BRATISLAVA – «La gente quiere que aquí se liberalicen las leyes del aborto. La sociedad ha cambiado, incluso los políticos pueden verlo», afirma Kinga Jelinska, activista polaca por los derechos reproductivos. «En cuatro o cinco años, creo, las leyes del aborto aquí se liberalizarán, porque es lo que la gente apoya», anticipa.
Jelinska, miembro del colectivo Abortion Dream Team (Equipo del aborto soñado, ADT), que ofrece asistencia a las mujeres polacas que necesitan abortar, habló con IPS poco después de que su compañera activista y cofundadora de ADT, Justyna Wydrzynska, fuera condenada el 15 de marzo a ocho meses de trabajos comunitarios por dar píldoras abortivas a otra mujer.
Está decepcionada por la sentencia, pero, al igual que su colega, sigue decidida a continuar con su trabajo, según comentó desde Varsovia.
«El caso contra Justyna tuvo motivaciones políticas», dijo a IPS Mara Clarke, cofundadora de Supporting Abortions for Everyone (Apoyo al aborto para todos), señalando que la jueza del caso fue ascendida el mismo día en que dictó el veredicto y que se permitió al grupo fundamentalista cristiano Ordo Iuris desempeñar el papel de colaborador de la acusación en el juicio.
«Vamos a seguir adelante. El tribunal afirmó que Justyna era ‘culpable de ayudar’ a alguien a abortar. Bueno, tenemos que ayudarnos mutuamente en los casos en los que a la gente se le niega sistemáticamente el acceso a la atención médica”, añadió, también desde la capital polaca.
Jelinska, por su parte, remarcó que “sin personas como Justyna, las mujeres tienen que tomar sus propias decisiones (sobre el aborto), y pueden escoger una opción poco segura».
Es este apoyo público el que, según la activista, puede haber impedido que el tribunal condenara a la activista a una pena de cárcel.
«El caso de Justyna puso aún más de relieve el problema y las formas en que las mujeres pueden acceder a los servicios de aborto», afirmó Jelinska.
A su juicio, «la gente quiere tener acceso al aborto; las encuestas públicas lo demuestran. Nosotros también lo vemos en el trabajo que hacemos cada día». Añadió que durante el juicio de Wydrzynska, «la opinión pública se mostró abrumadoramente a favor de Justyna».
Activistas como Jelinska afirman que el juicio y la condena de Wydrzynska han puesto de relieve los problemas relacionados con el acceso al aborto en Polonia y los riesgos a los que se enfrentan a menudo las mujeres que necesitan someterse a este procedimiento y las personas a las que acuden en busca de consejo.
Polonia tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de aborto: solo se permiten las interrupciones del embarazo cuando la vida o la salud de la madre corren peligro, o si el embarazo es consecuencia de un acto delictivo, como una violación o un incesto.
Muchas mujeres polacas que desean abortar se autoadministran píldoras compradas por internet en el extranjero o viajan a países vecinos con una legislación favorable a los derechos reproductivos, como Alemania y la República Checa.
Otras se ponen en contacto con grupos como ADT para pedir ayuda. No es ilegal dar información sobre como interrumpir el embarazo, incluidos consejos sobre cómo comprar píldoras abortivas en línea.
En febrero de 2020, al comienzo de la pandemia de covid en Polonia, una mujer llamada Anya (un nombre ficticio), embarazada de 12 semanas y desesperada, se puso en contacto con ADT. Dijo que era víctima de violencia doméstica y que estaba considerando la posibilidad de viajar al extranjero para interrumpir su embarazo, ya que las píldoras que había pedido por internet tardaban demasiado en llegar.
Wydrzynska decidió darle a Anya sus propias pastillas, pero el paquete que envió fue interceptado por la pareja de Anya, que denunció lo ocurrido a la policía. Anya abortó más tarde.
Ahora Wydrzynska fue condenada en marzo de 2023 por un tribunal de Varsovia por «ayudar a abortar», un delito tipificado en la legislación polaca que conlleva una pena máxima de tres años de prisión, en lo que se cree que es la primera vez en Europa que una defensora de la salud sexual y reproductiva de la mujer es juzgada por ayudar a abortar.
La condena fue inmediatamente repudiada por activistas locales e internacionales, que afirmaron que el caso nunca debería haber llegado a los tribunales.
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«Nos decepcionó que Justyna fuera condenada. Nos alegramos de que no vaya a la cárcel, pero su juicio se ha prolongado durante un año, tiempo en el que muchas organizaciones internacionales, incluidos ginecólogos, han dicho que el caso debería abandonarse. Nunca debería haber llegado a juicio, y esto nunca habría ocurrido en otro país», afirmó Clarke.
