GINEBRA – El gobierno y los rebeldes que luchan en la guerra civil siria obstruyeron la llegada de auxilios vitales para las víctimas del terremoto que asoló ese país y la vecina Turquía el pasado febrero, denunció este lunes 13 la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria.
“Aunque hubo muchos actos de heroísmo en medio del sufrimiento, también fuimos testigos de un fracaso generalizado por parte del gobierno y la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para dirigir rápidamente el apoyo vital a los sirios que más lo necesitan”, dijo Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión
El terremoto de 7,8 grados Richter que el 6 de febrero sacudió el sureste de Turquía y el noroeste de Siria causó más de 48 000 muertes en territorio turco y más de 6000 en el lado sirio, decenas de miles de heridos y centenares de miles de familias damnificadas por la enorme devastación sobre edificios y otras infraestructuras.
Inmediatamente después del terremoto –que además tuvo réplicas-, el gobierno sirio del presidente Bashar al Asad tardó una semana completa en dar su consentimiento para el acceso transfronterizo de ayuda para salvar vidas, según la Comisión.
También el opositor Ejército Nacional Sirio (SNA en inglés, apoyado por Turquía según medios regionales) impidió la ayuda transfronteriza a las comunidades afectadas, de acuerdo con el informe divulgado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en esta ciudad suiza.
Por su parte, la milicia islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que actúa en el noroeste de Siria golpeado por el terremoto, rechazó el acceso de la ayuda transfronteriza proveniente de Damasco.
“Los sirios ahora necesitan un alto el fuego integral que se respete plenamente para que los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, estén seguros”, dijo Pinheiro.
Expuso que “incomprensiblemente, debido a la crueldad y el cinismo de las partes en conflicto, ahora estamos investigando nuevos ataques incluso en las mismas áreas devastadas por los terremotos”.
Entre ellos incluyó al el ataque israelí el 7 de marzo contra el aeropuerto de la norteña ciudad de Alepo, un conducto para el arribo de la ayuda humanitaria.
Los contendientes en Siria, insistió la Comisión, no lograron llegar a un acuerdo sobre una pausa inmediata de las hostilidades, y no permitieron ni facilitaron la ayuda para salvar vidas a través de ninguna ruta disponible, incluidos los equipos de rescate en la primera semana vital después del terremoto.
Los sirios “se sintieron abandonados y desatendidos por quienes se suponía que debían protegerlos, en los momentos más desesperados. Muchas voces piden con razón que se investigue y se rindan cuentas”, dijo Pinheiro.
El también comisionado Hanny Megally dijo que “dado que la ayuda ahora finalmente está aumentando, es más importante que nunca que consientan en que la ayuda humanitaria imparcial se entregue sin obstáculos a quienes la necesitan”.
El informe de la Comisión llega cuando ya cumple 12 años el conflicto sirio, con un costo de alrededor de 400 000 vidas –más de un tercio civiles-, la migración forzosa de más de seis millones de personas, y el desplazamiento interno de una cantidad similar, además de los cuantiosos daños materiales.
En los meses previos al terremoto, dice el informe, las partes del conflicto en Siria cometieron abusos y violaciones generalizadas.
Comunidades enteras han sido destruidas, y la ONU estima que unos cinco millones de personas necesitan alojamiento básico y asistencia no alimentaria en la parte siria de la zona del terremoto.
Ya antes de los terremotos de febrero, 15 millones de sirios, más que en ningún otro momento desde el comienzo del conflicto, necesitaban asistencia humanitaria.
La Comisión documentó el aumento de la inseguridad en zonas controladas por el gobierno, y la persistencia de encarcelamientos arbitrarios, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas. Las violaciones de los derechos de propiedad incluyeron embargos, subastas y prohibiciones de acceso a la propiedad
Los civiles que vivían en el noroeste afectado por el terremoto estuvieron expuestos a ataques mortales en los meses anteriores al sismo y las fuerzas gubernamentales atacaron campamentos de civiles desplazados, con decenas de muertos y heridos.
En el noreste, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, en inglés) lideradas por los kurdos –etnia que se distribuye entre Irán, Iraq, Turquía y Siria- retienen ilegalmente a 56 000 personas, principalmente mujeres y niños, con presuntos vínculos familiares con los combatientes del autodenominado Estado Islámico, indicó el reporte.
Al oeste de Alepo, las facciones HTS y SNA detienen arbitrariamente y torturan a personas, restringen libertades fundamentales, cometen saqueos y tomas de rehenes, y la Comisión investiga ejecuciones por fusilamiento practicadas por HTS.
Además, los grupos armados en las áreas afectadas por el terremoto han restringido regularmente los derechos de las mujeres y las niñas.
“Hoy en día, la mayoría de las personas sin refugio en esas áreas son niñas y mujeres, muchas de las cuales son cabeza de familia, y el aumento de la ayuda debe tener en cuenta el impacto de género de la crisis”, dijo la comisionada Lynn Welchman.
A finales de este mes la Comisión entregará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y el secretario general, António Guterres, prevé informar a la Asamblea General de la organización sobre el tema de las personas desaparecidas en Sira.
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