LA HAYA – La situación de las personas venezolanas que buscan protección en la vecina isla neerlandesa de Curazao no ha mejorado en los últimos dos años, indicó un informe presentado este martes 7 por Amnistía Internacional (AI).
Dagmar Oudshoorn, directora de la organización humanitaria en Países Bajos, dijo que “vemos los pasos que han dado las autoridades de Curazao para mejorar la situación de los derechos humanos de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao. Pero no son suficientes”.
Las autoridades curazoleña “deben redoblar sus esfuerzos y el Reino de los Países Bajos debe prestar su apoyo a tal fin”, planteó Oudshoorn.
Según AI, unas 17 000 personas venezolanas viven en una situación irregular en esta isla a 50 kilómetros de la costa noroeste de Venezuela, de 444 kilómetros cuadrados y 170 000 habitantes, de medio centenar de distintos orígenes nacionales o étnicos.
Una cantidad similar de venezolanos vive en la vecina isla de Aruba, también de soberanía neerlandesa, según la entidad R4V, creada por agencias de las Naciones Unidas para canalizar la cooperación con los migrantes venezolanos y con las comunidades de acogida en los países de la región.
De los 7,1 millones de venezolanos que migraron, sobre todo en los últimos 10 años, seis millones están en suelo latinoamericano y caribeño. Hay 2,5 millones en Colombia, 1,5 millones en Perú, medio millón en Ecuador, 444 000 en Chile, 388 000 en Brasil y 171 000 en Argentina, según las cifras de R4V al cierre de 2022.
En octubre de 2021 AI produjo un informe, “Sin seguridad todavía”, en el que denunció, de parte de las autoridades curazoleñas, “violaciones de derechos humanos como la detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, la negación de su derecho a pedir protección y devoluciones” de venezolanos a su país.
En su nuevo informe, “Pocas mejoras en la protección de las personas venezolanas”, AI hizo seguimiento, durante más de un año, a los casos de cuatro hombres y una mujer que había estudiado para su reporte de 2021.
Concluye que su situación en el último año no solo no mejoró, sino que empeoró, como en el caso de Yusmary, quien estuvo en detención relacionada con la inmigración durante cinco meses, o el de José, quien, después de estar detenido casi un año entre 2020 y 2021, aún no tenía noticias de su solicitud de asilo.
“Me siento encerrado todavía a pesar de que ya no estoy en la prisión. No quiero quedarme en Curazao. Quiero ir a otro país y pedir asilo allí”, dijo José.
Oudshoorn dijo que “a pesar de los pequeños pasos que han dado las autoridades de Curazao, continúan negando protección a las personas venezolanas, entre ellas niños y niñas, y las siguen deteniendo automáticamente en condiciones inhumanas”
Entre los “pequeños pasos” está el establecimiento de un procedimiento que ha mejorado las entrevistas destinadas a evaluar las necesidades de protección internacional que alegan los venezolanos.
Pero “sigue siendo difícil acceder a este procedimiento porque las autoridades no garantizan el acceso a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de inmigración”, según AI.
“Ni una sola persona ha recibido protección desde la introducción de este procedimiento, pues las autoridades consideran que las personas venezolanas no tienen necesidades de protección ni corren peligro si son devueltas a su país”, de acuerdo con el informe de la oenegé.
En la práctica, el procedimiento se usa como vehículo para denegar las solicitudes de protección, lo que es contrario a su propia finalidad, destacó AI.
Aún no hay centros de acogida abiertos para quienes solicitan protección, y aunque existe un nuevo “cuartel de los extranjeros” (el centro de detención ubicado en el interior del Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou), quienes solicitan protección, incluidos menores de edad, siguen siendo detenidos sin revisión judicial.
Con ello se viola el derecho internacional de los derechos humanos, según AI.
“La detención automática y las condiciones inhumanas en el cuartel de los extranjeros, como la reclusión en una celda la mayor parte del día y la ausencia de actividades lúdicas, son disuasorias para quienes inician el procedimiento de protección o siguen su tramitación”, abundó el reporte.
Según AI, “las autoridades deben establecer un procedimiento de asilo justo y efectivo que cumpla las normas internacionales, y garantizar el acceso al mismo”.
Además deberían “con carácter urgente”, poner fin a la detención automática de las personas que buscan protección y “dejar de detener a niños y niñas, pues la detención de éstos nunca atiende a su interés superior”.
Finalmente, el gobierno de Países Bajos –a cargo de la defensa y relaciones internacionales de las que fueron sus colonias en el Caribe- “debe evaluar los riesgos en materia de derechos humanos del apoyo que presta a las autoridades de Curazao y establecer unos criterios vinculantes en relación con estos derechos”, concluye AI.
A-E/HM
