RÍO DE JANEIRO – Poco a poco se desnuda la naturaleza de la relación entre las Fuerzas Armadas y el expresidente Jair Bolsonaro, incluyendo sus intentos de suprimir la democracia en Brasil por medio de un intento de golpe de Estado, utilizando a sus seguidores más radicales u otros artificios.
Se acumulan evidencias de la conspiración castrense disimulada contra la presidencia en manos de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), inaugurada el 1 de enero, tras gobernar el país entre 2003 y 2010.
Pero ninguna autoridad se atreve, públicamente, a acusar a los generales de complicidad en los intentos de golpe, el último ocurrido el 8 de enero con la invasión por cientos de bolsonaristas radicales de las sedes de los Tres Poderes democráticos en Brasilia.
La jefatura del Ejército impidió que la policía del Distrito Federal pusiese fin al campamento de bolsonaristas que ocuparon el área restringida delante del Cuartel General del Ejército desde el 1 de noviembre, llamando a una intervención militar para impedir la toma de posesión de Lula y luego su deposición.
De allí salió la mayor parte de los vándalos que invadieron y destruyeron las sedes de la presidencia, del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, el 8 de enero. Ni tan siquiera después de esa acción golpista los militares permitieron el desalojo de la turba golpista.
El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, suspendido de sus funciones por el Supremo Tribunal Federal ante los indicios de su omisión o connivencia con la violencia del 8 de enero, dijo que ordenó la remoción del campamento el 29 de diciembre, pero el Ejército bloqueó su ejecución.
El excomandante de la Policía Militar local, Fabio Vieira, preso además de destituido del cargo, corroboró lo dicho por su exjefe y declaró que sus tres intentos de desalojar los bolsonaristas se frustraron ante el veto de los militares que tampoco permitieron la detención de quienes participaron en la invasión y destrozo de los edificios públicos.
Videos hechos públicos revelaron que un coronel del Ejército obstaculizó la detención de invasores dentro del Palacio del Planalto, cuando la Policía Militar logró contener la destrucción de la sede de la Presidencia y trataba de arrestar los invasores en flagrante delito.
Varios oficiales retirados y familiares de militares de alto rango fueron identificados entre los invasores de los tres poderes del Estado.
En la noche del 8 de enero, el Ejército desplegó un refuerzo de soldados y vehículos de combate para proteger el campamento de los bolsonaristas, cuando la policía del Distrito Federal pretendió detener allí a las personas que habían participado de las invasiones.
Incubadora del golpe
Solo en la mañana siguiente la policía pudo desarmar lo que el ministro de Justicia, Flavio Dino, denominó “la incubadora de terroristas”, el campamento que durante 70 días estuvo conspirando contra la democracia y llamando los militares a “intervenir” para evitar la presidencia de Lula, antes y después de su juramentación.
Un total de 1398 personas quedaron detenidas en Brasilia, después de ser liberados los ancianos que participaron en la algarada. Pero otros centenares fueron interrogados y registrados como sospechosos de actos criminales. Los videos, en muchos casos grabados y divulgados por los mismos invasores de las sedes allanadas, permiten identificar a muchos de ellos.
Es previsible que las denuncias, el intercambio de acusaciones y los intentos de echar la culpa a otros se intensificarán, mientras la Justicia, especialmente el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, trata de identificar los financiadores, los articuladores y los autores intelectuales del intento de golpe del 8 de enero.
Autoridades de Brasilia en el callejón
En situación más vulnerable quedaron las autoridades del Distrito Federal, ya que le toca a sus fuerzas policiales cuidar de la seguridad en Brasilia, especialmente de las cercanas sedes de los tres poderes democráticos.
El exsecretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, que hasta el 31 de diciembre fue el ministro de Justicia de Bolsonaro, está detenido desde que volvió de Estados Unidos el 14 de enero, igual que el excomandante de la Policía Militar. El gobernador solo fue suspendido del cargo por 90 días, pero deberá responder a varias investigaciones.
Pero el nudo de la crisis política son las Fuerzas Armadas. Siempre fueron un componente central del poder en el gobierno de Bolsonaro, y decisivos en su triunfo electoral de 2018. Hay una simbiosis entre la institución y el líder de la extrema derecha, el mismo un capitán retirado del Ejército.
