GUATEMALA / SAN SALVADOR – El Estado de Guatemala sigue sin cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo condenó en 2018 por no brindar un cuidado integral a pacientes con VIH y dictaminó medidas de reparación que lleven a un tratamiento adecuado.
Así lo afirmaron a IPS algunos de los demandantes y colitigantes en el caso “Cuscúl Pivaral y otros vs Guatemala”, quienes se preguntaron cómo hacer valer, cinco años después, una resolución de la Corte IDH que el Estado condenado no está cumpliendo.
“Es vergonzoso que aun con una sentencia internacional ganada, sigamos con esta situación de incumplimiento”, dijo a IPS la médica Cristina Calderón, colitigante en la demanda colectiva entablada contra el Estado de Guatemala, en 2001, en la que participaron 49 pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
En agosto de 2018, la Corte IDH falló que Guatemala era responsable de violar varios derechos humanos, como el de la salud, al no proveer de asistencia médica a personas que habían contraído VIH entre 1992 y 2003 y que recibieron tratamiento, incompleto y tardío, hasta 2004.
Como medida de reparación, la Corte dictaminó, entre otras cosas, que Guatemala debe brindar esos servicios médicos “de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva”, pues de su cumplimiento, “depende la preservación de la salud, la integridad personal y la vida de las víctimas del caso”.
Pero eso no está sucediendo, según los demandantes y colitigantes.
Cumpliendo a medias
El grupo de 49 personas demandó al Estado de Guatemala debido a la falta no solo de medicamentos antirretrovirales, que inhiben el avance del virus del VIH, sino también de una adecuada asistencia integral.
“Nosotros no estamos pidiendo solo antirretrovirales, sino atención integral”, subrayó Calderón, con una especialización en atención integral en VIH y que tuvo un papel determinante en la organización de los 49 demandantes.
Es decir, proveerles de cobertura sicológica y médica para el combate de las llamadas enfermedades “oportunistas”, que atacan con mayor facilidad cuando el sistema inmunológico está debilitado a causa del VIH.
Las medidas de reparación no solo aplican a los demandantes, sino a todas las personas con VIH.
Guatemala sí ha cumplido, no obstante, la parte concerniente a la compensación económica a los demandantes que quedan.
De las 49 personas demandantes, quedan alrededor de 27 vivas.
“Es vergonzoso que aun con una sentencia internacional ganada, sigamos con esta situación de incumplimiento”: Cristina Calderón.
En la demanda, además de Calderón, participaron como colitigantes la Asociación de Salud Integral (ASI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Las resoluciones de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son inapelables, de obligatorio cumplimiento y sientan jurisprudencia en los 20 países latinoamericanos que reconocen su competencia.
No obstante, los demandantes insistieron en que Guatemala no está haciendo efectivas las medidas de reparación resultantes del fallo.
“Yo no sé si la Corte tiene exceso de casos, pero no vela por el cumplimiento, porque si tienes una sentencia es para cumplirla”, señaló Calderón en Ciudad de Guatemala.
La Corte puede establecer resoluciones para verificar el cumplimiento. Y aunque las ha habido y ha denunciado que Guatemala continúa sin materializar el acceso a la salud integral, no hay mayores avances en ese aspecto.
Por eso la médica especialista en VIH duda de que esos procesos de seguimiento sean efectivos.
“A mí me llena de impotencia, porque vas con la sentencia de la Corte bajo el brazo y no lográs nada”, subrayó.
En uno de esas resoluciones de verificación, de julio de 2021, la Corte constató que Guatemala no ha cumplido en absoluto con las medidas relativas a la atención médica y psicológica.
Tampoco ha impulsado medidas estructurales para mejorar los servicios de atención y el acceso a medicamentos a personas con VIH, entre otras.
En este país centroamericano, de 17,4 millones de habitantes, se calcula que unas 35 000 personas son seropositivas, es decir, son portadoras del virus, pero solo 45 % recibe tratamiento.
No hay salud integral
“Cuando entablamos la demanda, pedíamos que en Guatemala existiera el tratamiento universal, y que no estuviera centralizado en la capital”, dijo a IPS, vía telefónica, Félix Cabrera, uno de los 47 demandantes iniciales.
Cabrera, de 45 años, vive en los alrededores del municipio de Palencia, a 27 kilómetros al noreste de la capital, en el departamento del país, pero viaja a diario a la ciudad porque ahí tiene su pequeño taller de bisutería.
