RÍO DE JANEIRO – La violencia contra la mujer en Brasil se hizo más doméstica y practicada por exmaridos y exparejas, con un aumento atribuido a las políticas negativas del gobierno de extrema derecha (2019-2022), a la pandemia de covid-19 y otros factores.
Un promedio diario de 50 962 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en 2022, según el estudio “Visible e invisible: la victimización de las mujeres en Brasil” del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), basado en una encuesta con 2017 personas, masculinas y femeninas, en enero de 2023.
Durante todo el año sumaron 18,6 millones las víctimas de agresiones que varían del insulto verbal y persecución a ataques físicos y sexuales, a la estrangulación y el ataque a tiros o cuchillazos. La cifra corresponde a 28,9 % de las mujeres de 16 años o más, la cohorte de la investigación.
Hubo un gran aumento en relación a dos años antes, cuando 24,4 % de ellas sufrieron alguna forma de violencia.
“Todas las formas de violencia, sea física, sicológica o sexual, se gravaron. Otro factor relevante fue la reducción de la atención al tema por parte de los órganos públicos desfinanciados y disminuidos durante el gobierno de Jair Bolsonaro”: Juliana Brandão.
La pandemia fue uno de los múltiples factores de ese recrudecimiento, evaluó Juliana Brandão, una de las autoras del estudio, como investigadora sénior del FBSP. La covid-19 ya se había ablandado, ante la masiva vacunación desde el inicio de 2021, pero seguían las restricciones sanitarias forzando una mayor permanencia en casa.
La violencia practicada en el hogar aumentó de 43,3 % en 2020 a 53,8 % en 2022, mientras la callejera bajó de 39,1 % a 17,6%. Por primera vez los exconyugues o exparejas superaron los actuales maridos y novios en la encuesta hecha por FBSP desde 2017. Alcanzaron 31,3 % del total. La separación no evitó las agresiones.
Omisión estatal
“Todas las formas de violencia, sea física, sicológica o sexual, se gravaron. Otro factor relevante fue la reducción de la atención al tema por parte de los órganos públicos desfinanciados y disminuidos durante el gobierno de Jair Bolsonaro”, presidente de Brasil de 2019 a 2022, señaló Brandão a IPS desde la metrópoli de São Paulo.
“Bajó el presupuesto para contención de la violencia contra la mujer, se abandonó políticas específicas con una mirada distinta” de la del combate a otros delitos, acotó la investigadora graduada en Derecho, con doctorado en Derechos Humanos.
Eso se reflejó en el hecho de que la mayoría de las víctimas recurrió a la familia (127,3 %), a los amigos (15,6 %) que a los órganos públicos como la Comisaría de la Mujer (14 %) y al teléfono para denuncias a la policía (4,8 %) y a la Central de Atención a la Mujer (1,6 %).
La escasez de comisarías femeninas, presentes en solo cerca de 7 % de los 2570 municipios brasileños, limita la protección deseada, en este país sudamericano con 208 millones de habitantes y el quinto más extenso del mundo.
Además la extrema derecha en el poder con Bolsonaro generó un ambiente ultraconservador que “naturaliza toda la violencia contra la mujer”, con un Ministerio de la Mujer ajeno a la lucha por la igualdad de género e inclinado al “discurso de odio”, recordó Brandão.
“Los discursos conservadores y misóginos diseminados en las redes sociales, en las iglesias neopentecostales y otras religiones, con la prédica de la mujer sumisa y autorización de las autoridades del gobierno, repercuten en las familias”, corroboró Luanna de Souza, profesora de posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Pará.
Esa política “antimujer” contribuyó a la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre pasado. Una mayoría femenina votó por el opositor Luiz Inácio Lula da Silva que desde su posesión el 1 de enero trata de recomponer los órganos promotores de los derechos humanos, en especial de las mujeres, que ya había creado en su gobierno anterior (2003-2010).
Negras más pobres y agredidas
Además de una ministra de la Mujer, la activista de los derechos femeninos Aparecida Gonçalves, Lula restableció el Ministerio de la Igualdad Racial, poniendo al frente a otra lideresa de luchas sociales, Anielle Franco, hermana de Marielle Franco, cuyo asesinato en 2018 conmovió el país y tuvo repercusión internacional.
Y sancionó el 4 de abril una ley que fija que todas las comisarías de la mujer deben estar en servicio durante 24 horas incluso en los fines de semana, cuando ocurren la mayoría de los casos de violencia. En las comisarías comunes las víctimas deben de ser atendidas por una agente femenina.
La legislación fue una iniciativa del legislativo Congreso Nacional, pero en consonancia con las intenciones del nuevo gobierno.
La desigualdad racial favorece que las mujeres negras constituyan la mayoría de las víctimas de la violencia, 65,6 %, más del doble de las blancas, con 29 %, según el informe del FBSP. Esa proporción se repite en relación a los asesinatos, en un país donde 56 % de la población es negra o mestiza.
“La ampliación del hambre y la crisis económica, con más desempleo, provocaron más conflictos en las familias empobrecidas. Por eso la mayor parte de las víctimas son las mujeres negras, que son las más pobres”, observó Souza a IPS desde Belém, capital del norteño estado amazónico de Pará.
El estudio del FBSP no contempla los asesinatos de mujeres que alcanzaron 3930 en 2022, según el Monitor de la Violencia, un acompañamiento estadístico hecho por el G1, portal de noticias de Globo, el mayor grupo mediático de Brasil, en asociación con el FBSP y el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo.
Los homicidios tienen como víctimas a10 hombres por cada mujer, pero mientras su total, incluyendo blancos masculinos y femeninos, cayó 30,9 % desde 2017, en el caso de las mujeres la reducción se limitó a 13,7 %, según el Monitor.
La tendencia es mucho peor en feminicidios, los asesinatos de mujeres por razón de su género. Aumentaron 34,8 %, de 1046 en 2017 a 1410 en 2022.
Las distintas formas de violencia, como amenazas y agresiones físicas, “pueden culminar en el feminicidio”, sin los mecanismos de prevención y protección que se busca instituir, advirtió Brandão.
Medidas recomendables
Los datos apuntan la necesidad de políticas públicas, programas y presupuesto suficiente para combatir esos delitos. El FBSP recomienda especialmente medidas de prevención y asistencia a las víctimas.
Asegurar la acogida y escucha adecuada, ampliar los abrigos para mujeres amenazadas y sus dependientes, generar empleos y transferir renta a las mujeres pobres y sujetas a la violencia doméstica, promover campañas de prevención y fortalecer redes de protección son algunas de las recomendaciones.
La movilización de la sociedad es fundamental en esa batalla y para la defensa de los derechos de la mujer, coincidieron Brandão y Souza.
En Pará centenares de movimientos de distintos sectores, rurales, urbanos y ribereños fue decisivo para el pionerismo de ese estado de la Amazonia Oriental en la creación de las comisarías de la mujer y juzgados para la violencia doméstica.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se conoce como la Convención de Belém de Pará, donde se la aprobó en una Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en 1994.
El gobierno progresista presidido por Lula produjo la esperanza de cambios en ese tema, de que no haya más persecución a los movimientos femeninos y que género y sexualidad vuelvan a ser tema de las escuelas en los estados de gobiernos conservadores que los prohibieron, concluyó Souza.
ED: EG
