NUEVA YORK – Más de 120 organizaciones de derechos humanos, internacionales y venezolanas, pidieron este miércoles 17 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) consideran “imprescindible” renovar ese mandato “dada la impunidad que aún prevalece en Venezuela y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que persisten y requieren del máximo escrutinio internacional”.
La Misión, establecida inicialmente por un año en 2019, fue renovada en 2020 hasta septiembre de 2022, cuando deberá presentar un tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
Preside la misión la jurista portuguesa Marta Valiñas, y le acompañan el abogado penalista chileno Francisco Cox Vidal y la experta en derechos humanos argentina Patricia Tappatá Valdez.
En 2020 la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos”, y que “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo informe, un año después, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos.
También manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
Para extender el mandato de la misión, más allá del venidero septiembre, se requiere una resolución por mayoría simple del Consejo, integrado por 47 Estados, de los cuales ocho son de América Latina y el Caribe e impulsaron la misión en 2019.
Las ONG sostienen que el grupo latinoamericano (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela) deberían “encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas”.
Según las oenegés, persisten la falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas, así como las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión, incluyendo la impunidad y la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas.
“Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”, destacaron las organizaciones.
Insistieron en que “si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen y proveer las recomendaciones necesarias”.
El documento también señala que la misión “complementa y respalda el papel de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que reúne elementos para una eventual acusación de tipo criminal sobre autoridades venezolanas.
La Acnudh hizo un acuerdo con Caracas para sostener un equipo de investigación en Venezuela, que ha informado sobre violaciones de derechos humanos, pero también ha sido objeto de ataques y represalias por parte del gobierno cuando ha denunciado situaciones graves en la materia de su competencia, según las oenegés.
Finalmente, las organizaciones consideran que la misión puede disuadir de la comisión de violaciones a los derechos humanos en el contexto preelectoral, pues Venezuela prevé comicios presidenciales para 2024 y parlamentarios para 2025.
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