GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han demandado a los gobiernos de España y Marruecos que realicen una investigación independiente, e informen de sus progresos, sobre la masacre de Melilla del 24 de junio, en la que murieron al menos 23 africanos que intentaban ingresar a territorio español.
“Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe guiarse por los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación”, afirmaron los expertos del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes (Miei) de la ONU.
Ese día de junio, unas 2000 personas, migrantes de países africanos y en su mayoría sudaneses, intentaron cruzar la valla fronteriza entre el territorio de Marruecos y el enclave español de la ciudad de Melilla, y al repelerlos fuerzas marroquíes se produjo la masacre.
Se indicó que 133 personas lograron cruzar la valla, hubo al menos 23 muertos, 73 heridos y decenas de detenidos. De éstos, más de 30 ya han sido condenados en Marruecos a 11 meses de prisión.
El Miei y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas afrodescendientes, ambos bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, solicitaron a los gobiernos de España y Marruecos información detallada sobre el incidente, especialmente sobre las investigaciones en curso.
Los expertos también han instado a ambos gobiernos a que proporcionen información sobre la regulación interna del uso de la fuerza y las medidas adoptadas para garantizar que no se repita una situación similar.
Los enclaves de Ceuta y Melilla en el extremo noroccidental de África están desde hace años resguardados por vallas para frenar la inmigración ilegal, y miles de africanos tratan entonces cada año de alcanzar las costas españolas en pateras, frágiles embarcaciones que se aventuran a peligrosas travesías en el Atlántico.
Los expertos dijeron en su declaración que “tomamos nota de que se han iniciado investigaciones, y pedimos a España y Marruecos que tomen todas las medidas necesarias, junto con la Unión Europea y la Unión Africana, para garantizar la pronta rendición de cuentas”.
Asimismo, para que se garantice “la reparación a las víctimas y la prevención de la repetición de hechos con muertes ilegales, de conformidad con sus obligaciones”, agregaron los expertos en sus mensajes a Madrid y Rabat.
El Miei, creado en junio de 2021 para promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley, está integrado por la jueza sudafricana Yvonne Mokgoro (presidenta), la experta policial estadounidense Tracie Keese, y el jurista argentino Juan Méndez.
El grupo de trabajo sobre personas afrodescendientes lo forman los expertos Catherine Namakula (Uganda), presidenta; Barbara Reynolds (Guyana); Dominique Day (Estados Unidos); Sushil Raj (India) y Miriam Ekiudoko (Hungría).
Los expertos señalaron que también evaluarán legislación y prácticas policiales de ambos países en relación con las normas de derechos humanos aplicables, incluidos los “Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la fuerza y armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Asimismo, las “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”.
“Deseamos proporcionar a ambos gobiernos recomendaciones concretas para poner fin a este ciclo de encuentros mortales de personas africanas con las fuerzas del orden”, dijo la jueza Mokgoro.
Apenas conocida la noticia de la masacre, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, deploraron la represión y demandaron investigaciones y medidas de no repetición.
Cuando el 29 de junio lamentó los acontecimientos, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que “el uso de excesivo de la fuerza es inaceptable, y los derechos humanos y la dignidad de las personas en movimiento deben ser priorizadas por los países”.
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