Amnistía Internacional describió la sentencia del tribunal como «un deprimente punto bajo en la represión de los derechos reproductivos en Polonia».
«Esta sentencia va a tener un efecto escalofriante, y ya estamos viendo a mujeres preocupadas por lo que deberían hacer si se encontraran en la situación de necesitar un aborto», dijo a IPS Mikolaj Czerwinski, activista de Amnistía Internacional.
Otros creen que el juicio forma parte de una campaña más amplia del gobierno de extrema derecha y sus aliados religiosos conservadores para acabar con los derechos de las mujeres y las minorías, como la comunidad LGBTIQ.
El partido gobernante Ley y Justicia (PiS) lleva mucho tiempo siendo acusado por los críticos dentro y fuera de Polonia de suprimir sistemáticamente los derechos de las mujeres, y fue decisivo a la hora de impulsar un endurecimiento de la legislación sobre el aborto en 2021, que lo prohibía incluso en los casos en los que se diagnosticara al feto un defecto congénito grave.
Mientras tanto, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, ha planteado serias preocupaciones sobre la independencia judicial en el país bajo el PiS, ya que se considera que algunos órganos judiciales están bajo el control del partido gobernante.
Czerwinski afirmó que, tras el juicio, ahora se plantean «cuestiones sobre la independencia del poder judicial en Polonia y el impacto que [la falta de independencia] podría tener sobre los derechos de las mujeres, y los derechos humanos en general, en Polonia».
Sin embargo, aunque la condena de Wydrzynska sigue causando indignación, activistas como Jelinska y Clarke creen que el juicio soólo ha puesto de manifiesto lo alejado que está el gobierno polaco de la sociedad en lo que respecta a la legislación sobre el aborto.
Desde que en 2021 se endurecieron aún más las leyes sobre el aborto -una medida que fue recibida con protestas masivas en las calles-, las encuestas han mostrado un fuerte apoyo a la liberalización de las leyes sobre el aborto. En un sondeo de noviembre, 70 % de los encuestados respaldaba permitir interrupciones del embarazo a petición hasta las 12 semanas.
«La gente quiere tener acceso al aborto, las encuestas públicas lo demuestran. Nosotros también lo vemos en el trabajo que hacemos cada día», afirmó Jelinska, y añadió que durante el juicio de Wydrzynska «la opinión pública estaba abrumadoramente a favor de Justyna».
En otra encuesta de opinión pública realizada en febrero para Amnistía Internacional, 47 % de los encuestados afirmaron que habrían hecho lo mismo que Wydrzynska. La encuesta también reveló que la gente estaba abrumadoramente en contra del castigo por ayudar a acceder a un aborto en Polonia.
Mientras tanto, algunos políticos de la oposición han sugerido que, si llegan al poder, introducirán una legislación que permita el aborto a petición, señalando el apoyo público a tal medida.
En opinión de Jelinska, este apoyo público podría haber influido al tribunal para no condenar a la activista a una pena de cárcel.
«Este es un año electoral, y el gobierno sabe que sería un suicidio político condenarla a una pena más dura con tanta gente a favor de liberalizar el acceso al aborto», explicó.
También puede estar detrás del rechazo del Parlamento polaco, a principios de marzo, de un proyecto de ley, propuesto por un grupo antiabortista como iniciativa legislativa ciudadana en el marco de un procedimiento parlamentario especial, que habría penalizado incluso el suministro de información sobre abortos.
Los diputados del partido gubernamental votaron en contra, pero algunos afirmaron que no la apoyaban por miedo a que se avivaran las protestas a pocos meses de los comicios.
«Incluso ellos saben que eso habría sido ir demasiado lejos», dijo Czerwisnki.
El juicio, del que se informó ampliamente en Polonia y en los medios internacionales, también ha contribuido a dar a conocer el trabajo de grupos como ADT y otras organizaciones, como la red Abortos sin Fronteras, cuya línea de ayuda en Polonia ha triplicado el número de llamadas desde que comenzó el juicio.
«El caso de Justyna puso aún más de relieve el problema y las formas en que las mujeres pueden acceder a los servicios de aborto», afirmó Jelinska.
Czerwinski acotó que “si la condena pretendía desanimar a los activistas, parece que el tiro les ha salido por la culata”.
«Muchos activistas han recuperado fuerzas porque han visto a Justyna y su respuesta a la sentencia», dijo. «Son conscientes de los riesgos, pero al mismo tiempo no dejarán de ayudar a las mujeres», consideró.
Wydrzynska ha recurrido su condena e insiste en que no ha hecho nada malo. También ha prometido continuar con su activismo.
En declaraciones a la radio pública tras el juicio, dijo: «Aunque abandone el país, nunca dejaré de hacerlo. Del mismo modo, sé que hay miles de personas que harían lo mismo por mí».
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