SAN JOSÉ – Dos comunicadoras murieron tras recibir 16 impactos de bala mientras estaban estacionadas frente a una tienda de conveniencia en Cosoleacaque, en Veracruz, un estado de la costa del este de México azotado por los crímenes del narcotráfico.
Yesenia Mollinedo y Johana García fueron las víctimas 11 y 12 del periodismo mexicano en este 2022, año que augura romper récords de fatalidades en el gremio, la mayoría de ellas en regiones alejadas de la capital.
Pese a que los narcos tienen una innegable influencia en estas regiones, los funcionarios públicos se han convertido en la principal amenaza de los periodistas. La Organización No Gubernamental Artículo 19 contabiliza las amenazas y violaciones a la libertad de prensa en México.
“El discurso oficial tiende a recargar el discurso en las organizaciones criminales. Esa participación hay que verla. Son los autores materiales, los que jalan el gatillo. Pero esto no es solo el crimen organizado que comete estos delitos con un Estado rebasado. No, actúan en contubernio. Está enquistado en las estructuras gubernamentales”, afirmó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
De acuerdo con Maldonado, un 42% de las agresiones contra la prensa vienen de parte de funcionarios públicos, y sólo un 6% del crimen organizado.
“En Juárez, después del asesinato de Armando Rodríguez salieron dos colegas por amenazas. Otros colegas han solicitado asilo político en Estados Unidos. La mayoría de personas aunque estén desplazados han seguido ejerciendo”, dijo Sosa.
Sosa y Maldonado concuerdan en que el principal problema radica en la impunidad.
“Existen algunos casos de periodistas asesinados, como el caso del de Javier Valdez, Miroslava Brech y Armando Rodríguez, que la Fiscalía quiere manejar como resueltos. Se habla de personas detenidas, sujetas a proceso. Las familias quedan con el sentimiento de que no se llegó a la verdad y que a la cárcel llegan personas que no son los verdaderos responsables”, dice Sosa.
“Lo que suele pasar en México es que presentan detenidos, supuestamente autores materiales. Hay que tomar esto con mucha reserva. Hay una enorme capacidad en México para producir chivos expiatorios”, coincide Maldonado.
Para Norma Trujillo, periodista del estado de Veracruz, los bajos salarios y las malas condiciones del periodismo son puntos débiles que permiten al narco y a funcionarios corruptos sobornar y comprar su silencio.
Trujillo afirma que la alternancia del poder marca cambios en las dinámicas de violencia hacia los periodistas, pero las amenazas se mantienen.
“Ya no se siente el mismo temor que años antes, pero la situación está volviendo a esos niveles. Hubo un auge de violencia en el pasado. Luego, cuando considerábamos que la alternancia del poder iba a cambiar las cosas, tampoco fue así”, comentó.
México es el país número 127 del mundo en libertad de prensa. Es uno de los peores países en el continente americano para ejercer el periodismo, solo “superado” por Colombia, Honduras, Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Sosa se mantiene en pie, haciendo periodismo investigativo en una de las regiones más peligrosas del mundo para este trabajo. Pese a las circunstancias, ve la situación con esperanza.
“Es complicado hacer periodismo en esas regiones. Pero hay un ejército de personas queriendo hacer periodismo. Es un acto de resistencia. Cada vez están más fortalecidas las alianzas de periodistas. Las redes de periodistas están funcionando muy bien. Hemos aprendido a vincularnos para poder hacer un trabajo más seguro”, comentó.
Este artículo se publicó originalmente en IJNET, la Red Internacional de Periodistas.
RV: EG
