SAN SALVADOR – Pese a la lucha de colectivos feministas y a los llamados y resoluciones de organizaciones de derechos humanos para que se despenalicen las muy severas leyes antiaborto, la mayor parte de América Central continúa criminalizando a las mujeres por la interrupción del embarazo.
Y entre ellos, El Salvador mantiene su posición extrema, la de encarcelas por largas condenas y arruinar sus vidas.
Los casos más recientes son, en este país, los de Lesly Ramírez, una joven de 21 años condenada el 29 de junio a 50 años de cárcel, tras ser acusada de homicidio agravado. Ello pese a que ella insistió en que sufrió una emergencia obstétrica que desembocó en un aborto espontáneo, sufrido 2020.
Esa es la pena más severa impuesta hasta ahora a una mujer por ese tipo de casos.
Además, el 9 de mayo, fue condenada a 30 años “Esme”, como se conoce a la joven que también experimentó una interrupción involuntaria de su gestación en 2019. Fue a buscar ayuda médica y ahí fue denunciada por el personal hospitalario.
“Yo desperté en la cama del hospital esposada, para mí fue bien duro, creo que fui la tercera persona que entraba a la cárcel por esa situación”, contó a IPS la salvadoreña Zuleyma Beltrán, ahora de 40 años, en lo que retrata la pesadilla que soportan las mujeres salvadoreñas cuando buscan atención médica por una emergencia obstétrica.
Ella tenía 17 años cuando fue detenida y encarcelada, en agosto de 1999.
“Yo desperté en la cama del hospital esposada, para mí fue bien duro, creo que fui la tercera persona que entraba a la cárcel por esa situación”: Zuleyma Beltrán.
Fue sentenciada en febrero de 2000 a 26 años de cárcel, pero por su buen comportamiento salió libre el 10 de noviembre de 2010.
Beltrán contó que sufrió un aborto espontáneo y su hermano llamó al número de emergencia 911, pero en lugar de un equipo médico llegó la policía. Vivía entonces en la zona rural del departamento de Santa Ana, en el este del país.
América Central a contracorriente
Nicaragua, Honduras y El Salvador son de las pocas naciones en el mundo que mantienen una prohibición total a los abortos, independientemente de las causas, incluso en el caso de violaciones. En esa categoría se encuentra también República Dominicana, en el Caribe.
Guatemala también lo prohíbe, pero permite una excepción: cuando la vida de la mujer corre peligro si continua la gestación..
Sin embargo, es poco frecuente que la justicia en Guatemala avale casos de esas características.
“Lo que se sabe y ha sido comprobado con los datos es que son muy pocas las mujeres que logran hacer una interrupción del embarazo por el riesgo para la vida”, señaló a IPS, desde Bogotá, Carmen Martínez, al frente del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional de abogados y juristas que promueven esos derechos en el mudo.
Martínez dijo que el Estado guatemalteco no incluye a las sobrevivientes de violencia sexual en esa excepción.
“Eso es condenar a cientos de mujeres y niñas a que lleven embarazos forzados y muchas veces maternidades forzadas”, subrayó.
La experta dijo que América Central va a contracorriente de otras naciones de América Latina, que han dado pasos significativos hacia una mayor apertura en los derechos reproductivos de las mujeres.
Citó los casos de Colombia, Uruguay y Argentina, así como varios estados de México, que han despenalizado el aborto hasta determinado límite de semanas de gestación; Colombia, por ejemplo, hasta la semana 24, desde febrero de este año. Ellos se suman a Cuba, un país donde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado hace décadas.
También hay un grupo de naciones que ha abierto parcialmente sus legislaciones, permitiendo excepciones a la prohibición del aborto, bajo algunos supuestos, como el riesgo de la salud de la embarazada, la malformación fetal o la violación, explicó Martínez.
“Y luego están otros países con contextos híperrestrictivos, como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, incluso pondría en esa lista a Guatemala”, destacó Martínez.
El Salvador es el que más críticas ha recibido, local e internacionalmente, por la agresividad con que persigue a mujeres en esas circunstancias, desde que penalizó el aborto, en 1998.
Más de 60 mujeres que han ido a prisión por esas circunstancias han recuperado su libertad gracias al apoyo legal provisto por organizaciones como la salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
En esos países con leyes antiaborto draconianas, el personal de salud, temeroso de ser acusado de cómplice, y condenado a penas de cárcel por ello, ha sido por años el primer eslabón en la criminalización de las mujeres.
