BRATISLAVA – Los gobiernos y las instituciones financieras multilaterales deben adoptar nuevas formas de proporcionar apoyo en la pospandemia. Esa demanda del activismo mundial se produce después de que un informe descubrió que en muchos de los países más pobres, las grandes empresas fueron las que más se beneficiaron de los fondos de recuperación de la covid-19, mientras que las comunidades vulnerables quedaron postergadas.
Los activistas afirman que el nivel y la distribución del apoyo de estos fondos covid ha sido deficiente, y que los más vulnerables de la sociedad, como los trabajadores informales y las mujeres, entre otros, han sido especialmente perjudicados por la gestión de los programas de ayuda.
Y advierten que, en realidad, las medidas no han hecho más que profundizar las desigualdades, justo cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que hasta 95 millones de personas más podrían caer pronto en la pobreza extrema en comparación con los niveles anteriores a la crisis pandémica, estallada en marzo de 2020 y aún no cerrada.
La Coalición para la Transparencia Financiera (FTC, en inglés) lanzó a fines de septiembre en Washington el informe “Recuperación en una encrucijada: cómo los países gastaron los fondos covid-19 de rescate”, que analiza en profundidad el tema.
Matti Kohonen, director de la FTC dijo a IPS: “La élite ha estado protegida de los peores efectos de la pandemia. Casi 40 % de los fondos de recuperación de covid-19 fueron a parar a las grandes empresas, a través de medidas como préstamos y recortes fiscales”.
“Esto significa que la protección social para, en particular, las mujeres y los trabajadores informales, ha sido inadecuada”, añadió desde Washington.
La FTC conforma una red mundial de más de 150 organizaciones de la sociedad civil, 14 gobiernos y docenas de los más destacados expertos mundiales en flujos financieros ilícitos, según sus datos.
La investigación de la FTC reveló que en 21 países del Sur global, las grandes corporaciones recibieron 38 % de los fondos de recuperación, mientras que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) obtuvieron 20 %. A las medidas de protección social se canalizó 38 %.
Mientras tanto, los trabajadores informales solo recibieron 4 % de los fondos en los países encuestados, y la investigación mostró que en muchos de esos Estados, en realidad no recibieron nada en absoluto.
Los estudios han demostrado que los trabajadores informales, y especialmente las mujeres, fueron los más afectados a nivel mundial por la pandemia, y que las medidas de política económica adoptadas como respuesta han sido en gran medida ciegas al género, exacerbando la desigualdad de género existente y la precariedad económica de las mujeres.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los 2000 millones de trabajadores informales que hay en el mundo, más de 740 millones son mujeres.
Sin embargo, en muchas de las regiones más pobres del mundo la proporción de mujeres en el empleo informal es mayor que la de hombres: en más de 90 % de los países del África subsahariana, en 89 % de los países del sur de Asia y en casi 75 % de los países de América Latina.
Además, estas mujeres suelen tener puestos de trabajo asociados a condiciones precarias, derechos laborales y protección social limitados o inexistentes, y salarios bajos.
El informe de la FTC señala que, la pandemia de covid ha tenido un enorme impacto en el empleo de las mujeres, en las horas de trabajo y en el aumento de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.
Pero pese a ello, el estudio descubrió que las mujeres recibieron la mitad de los fondos que los hombres, ya que la mayor parte del dinero proporcionado a las grandes empresas y también a las pequeñas y medianas fue a parar a los hombres, a los que fue más de 59 % de los fondos.
Klelia Guerrero, economista de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd), que colaboró en la investigación del informe de la FTC, señaló que el mero hecho de realizar un trabajo de recopilación de datos sobre la distribución de los fondos de recuperación puso de manifiesto la escasa atención que se había prestado a las mujeres en las políticas de respuesta a la covid.
Solo en un puñado de países encuestados (Guatemala, Honduras, Bangladesh, Brasil y Costa Rica) se disponía de datos parciales desglosados por género sobre las subvenciones por la covid, para poder analizar el tema dentro de las ayudas pandémicas.
“La mayoría de los países no disponían de datos desglosados por género; sólo eran parciales. Esto en sí mismo debería ser una señal de alarma, ya que muestra que las personas que estaban implementando estos planes de apoyo no pensaban en las mujeres como una prioridad”, dijo Guerrero a IPS desde Quito, la capital de Ecuador.
El informe muestra que las mujeres recibieron la mayoría de los fondos de protección social en los países encuestados, pero incluso algunos de esos programas tenían aspectos discriminatorios para ellas.
