y el Estado de Excepción por 60 días, movilizando a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”.
El 20 de agosto se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador, confirmó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opción les queda a los ecuatorianos tras una saga de violencia inaudita? No hay una respuesta sencilla.
Este artículo se publicó originalmente en democraciAbierta.
