LIMA – La transición energética es una necesidad con la que están de acuerdo los sindicatos en Perú ante la evidente crisis climática global. Pero demandan que sea un proceso justo que no prive de sus empleos a los trabajadores y que una vez más «la pita (cuerda)» no se rompa por el lado más débil, el suyo.
Así lo señaló en entrevista con IPS Ibis Fernández, responsable del Departamento de Ecología y Medioambiente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, fundada en 1929 y que incluye como parte de sus principios la defensa del ambiente y los recursos naturales.
Este país sudamericano es uno de los más expuestos al cambio climático al presentar siete condiciones de vulnerabilidad de las nueve que señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), como contar con zonas áridas o semiáridas, costeras bajas, ecosistemas de montaña frágiles, áreas expuestas a sequias, desertificación, inundaciones, entre otras.
Esta preocupación respecto al cambio climático se asumió con fuerza en la CGTP durante la 20 Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que acogió Lima en 2014 y fue la antesala de la aprobación del Acuerdo de París al año siguiente, en la capital francesa.
“Era un tema nuevo para la agenda laboral. La articulación con otros movimientos sociales de jóvenes, pueblos indígenas, mujeres, con quienes constituimos el Grupo Perú Ambiente y Clima, nos permitió avanzar en una reflexión importante para nosotros como trabajadores y trabajadoras”, recordó la dirigente sindical.
En paralelo a la reunión oficial de la CMNUCC en Lima, se realizó la Cumbre de los Pueblos, espacio de confluencia de movimientos sociales, que demandaron a los Estados el cambio del modelo económico capitalista basado en la extracción de materias primas, para frenar el cambio climático y salvar el planeta.
“Esa cumbre marcó un hito, fuimos unas 30 000 personas del mundo manifestándonos. Para nuestra central sindical también lo fue, junto con una delegación de diversos representantes sociales, entregamos nuestra agenda laboral en medioambiente y cambio climático” al presidente de la COP20, el entonces ministro del Ambiente, Javier Pulgar Vidal,
Este acuerdo de carácter vinculante busca que los países promuevan un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, transiciones energéticas hacia economías bajas en carbono a fin de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2,0° C en relación a los niveles preindustriales y limitarla a los 1,5° C.
Para lograrlo es indispensable que este país de 33 millones de personas avance al igual que el resto del mundo, en un cambio en los modelos de producción, distribución y consumo de energía, dejando atrás los combustibles fósiles, los mayores responsables de los gases de efecto invernadero (GEI) que recalientan el planeta.
“Ahora hablamos ya de transición justa y justicia climática. No son conceptos nuevos, vienen de hace años atrás y se han ido enriqueciendo con los aportes de los diferentes colectivos a nivel global. Y en nuestro caso, nos ha permitido sustentar nuestra agenda laboral frente al calentamiento global y los efectos del cambio climático”, sostuvo Fernández.
Trabajo digno, parte de una transición justa
Fernández explicó que para la CGTP una transición justa significa el cambio de la matriz energética y del modelo de desarrollo vigente para poder sobrevivir “porque no tenemos un planeta B” y cuestiona posiciones negacionistas como las que representa el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el saliente de Brasil, Jair Bolsonaro.
“Pasa por asegurar trabajo digno, empleo decente, libertad de organización de los trabajadores en sus sindicatos, garantía de sus derechos fundamentales como negociación colectiva, huelga, acceso a salud, dialogo social vinculante. En suma, que nadie se quede atrás”, precisó.
En esa perspectiva, la central sindical, que cuenta con 1,8 millones de afiliados, ha venido realizando una labor pedagógica entre sus agremiados sobre los impactos de avanzar hacia otras formas de producir energía que no sean dependientes de combustibles fósiles.
“Los trabajadores estamos de acuerdo con la transición energética, es necesaria y vital para la vida, la humanidad, el planeta y la naturaleza. Pero necesitamos que como país tengamos un plan de cómo hacer este camino para evitar que nos quedemos sin empleo, sobre todo en los sectores minero, petrolero, pesquero”, dijo.
Sin política clara para la transición energética
Henry Córdova, coordinador nacional del no gubernamental Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, afirmó a IPS que Perú carece de una política clara sobre transición energética pese a las declaraciones y compromisos oficiales.
En enero, el presidente izquierdista Pedro Castillo y su gabinete ministerial aprobaron el Decreto Supremo N° 003-2022, que declaró de interés nacional la emergencia climática, lo que confiere un carácter prioritario a afrontarla.
La norma ratifica el compromiso peruano en el marco del Acuerdo de París de reducir en 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, mediante 62 medidas de mitigación y 92 de adaptación “a fin de contribuir a la reactivación de la economía, reducir las brechas socioeconómicas y la pobreza”.
El decreto le da así “carácter de urgencia” a cumplir esas medidas que conforman la actualización de la contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) de Perú para afrontar la crisis climática. Las voluntarias NDC son la base del Acuerdo de París en la contención del incremento de las temperaturas.
Córdova lamentó que pese a esa importante declaración y a que la Estrategia Nacional de Cambio Climático menciona el uso de energía renovable y limpia, no existen investigaciones sobre las cuales tomar decisiones de política pública.
“No se ha producido información por ejemplo sobre cómo aprovechar la energía solar, eólica o geotérmica; tampoco conocemos las necesidades de energía según la realidad específica de nuestros territorios que son tan diversos”, alertó.
Consideró que es una buena noticia es que la NDC peruana establezca una ambiciosa reducción de 40 % en las emisiones de gases de efecto durante esta década. Pero se quejó de que en la práctica no se hacen esfuerzos reales para concretar ese compromiso.
“No hay metas claras, indicadores, presupuesto para hacer realidad el compromiso climático porque para eso se necesitan condiciones habilitantes que no son atendidas. Una investigación que hicimos reveló que de las 62 medidas de mitigación previstas en el 2018, solo 16 reunían esas condiciones necesarias”, reveló.
Planteó la puesta en marcha de una transición energética con justicia climática y ambiental para que no sea un proceso desde la lógica del desarrollo económico basado en el provecho de unos cuantos.
“Y debe ser justa y popular para no pasar de una matriz energética de hidrocarburos a otra limpia que es aprovechada por sectores privados mientras se mantienen brechas en perjuicio de sectores en mayor vulnerabilidad”, agregó.
Un informe publicado el 3 de noviembre por el Banco Mundial indica que Perú podría incrementar su producto interno bruto (PIB) en 2 % para el 2030 y en 10 % para el 2050 aprovechando sus recursos como bosques, tierras, cobre, con políticas de descarbonización que apuntalen una economía verde.
Para Fernández, la dirigente de la CGTP, el concepto de transición verde está vaciado de contenido en el actual contexto de hegemonía del modelo económico neoliberal.
“Que se llame verde no significa que esté a favor del medioambiente, son falsas soluciones como los mercados de carbono donde los platos rotos los pagaremos trabajadores, pueblos indígenas”, subrayó.
Argumentó que la transición hacia el uso de energía eólica o solar, debe ser parte de un diseño en el que los trabajadores participen activamente.
“Un país no camina sin trabajadores, eso lo evidenció la pandemia. Una transición justa debe ser construida con participación de los trabajadores y el conjunto de la sociedad, como parte de un proyecto país que nos comprometa al largo plazo y que los sucesivos gobiernos asuman”, recalcó.
ED: EG