La gran ventaja de Bolsonaro en el triunfo electoral de 2018, con 57,8 millones de votos, y los 58,2 millones obtenidos en la segunda vuelta en octubre de 2022, con un discurso francamente favorable a la dictadura militar de 1964-1985 representó, para las Fuerzas Armadas, una redención.
Fue el rescate de una dignidad ofendida durante mas de tres décadas de redemocratización, el triunfo del resentimiento acumulado.
Pero los militares tienen una forma atávica de ejercer su poder, siempre con ambigüedades. Es el “Poder camuflado”, título del libro del periodista Fabio Victor, publicado en noviembre, sobre la acción política de los militares desde el fin de la dictadura en 1985.
Casi nunca ejercen el poder o asumen posiciones abiertamente. Sus manifiestos son siembre ambiguos, disimulados. Tratan de eludir las restricciones a su participación política, de evitar puniciones disciplinarias, expresándose a través de colegas retirados, de discursos codificados.
El gobierno turbulento de Bolsonaro los obligó muchas veces a asumir riesgos. Es así que miles de militares ocuparon funciones en el gobierno y un general asumió el Ministerio de la Salud en el peor momento de la pandemia de covid-19, una misión temeraria para alguien sin conocimientos de epidemiología.
Peor para las Fuerzas Armadas que sufrieron los efectos del desastre en la gestión sanitaria, agravados por hacerse compradoras y distribuidoras de cloroquina, el medicamento que solo charlatanes recomendaban para combatir la covid-19.
En las elecciones de octubre, el Ejército tuvo que asumir un papel totalmente inadecuado para los militares, el de cuestionar la credibilidad del sistema electoral brasileño, electrónico desde 1996, respetado internacionalmente y que nunca registró ninguna sospecha siquiera de fraude.
Incluido entre las instituciones que evaluaron el sistema, el grupo de oficiales del Ejército empezó por tergiversar, no divulgar ninguna evaluación tras la primera vuelta del 2 de octubre, al contrario de otras organizaciones invitadas. Dejó para divulgar sus conclusiones para después de la segunda vuelta, provocando tensiones con ello.
Al final emitió una nota no conclusiva, de que no se pudo identificar fraudes pero que el sistema es vulnerable. Dejó así abierta la ventana para que los bolsonaristas siguieran atacando como fraudulento el triunfo de Lula y justificando los actos golpistas y los campamentos conspiradores delante de los cuarteles.
Matriz de la extrema derecha
Las Fuerzas Armadas son la matriz de la extrema derecha, especialmente por el poder ejercido durante la última dictadura, en que Brasil vivió un acelerado proceso de crecimiento económico, urbanización y multiplicación de las capas medias.
Consolidó un profundo anticomunismo en el imaginario popular, creencia que hoy se extiende a cualquier política social, lucha contra injusticias o desigualdades. Hasta hoy los generales celebran el golpe de Estado de 1964 como un hito de la democracia, la derrota del comunismo.
Un rechazo absoluto a Lula, justificado por el escándalo de corrupción que llevó el presidente a 580 días de prisión entre 2018 y 2019, disfraza la intolerancia a cualquier izquierdista. Puede que haya excepciones, así como en relación a simpatía por Bolsonaro, pero se trata de un sentimiento general, cultivado en casi dos siglos de la historia castrense.
En Brasil las fuerzas armadas ya nacieron politizadas y protagonizaron seguidos golpes e intentos. La misma República nació de un golpe militar en 1889. Desde entonces proliferaron grupos políticos dentro de los cuarteles, hasta la unificación en la extrema derecha tras el golpe de 1964.
Bolsonaro representó la oportunidad de vuelta al poder de las fuerzas que encabezaron la dictadura. El intento de ejercerlo en un cuadro institucional democrático produjo la tragedia actual y de los últimos cuatro años.
La dificultad es como desactivar esa bomba construida durante más de un siglo, que se acostumbró a ser no un poder moderador, sino una fuerza de última instancia, históricamente antidemocrática al contrario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para las cuales democracia es vital para la nación y su proyección internacional.
Es así aunque en nombre de la libertad hayan cometido muchas atrocidades en el mundo, incluso imponiendo dictaduras. ¿Pero que fuerza tendría Estados Unidos sin democracia interna?
ED: EG
