GINEBRA – Las defensoras de derechos humanos que buscan a sus seres queridos desaparecidos forzosamente en México enfrentan intimidación, ataques e incluso muerte violenta, advirtieron en una declaración, este miércoles 30, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
“Estamos indignados de que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México”, dijeron los expertos, que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde esta ciudad suiza.
Ellos son la psicóloga irlandesa Mary Lawlor, relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y las juristas jordana Reem Alsalem, jordana, relatora sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y Claudia Mahler, austríaca, experta independiente sobre los derechos de las personas mayores.
Su declaración fue respaldada por los grupos de trabajo de la ONU sobre la desaparición forzada de personas.
El texto recuerda que el 2 de mayo de 2023 la defensora de derechos humanos Teresa Magueyal fue asesinada a balazos mientras andaba en bicicleta en la ciudad de Celaya, en el central estado de Guanajuato.
Magueyal, de 66 años, hacía parte del colectivo “Una promesa por cumplir”, conformada hace dos años, ante la falta de investigación por las autoridades, por familiares de personas desaparecidas en municipios de la zona Laja-Bajío, al sur de Celaya, donde actúa el delincuencial Cartel Jalisco Nueva Generación.
“Es muy triste que a una madre que está buscando a su hijo se le asesine. Duele muchísimo”, dijo al comentar el suceso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Magueyal era madre de José Luis Apaseo, de 34 años, a su vez padre de cuatro hijas, desaparecido desde abril de 2020 en la zona donde fue abatida su madre.
Otro caso mencionado por los expertos de la ONU es el de Araceli Rodríguez Nava, del colectivo de derechos humanos Colibrí y quien busca a su hijo desaparecido, interceptada y agredida por un grupo de hombres armados el 4 de marzo de 2023 en Chilpancingo, en el sudoccidental estado de Guerrero.
Su hijo Luis Ángel León Rodríguez es un policía federal desaparecido en servicio junto con otros seis agentes y un civil el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro, en el central estado de Michoacán, al oeste de Ciudad de México.
El ataque a Araceli Rodríguez –objeto además de amenazas y agresiones verbales- ocurrió pese a ser beneficiaria de medidas e incluso escoltas del estatal Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ambos casos mencionados “continúan bajo investigación, pero las víctimas y sus familiares apenas han recibido información sobre los resultados de las investigaciones”, indicaron los expertos.
En su declaración destacaron que “operar en un entorno constante de miedo, amenaza e inseguridad tiene un efecto intimidante sobre los familiares de las víctimas, los actores de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones”.
“Muchos de ellos son mujeres y personas mayores, lo que agrava su riesgo de ser atacados y encontrarse en situaciones vulnerables. Al adoptar medidas de protección se deben tener en cuenta formas interseccionales y múltiples de discriminación, como el género y la edad”, agregaron.
Recordaron que las desapariciones forzadas y los ataques a quienes buscan a sus seres queridos “están vinculados a la presencia de grupos del crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, las redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades”.
Para los expertos “es sumamente preocupante que continúe la impunidad por los crímenes contra defensores y activistas de derechos humanos a pesar de las denuncias presentadas. Las medidas de prevención y protección para las víctimas y los objetivos de los ataques no se proporcionan o no son efectivas”.
“Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instamos al gobierno de México a adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente”, dice la declaración.
También exhortan a proteger a las familias de esas personas defensoras, a los movimientos de la sociedad civil, organizaciones y servidores públicos.
El gubernamental Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó 95 121 víctimas desde 1964 hasta el 26 de noviembre de 2021 en México, con más de 90 % de casos en los últimos 15 años.
La investigación “Permiso para matar”, de un grupo de medios mexicanos, sostiene que entre 2006 y 2022 fueron víctimas de asesinatos o desapariciones presuntamente a manos de fuerzas de seguridad 1500 personas, entre ellas 222 mujeres.
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