LONDRES – ¿Dónde estará en 2040? Para el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, la respuesta es: en el Palacio Presidencial de Kuksaroy. Esta es la principal consecuencia del referéndum constitucional celebrado en el país de Asia central el 30 de abril.
Con la disidencia férreamente controlada y un espacio cívico cerrado, no había perspectivas de un debate genuino, una campaña en contra o un voto negativo a los cambios planteados a la Constitución uzbeca.
Represión traiciona imagen de reforma
Mirziyoyev asumió la presidencia en 2016 tras la muerte de Islam Karimov, presidente durante 26 años. Karimov gobernó Uzbekistán con mano de hierro. En comparación con su predecesor, Mirziyoyev ha intentado posicionarse como un reformista.
El gobierno se ganó con razón el reconocimiento internacional cuando Uzbekistán fue declarado libre del trabajo infantil sistémico y del trabajo forzoso que antaño plagaban su industria algodonera.
La medida llegó tras una amplia campaña internacional de la sociedad civil, en la que la acción mundial compensó la incapacidad de la sociedad civil nacional para movilizarse, dadas las graves restricciones del espacio cívico.
Aunque se ha abordado este problema sistémico, es indudable que persisten los abusos contra los derechos laborales. Y estos distan mucho de ser las únicas violaciones de los derechos humanos.
Cuando uno de los cambios propuestos a la constitución se anunció en julio del año pasado, desencadenó furiosas protestas y la represión que las siguió desmintió la imagen reformista de Mirziyoyev.
Entre los cambios propuestos figuraba un plan para modificar el estatuto de la región uzbeka de Karakalpakstán, en el extremo occidental del país.
Formalmente, es una república autónoma con derecho de secesión. El sorpresivo anuncio del fin de ese estatus especial provocó protestas masivas en la capital de la región, Nukus. Cuando la policía local se negó a intervenir, el gobierno central envió a la policía antidisturbios, lo que exacerbó las tensiones y provocó violentos enfrentamientos.
Se impuso el estado de emergencia, que restringió altamente la circulación de información. A causa de ello, los detalles son escasos, pero parece que algunos manifestantes provocaron incendios e intentaron ocupar edificios gubernamentales, y la policía antidisturbios respondió con munición real y otras formas de violencia. Hubo varios muertos y más de 500 detenidos. Muchos fueron condenados a largas penas de cárcel.
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El gobierno abandonó rápidamente sus intenciones de cambio, mientras que adoptó una línea dura, afirmando que los manifestantes eran provocadores apoyados desde el extranjero que intentaban desestabilizar el país.
Sin embargo, lo que ocurrió se debió a la ausencia de democracia. El gobierno anunció el cambio propuesto sin consultar a nadie. Como se bloquearon todos los demás canales para expresar la disconformidad, la única forma de manifestar el desacuerdo era salir a la calle.
Espacio cívico sigue cerrado
La realidad sigue siendo que se tolera muy poco a los medios de comunicación independientes y que periodistas y blogueros sufren acoso e intimidación. Las vagas y amplias leyes contra la difusión de «información falsa» y la difamación otorgan al Estado amplios poderes para bloquear sitios digitales, algo habitual.
Prácticamente no se permite la existencia de una sociedad civil independiente; la mayoría de las organizaciones que se presentan como parte de la sociedad civil son en realidad entidades gubernamentales.
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Las organizaciones independientes tienen dificultades para registrarse, sobre todo cuando se centran en los derechos humanos. La nueva normativa aprobada en junio de 2022 otorga al Estado la supervisión de las actividades financiadas por donantes extranjeros, lo que restringe aún más el espacio para el trabajo en favor de los derechos humanos.
Hace mucho tiempo que Uzbekistán no celebra ningún tipo de elecciones democráticas reconocibles.
Las únicas elecciones presidenciales con un verdadero candidato de la oposición se celebraron en 1991. Mirziyoyev no se ha arriesgado a unos comicios competitivos: la última vez que se presentó, para ganar su segundo mandato en 2021, sus contrincantes fueron cuatro candidatos progubernamentales.
Una votación viciada y un resultado interesado
La participación en el referéndum y el número total de votos se situaron en torno a los mismos niveles que en las elecciones presidenciales no competitivas: las cifras oficiales indicaban que más de 90 % apoyaba los cambios propuestos con una participación de casi 85 %.
Dado el control total del Estado, es difícil confiar en las cifras de la votación. Incluso si las cifras se toman al pie de la letra, los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa señalaron que el referéndum se celebró «en un entorno que no alcanzó el pluralismo político y la competencia».
No hubo un verdadero debate, y los ciudadanos tuvieron muy pocas oportunidades de oponerse a la aprobación de los cambios.
Se movilizaron funcionarios y recursos estatales para fomentar el voto afirmativo y se desplegaron celebridades locales en mítines y conciertos. Los medios de comunicación estatales desempeñaron su habitual papel de altavoz presidencial, promoviendo el referéndum como un ejercicio de mejora de los derechos y las libertades.
Periodistas anónimos informaron de que la censura había aumentado antes de la votación y que se les había ordenado cubrir el referéndum de forma positiva.
Mirziyoyev es claramente el beneficiado de las modificaciones refrendadas.
El cambio clave es la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años.
Además, los dos mandatos de cinco años de Mirziyoyev se eliminan del recuento, lo que le permite cumplir dos periodos más. Mirziyoyev ha adoptado el mismo enfoque que los líderes autoritarios de todo el mundo, que modifican las constituciones para mantenerse en el poder. No es la actuación de un reformista.
El presidente sigue siendo todopoderoso y nombra a todos los funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, se habla de derechos y se celebra la abolición de la pena de muerte, pero no se vislumbra ningún cambio que permita avanzar hacia elecciones libres y justas, verdaderos partidos de la oposición, organizaciones independientes de derechos humanos y medios de comunicación libres.
El nuevo lenguaje de la Constitución sobre los derechos no significará nada si no se produce una reforma democrática. Pero un cambio de este tipo siempre ha sido posible con la antigua Constitución; siempre ha sido la falta de voluntad política de los dirigentes lo que lo ha impedido, y eso no ha cambiado.
Las naciones democráticas, que buscan tender puentes en Asia Central para contrarrestar las conexiones históricas de la región con Rusia, podrían acoger con satisfacción los signos superficiales de reforma.
Se contrató a una empresa de relaciones públicas con sede en el Reino Unido para ayudar a persuadirles en ese sentido. Pero deberían instar al presidente a ir mucho más lejos, a emprender verdaderas reformas y a permitir una verdadera competencia política cuando inevitablemente se presente a su tercer mandato.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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