En la capital aprovecha para realizarse sus chequeos médicos y obtener los medicamentos, cuando hay, en el hospital Roosevelt, que junto al San Juan de Dios son los centros hospitalarios con clínicas especializadas para atender casos de VIH.
Cabrera insistió en la falta de una visión integradora en el tratamiento médico, pues le ha pasado, dijo, que cuando le detectan otras enfermedades, vinculadas o consecuencia del VIH, le dan las recetas de los antirretrovirales, pero no para esas otras dolencias.
“En una ocasión tuve una infección y necesitaba las tres dosis de penicilina, y me dijeron: nosotros le vamos a poner la primera dosis, y le damos la receta para que usted consiga las otras”, señaló.
Eso implicaba comprar penicilina en farmacias privadas.
Este artesano recordó el momento en que fue diagnosticado con VIH, en octubre de 2001.
“Cuando vi el sobre con el resultado de la prueba y decía positivo, me quería morir”, añadió.
También recordó la discriminación que sufrió en el restaurante donde trabaja por entonces. Lo despidieron por ser seropositivo.
Pero luego demandó al restaurante, por despido injustificado, y los demandados se vieron obligados a alcanzar un acuerdo económico extrajudicial con él.
En tanto, otro de los pacientes incluidos en la demanda inicial contra el Estado de Guatemala, señaló que hace seis meses le dieron jarabe para niños con VIH, porque carecían de los antirretrovirales para adultos.
“Me dieron 43 frascos, yo me tenía que tomar casi medio frasco para hacer una dosis de pastillas”, dijo. Pidió reserva de su nombre y solo mencionó que residía en el municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango, suroeste del país.
“El año pasado falleció una compañera, que estaba en la demanda colectiva, porque no le pudieron controlar los triglicéridos y el colesterol que los tenía elevados, por no tener el medicamento apropiado”, aseguró, en conversación telefónica con IPS, desde Coatepeque.
Sin embargo, a pesar de esas deficiencias, los servicios médicos que reciben los demandantes son buenos, después del fallo de la Corte IDH, dijo Calderón. Pero el problema es que la cobertura debe cubrir a todas las personas afectadas, en todo el país, y eso no sucede aún.
El impacto de la pandemia de covid-19
La emergencia sanitaria que causó el covid-19, a partir de 2020, afectó aún más la situación médica de los pacientes con VIH en el mundo y, claro está, también en Guatemala.
Sin embargo, en este país centroamericano, agujereado por la corrupción, la pandemia del covid-19 pudo ser una oportunidad para que funcionarios encubrieran malversación de fondos públicos, ha reportado la prensa de esa nación.
Medios locales han informado que la escasez de antirretrovirales se ha agudizado desde entonces y para abril de 2022 la situación era difícil en las 14 unidades de salud donde atienden casos VIH en el país.
“Afecta la corrupción que nos reina en el país, hubo dinero que lo destinaron para el covid-19, pero ni había medicamentos para el covid ni para las otras afecciones, entiéndase cáncer, VIH, enfermedad renal crónica, etc.”, dijo Calderón.
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En el vecino El Salvador, también hubo un periodo de desabastecimiento de dos meses de medicamentos contra el VIH.
“Fue un periodo corto, no hubo una buena planificación de compras y montamos una protesta de calle para presionar”, contó Francisco Ortiz, director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Prevención, Educación y Acompañamiento de la Persona VIH/Sida.
El asunto se resolvió pronto, dijo.
“La primera preocupación fue: no vamos a tener pastillas, porque por los cierres no las iban a poder comprar, no iban a venir los barcos ni aviones con los fármacos”, contó a IPS Roberto Martínez, una persona VIH, de 36 años.
Sin embargo, los medicamentos, una vez comprados, sí estuvieron disponibles en los centros de salud cercanos a la población, añadió Martínez, oriundo del municipio de Lolotiquillo, del departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador.
Y en los casos que no pudieron desplazarse hasta ahí, las organizaciones que trabajan en el área de VIH dispusieron un sistema de entrega domiciliar, que funcionó.
“La meta era que ninguno de nosotros se muriera en la pandemia”, comentó Martínez, cuya carga viral, que mide la presencia del virus en el cuerpo, es indetectable, dijo. Lo mismo sucede con los dos guatemaltecos que fueron parte de la demanda colectiva.
ED: EG