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Sin embargo, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó, en noviembre de 2021, que el personal de salud en América Latina y el Caribe debe de abstenerse de denunciar presuntos casos de aborto.
Las sentencias de este tribunal interamericano son inapelables, de obligado cumplimiento y actúan como antecedentes jurídicos para toda América Latina, pero su aplicación depende de cada Estado.
El dictamen quedó establecido en el fallo de la Corte (Corte IDH) que condenó al Estado salvadoreño por la muerte de Manuela, como se conoció a la mujer que falleció en 2010 luego de ser detenida en 2008 y enviada a prisión por presuntamente practicarse un aborto.
La Corte sentenció en caso de Manuela y Otros versus El Salvador que en esos casos debe prevalecer la inviolabilidad del secreto profesional entre el personal médico, sin revelarse el historial clínico de las pacientes.
Ni siquiera la píldora del día después
Honduras es el único país latinoamericano que prohíbe la llamada píldora del día después, una pastilla anticonceptiva posterior a sostener relaciones sexuales que se consigue sin problemas en cualquier farmacia en el resto de países, incluso en El Salvador.
Ese fármaco, vigente en Honduras desde la primera década del siglo, fue satanizado en 2009 por grupos conservadores y el Congreso de ese país prohibió no solo su uso, sino la venta, compra y la promoción, explicó a IPS Neesa Medina, de la organización hondureña Somos Muchas.
La píldora anticonceptiva fue parte de una política de prevención de violencia sexual en Honduras, “y desde que entró fue un punto de batalla muy fuerte”, dijo Medina, en entrevista desde Tegucigalpa.
La prohibición aprobada por el legislativo Congreso Nacional fue vetada por el entonces presidente Manuel Zelaya, quien fue sacado del poder en junio 2009, por medio de un golpe de Estado.
Después del golpe, fue responsabilidad de la Secretaría de Salud mantener la prohibición de la píldora, por medio de un acuerdo ministerial.
“Y con ese acuerdo, la píldora se saca del paquete de atención básica de sobrevivientes de violencia sexual”, subrayó Medina.
Agregó: “Lo único que se requiere (para anular la prohibición) es que se haga otro acuerdo ministerial, que depende de la Secretaría de Salud, y no lo han hecho”.
Cuatro años después Honduras se ubica como el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina, se afirma en el estudio Criminalización de Mujeres por el Delito de Aborto en Honduras.
Sanando las heridas
Mientras, muchas mujeres una vez fuera de la cárcel por una condena referida a sus derechos reproductivos, buscan forjarse un mejor destino para ellas y sus familias.
“Es duro lo que vivimos aquí en El Salvador, no es fácil”, acotó la salvadoreña Beltrán. Y agregó: “Ahora me doy cuenta de que entre uno más lo expresa, menos se siente ese dolor”.
Ella forma parte del colectivo Mujeres Libres, de reciente formación, que aglutina a unas 25 mujeres que han purgado penas en la cárcel tras ser acusadas de realizarse abortos. Esa organización mantiene abierto, en San Salvador, un espacio llamado la “casa de encuentro”, que ofrece albergue a las mujeres que lo necesitan.
Ahí ellas comparten sus experiencias y se ayudan mutuamente. Buscan sobrellevar la carga emocional vivida, con apoyo sicosocial brindado por la organización, y también las apoya en la reinserción social y laboral, capacitándolas como emprendedoras.
“La idea es sanar todo lo que hemos pasado, queremos sanar nuestras heridas sin dolor sino que levantando nuestra mirada bien en alto”, sentenció Beltrán.
Ahora ella tiene un negocio de comidas y otro de venta de perfumes.
Con la misma fortaleza enfrenta la vida Marlene Ponce, de 31 años, oriunda del cantón Cabañitas, del municipio de Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador.
Ponce también sufrió una emergencia obstétrica, en 2009, cuando ella tenía 18 años. Fue un sangrado intenso que la llevó al hospital y a la salida fue detenida. Los fiscales pedían 50 años de cárcel para ella.
Pasó un año en prisión preventiva, en la primera parte del proceso, pero al carecer los fiscales de evidencia, fue dejada libre en enero de 2010.
A su salida de la cárcel ingresó a la universidad y se graduó en 2014 de profesora de parvulario, pero que no ejerce su profesional en la actualidad, sino que también le apuesta por el emprendimiento.
Ponce forma parte de Mujeres Libres, y al igual que Beltrán, ha encontrado albergue en la casa de la organización.
“El Estado salvadoreño nos debe mucho, fuimos juzgadas y condenadas sin haber pruebas”, sostuvo.
ED: EG
