BRATISLAVA – Mientras se anuncia la creación de un centro internacional en La Haya para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, los grupos implicados en su documentación afirman que debe producirse un cambio fundamental en la forma en que el mundo reacciona ante las atrocidades en escenarios bélicos.
Desde que Rusia invadió Ucrania hace casi un año, se han denunciado decenas de miles de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras.
Sin embargo, aunque los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de estos presuntos crímenes han recibido un apoyo sin precedentes a nivel internacional, las decenas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para documentarlos afirman que esta guerra, más que ninguna otra, ha puesto sobre la mesa la importancia de revisar el enfoque de los organismos mundiales y de cada uno de los Estados respecto a los crímenes de guerra.
“El mundo entero y todas sus naciones deben darse cuenta de que es necesaria una rápida respuesta global a las atrocidades, de que todas las naciones tienen que establecer formas de documentar los crímenes de guerra y sacar a la luz los crímenes y a quienes los cometieron», dijo Roman Avramenko, director general de la organización ucraniana Truth Hounds, que está documentando los crímenes de guerra en el país.
Resaltó a IPS que “lo que vemos ahora es el resultado de la inactividad. Llevamos ocho años hablando de crímenes de guerra, esto empezó hace mucho tiempo. Cuando no se investigan los crímenes y no se exigen responsabilidades por ellos, se producen mayores atrocidades y violencia».
Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, ha habido un flujo incesante de denuncias de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. a principios de este mes, funcionarios ucranianos dijeron que se habían registrado más de 65 000 crímenes de guerra rusos desde el comienzo de la invasión.
Entre los presuntos crímenes figuran violaciones, asesinatos en masa, torturas, secuestros, deportaciones forzosas, así como ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles, entre otros.
La condena de estos crímenes ha sido generalizada, al igual que el apoyo a su investigación.
En marzo y abril del año pasado, más de 40 Estados denunciaron a Rusia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, mientras que unos meses más tarde, muchos de ellos declararon su apoyo a Ucrania en su proceso contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, esta parte de las Naciones Unidas.
“Ha habido una movilización sin precedentes entre los países que exigen justicia para Ucrania», dijo a IPS Rachel Denber, subdirectora de la División de Europa y Asia Central de la organización internacional Human Rights Watch.
Sin embargo, aunque este apoyo ha sido bien recibido en Ucrania, grupos como Truth Hounds y otros quieren que se convierta en enjuiciamientos efectivos que actúen como elemento disuasorio para futuras agresiones de Rusia, o de cualquier otro Estado, según constató IPS en entrevistas a activistas humanitarios desde Bratislava, capital de Eslovaquia.
“Rusia no fue castigada por anteriores violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, lo que le ha llevado a continuar con una política exterior agresiva en todo el mundo», afirmó Roman Nekoliak, coordinador de Relaciones Internacionales de la organización ucraniana Centro para las Libertades Civiles, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2022.
“La ONU y los Estados participantes deben resolver el problema de la ‘brecha de responsabilidad’ y ofrecer una oportunidad de justicia a cientos de miles de víctimas de crímenes de guerra. Sin esto, la paz sostenible en nuestra región es imposible. Hay que crear un tribunal internacional y llevar ante la justicia a (el presidente ruso Vladimir) Putin, (el presidente bielorruso Alexandr) Lukashenko y otros criminales de guerra», dijo a IPS.
Líderes internacionales y expertos en crímenes de guerra han destacado la necesidad específica de procesar a altos cargos rusos por el crimen de agresión. A menudo se hace referencia a este crimen como la «madre de todos los crímenes» porque todos los demás crímenes de guerra se derivan de este primero de agredir a otro país.
Pero es difícil llevar ante la justicia a las personas que están detrás de un crimen de este tipo. El Estatuto de Roma, en el que se basa la CPI, define el crimen como la «planificación, preparación, iniciación o ejecución» por parte de un dirigente militar o político de un acto de agresión, como una invasión de otro país.
Los fiscales ucranianos y europeos colaboran en la investigación de crímenes de guerra, pero no pueden actuar contra altos cargos extranjeros, como jefes de gobierno y de Estado, debido a las leyes internacionales que les otorgan inmunidad.
Puede leer aquí la versión en inglés de IPS.
Mientras tanto, la CPI no puede procesar a dirigentes rusos porque ni Rusia ni Ucrania han ratificado el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 en la capital italiana, que da vida a este tribunal de justicia internacional, nacido para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio, agresión y lesa humanidad.
El Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir un caso respecto a crimines de guerra en Ucrania, pero Rusia bloquearía esa remisión, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho de veto sobre cualquier resolución de este tipo.