“Por ejemplo, aquí en Ecuador, teníamos un esquema en el que la gente tenía que registrarse en línea y luego ir en ciertos horarios para recibir sus productos de ayuda. Esto era difícil para muchas mujeres que tenían que estar en casa a esas horas, o no había transporte público para llegar a los lugares para recibir la ayuda. Por lo tanto, las mujeres se veían perjudicadas”, dijo.
Y añadió: “Algunos grupos de población sí se beneficiaron de las medidas de ayuda de covid, pero los más vulnerables no tanto. Para ellos era difícil acceder a la ayuda. Los criterios con los que se reparte la ayuda deberían incluir una perspectiva de género».
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Otros defensores de la igualdad de género están de acuerdo.
“Numerosas investigaciones han demostrado cómo, especialmente en África, las mujeres constituyen la mayor parte del sector informal. Una de las grandes conclusiones del informe es la escasa orientación de las mujeres en la respuesta de ayuda”, dijo Ishmael Zulu, responsable de impuestos y políticas de la Red de Justicia Fiscal de África (TJNA, en inglés).
Zulu añadió a IPS que “los programas futuros deben tener en cuenta la dimensión de género de cualquier política”.
Grupos como la FTC y sus miembros, entre ellos la TJNA, afirman que las conclusiones del informe son importantes no solo en lo que respecta a la recuperación tras la pandemia, sino para poner de relieve la necesidad de cambiar la forma de prestar apoyo a las comunidades más vulnerables de los países en desarrollo en el futuro a largo plazo.
Zulu señaló que en un plan de Zambia, su país, el gobierno introdujo estímulos para ayudar a las pymes y a los trabajadores informales, pero el dinero se canalizó a través de bancos comerciales que establecieron requisitos específicos para acceder a ese dinero, entre ellos la necesidad de presentar extractos bancarios.
“Por supuesto, eso es muy difícil para muchos trabajadores informales. No podían presentar esos documentos. Así que, al final, incluso el dinero destinado a los grupos vulnerables acabó en manos de las grandes empresas, que son las que pueden proporcionar esos documentos”, explicó.
“Esto habla de la debilidad del sistema» y la discriminación para los que más necesitan las ayudas, adujo.
El informe de la FTC también ha advertido de que las políticas aplicadas por las instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), de presionar a los países para que introduzcan medidas de austeridad y recorten la financiación de los servicios públicos básicos a cambio de la reestructuración de la deuda están empeorando las cosas.
Cita el ejemplo de los recortes en el gasto público y las subidas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se están imponiendo como parte de un programa de préstamos del FMI en Zambia, diciendo que esto tendrá el mayor impacto en los pobres.
Zulu dijo: “Nuestras estructuras financieras actuales han perpetuado la desigualdad en la forma en que, por ejemplo, las instituciones financieras conceden los préstamos”.
Destacó que “varios países han tenido que reformar sus sistemas fiscales y estas instituciones financieras dicen que las subvenciones y el gasto deben canalizarse hacia algunas áreas y no hacia otras, y se acaba destinando el dinero a las grandes corporaciones, y las comunidades vulnerables se quedan atrás”.
«Vimos cómo crecía la desigualdad [antes de la pandemia], y por eso, cuando llegó la covid-19, vimos cómo estas comunidades vulnerables se quedaban sin redes de seguridad”, añadió.
A su juicio, “los gobiernos deben poner en marcha sistemas de protección social sostenibles que proporcionen redes de seguridad para ayudar a sacar a la gente de la pobreza y que no solo respondan a una pandemia o a una emergencia, sino que respondan a la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.
La FTC tiene previsto presentar sus conclusiones en las reuniones anuales de otoño del FMI y el Banco Mundial a finales de este mes, que se realizarán en Washington, donde tienen su sede.
El informe de la FTC pide a todos los países e instituciones internacionales, incluidos el FMI y el Banco Mundial, que apliquen lo que describe como “políticas alternativas” para lograr una recuperación centrada en las personas en lugar de la austeridad.
Estas incluyen, entre otras, la imposición de los beneficios empresariales extraordinarios, la introducción de niveles progresivos de impuestos sobre la renta y el patrimonio, y el aumento de las contribuciones y la cobertura de la seguridad social.
Kohonen, el director de la FTC, afirmó que los trabajadores del sector informal y las mujeres deben estar en el centro de cualquier política de este tipo.
“Los trabajadores del sector informal y las mujeres fueron los que nos ayudaron a superar la pandemia, y es un error imponerles ahora la austeridad. Hay que apoyar a los trabajadores del sector informal y a las mujeres, personas que ya estaban en primera línea, antes de la pandemia, para poder ampliar el apoyo si es necesario, en forma de préstamos, subvenciones u otras ayudas”, remarcó.
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