De hecho, en 2014, Rusia y China vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría remitido a la CPI la situación en Siria, donde más tarde se acusó a las tropas rusas de haber cometido crímenes de guerra.
“Sería un error decir que Occidente no reaccionó (a los crímenes de guerra rusos en Siria), pero lo que están viendo ahora es que lo que ocurrió allí está ocurriendo de nuevo en Ucrania, y que continuará en otros lugares si no se detiene ahora la agresión rusa”, dijo Olga Ajvazovska, de la red de la sociedad civil ucraniana Opora, que también está documentando los crímenes de guerra.
“La sociedad internacional también entiende ahora que necesitamos desarrollar organismos internacionales estables que tengan una forma de detener la agresión sistemática rusa”, añadió.
Se han planteado varias soluciones al problema de llevar ante la justicia a altos cargos rusos.
Ucrania quiere que se cree un tribunal especial similar a los establecidos para los crímenes de guerra en Ruanda y la antigua Yugoslavia, y a principios de febrero, los fiscales ucranianos dijeron que creían estar cerca de conseguir el apoyo de Estados Unidos para establecer un tribunal especial para enjuiciar los crímenes de agresión de Rusia.
Por otra parte, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, anunció este mes la creación en La Haya de un centro internacional para el enjuiciamiento del crimen de agresión en Ucrania.
Pero los funcionarios de la CPI se oponen a la creación de un tribunal especial, por temor a que pueda fragmentar los esfuerzos para investigar los crímenes de guerra en Ucrania, y han instado a los gobiernos a que apoyen sus continuos esfuerzos en esa dirección.
Mientras tanto, la documentación e investigación de los crímenes de guerra continúa, y los participantes en ello están convencidos de que su trabajo ayudará a que finalmente se haga justicia.
Señalan que están trabajando muy estrechamente con fiscales locales e internacionales, así como con la CPI, y que la experiencia adquirida en la documentación de crímenes de guerra en Ucrania antes de la invasión del año pasado, así como en el estudio de las investigaciones sobre crímenes de guerra en otros países, ha demostrado ser muy valiosa para garantizar la eficacia de su trabajo.
Truth Hounds, por ejemplo, se creó justo después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el inicio del conflicto en la región de Donbass, en el este del país, por el intento de anexión de Moscú.
En la guerra de Georgia de 2008, ambas partes denunciaron violaciones del derecho humanitario y crímenes de guerra. Sin embargo, la investigación de los mismos se llevó a cabo con un apoyo limitado de los socios internacionales, y no fue hasta 2016 cuando la CPI se involucró.
“A lo largo de ocho años, puede perderse información significativa, y esta es exactamente la razón por la que los crímenes de guerra en Ucrania deben ser documentados constantemente, como nosotros, y varias otras organizaciones y socios internacionales, estamos haciendo”, dijo Nekoliak.
Hasta ahora, la CPI solo ha emitido tres órdenes de detención contra hombres acusados de crímenes de guerra relacionados con el conflicto de Georgia.
La propia naturaleza de la guerra también les está ayudando a reunir pruebas convincentes de una forma que quizá no haya sido posible en ningún conflicto anterior.
“Estamos en la era digital y el ciberespacio está mucho más desarrollado que hace 20 años. Se pueden ver en tiempo real, todos los días, los crímenes que se cometen, los bombardeos, las personas que mueren bajo los edificios destruidos, se pueden oír sus gritos”, detalló Ajvazovska.
Añadió que “hoy en día es mucho más fácil encontrar a alguien gracias a la tecnología; por ejemplo, las imágenes por satélite u otros datos pueden ayudar a identificar qué soldados se encontraban en un lugar determinado en un momento determinado cuando supuestamente se cometió un crimen de guerra».
Los activistas humanitarios consultados creen que estos elementos, junto con la atención internacional que sigue prestándose al conflicto y el fuerte deseo de los propios ucranianos de que se rindan cuentas por los crímenes cometidos contra ellos, ayudarán a llevar ante los tribunales, en algún momento, incluso a los dirigentes rusos de más alto nivel.
Los juicios de personas implicadas en las guerras de la antigua Yugoslavia, la condena por crímenes de guerra en 2012 del expresidente de Liberia, Charles Taylor, o el juicio el año pasado de Félicien Kabuga por el genocidio de Ruanda de 1994 “demuestran que, por mucho que pase el tiempo, el castigo sigue siendo inevitable», afirmó Nekoliak.
Y, a su juicio, los criminales de guerra rusos correrán la misma suerte.
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