RÍO DE JANEIRO – Brasil dispone de mucha energía de bajo costo, pero que llega al consumidor como una las más caras del mundo. Esa contradicción obstaculiza el desarrollo humano y económico del país y las soluciones halladas ante esa realidad en general agravan la anomalía.
El alza de los hidrocarburos en el mercado internacional, intensificada por la invasión rusa de Ucrania, desató una batalla del gobierno y sus abanderados por contener los precios energéticos, dañinos para sus pretensiones de reelección en los comicios generales de octubre. La bajada de impuestos fue la fórmula elegida.
“Es positivo, mitiga el problema, pero no mejora el metabolismo por la eficiencia de la energía”, evaluó Paulo Pedrosa, presidente de la Asociación de los Grandes Consumidores Industriales de Energía y Consumidores Libres (Abrace), cuyos agremiados responden por el consumo en Brasil de 40 % de la electricidad y 42 % del gas natural.
Ahora que se activó el debate sobre el tema, se debería aprovechar la oportunidad para cambios estructurales, destinados a “quitar de la energía los costos de políticas públicas, de muchos apéndices que no deberían estar en la cuenta de luz”, abogó.
La energía es cara en Brasil debido a numerosos subsidios, cargas, tributos y contribuciones variadas que sobrecargan su precio, especialmente el de la electricidad. Suman la mitad del total que paga el consumidor, según la Abrace.
Es lo que pone el precio de la energía brasileña entre las dos o tres más caras del mundo, junto con Alemania y Colombia, según la Agencia Internacional de la Energía, aunque el país sea exportador de petróleo y 60 % de su electricidad provenga de la fuente hídrica, abundante y barata.
La industria sufre
Esa paradoja le quita competitividad a la economía nacional, especialmente a la industria de intenso consumo de energía, entorpece el crecimiento y el desarrollo humano, destacó Pedrosa.
En consecuencia se aceleró la desindustrialización que sufre Brasil hace por lo menos tres décadas.
La situación “se agravó en los últimos 10 años, en que la toma de decisiones fue capturada por intereses particulares de la cadena del sector, de políticos y de economías locales”, sostuvo e, una entrevista por teléfono con IPS, desde Brasilia.
El Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano de monitoreo de los gastos públicos vinculado al legislativo Congreso Nacional, identificó 16 tipos de subsidios incluidos en la cuenta mensual que las distribuidoras de electricidad traspasan a los consumidores.
A todos los consumidores se recarga el costo de los combustibles fósiles para generar electricidad en áreas remotas de la Amazonia, el de las pérdidas de empresas distribuidoras a causa de la pandemia de covid-19 e incluso subsidios para darle una sobrevida hasta 2040 a las contaminadoras centrales termoeléctricas a carbón.
“La agricultura de irrigación disfruta del subsidio, no paga parte de su consumo bajo pretexto de producir alimentos. ¿Pero qué sentido tiene subsidiar la producción de soja, cuya mayor parte se destina a la exportación?”, cuestionó Roberto Kishinami, coordinador del portafolio de Energía en el no gubernamental Instituto Clima y Sociedad.
Política social
Algunos subsidios podrían justificarse por su carácter social, pero no deberían gravar la energía, sino el presupuesto nacional. “Mejor un programa de transferencia de renta, como la Bolsa Familia”, opinó Kishinami.
El especialista se refería al programa que desde 2004 subsidia a las familias pobres con el equivalente a unos 80 dólares mensuales, y cuyo nombre el gobierno de Bolsonaro sustituyó por Auxilio Brasil.
“Bajar el precio de la energía es también política social”, subrayó Pedrosa. “Brasil tiene vocación para impulsar una energía barata y limpia, algo que el mundo valora cada día más, y desperdiciar esa ventaja perjudica a todos, no solo la industria”, acotó.
La Abrace divulgó el 14 de junio su estudio sobre “Los impactos de los precios de la energía eléctrica y el gas natural en el crecimiento y el desarrollo económico”, encargado a la consultoría económica Ex Ante.
Si se logra un “precio competitivo” para la energía eléctrica, con reducción de 23 % a 34 % para las industrias de distintas intensidades de consumo, Brasil podría elevar su crecimiento económico anual del esperado 1,7 % a 4,8 %, como promedio en los próximos 10 años, y generar 6,74 millones de empleos adicionales, según el estudio.
De esa forma el país podría subir 10 posiciones en la clasificación en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 84 lugar en 2019 para acercarse a México que ocupaba el 74 lugar.
El estudio tiene como fin el ampliar y enderezar el debate sobre energía, que interesa a todo el país, no solo al sector y a los políticos, explicó Pedrosa.
En este país sudamericano de 214 millones de personas, la energía representa 17,1 % del costo total en la vida de las familias, naturalmente con un peso mayor entre los pobres. Esa cuenta incluye el gasto directo en las cuentas de luz, gas y otros combustibles.
Además, considera el costo de la energía embutido en los bienes y servicios que consume la familia. Se trata del consumo energético indirecto. El pan, por ejemplo, contiene 27,2 % de energía en su precio final, 33,3 % la leche y la carne y 35,9 % un cuaderno escolar.
En la canasta básica de alimentos de una familia el estudio estimó en 23 % la parte de la energía en el costo total.
Es decir, los precios energéticos en alza le cuestan a cada uno sumas adicionales distintas, según su consumo de bienes y servicios. Eso le pasa también a las empresas. La construcción gasta 14 veces más en la energía incluida en los insumos y máquinas que en la planta misma donde opera.
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El momento es oportuno para el debate sobre el precio de la energía y sus efectos sociales y económicos, porque Brasil elegirá su presidente, gobernadores de estado y legisladores nacionales y de los estados en octubre.
También porque el alza del petróleo y del gas provocó una fuerte reacción del gobierno y de los líderes parlamentarios oficialistas. El presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha, intenta culpar al grupo estatal Petrobras por aumentar sus precios según las cotizaciones internacionales, una regla adoptada por la empresa con aval del gobierno, su socio mayoritario, desde 2017.
Legisladores del caos
El Congreso aprobó el 15 de junio una ley que fija en 17 % el máximo del impuesto sobre circulación de mercancías que cobran los gobiernos de estados sobre combustibles, energía, transportes colectivos y telecomunicaciones, calificados como servicios esenciales.
Ese tributo variaba mucho entre los 26 estados brasileños y el Distrito Federal, de 25 a 34 %, por ejemplo, en la gasolina y de 12 a 25 % en el diésel, derivado más importante para asegurar el transporte de cargas.
Los mismos legisladores que ahora buscan contener los precios energéticos, con el riesgo de generar graves problemas fiscales para los estados, con medidas poco eficaces, según los especialistas, aprobaron en los últimos años varias leyes que incorporan costos indebidos en la energía.
La privatización de Eletrobrás, la mayor empresa del sector en Brasil, se aprobó condicionada a la construcción de centrales termoeléctricas a gas natural, por un total de ocho gigavatios de potencia. Los costos serán abultados porque se eligieron áreas lejanas de los yacimientos y sin gasoductos para las plantas.
Para Pedrosa y Kishinami las medidas tienen sesgo electoralista y no corrigen la maraña de errores y gastos acumulados en el sistema energético de Brasil. Ambos apuestan al proyecto de ley 414, ya aprobado en el Senado y en trámite en la Cámara de Diputados, que reforma el sector.
Será el primer paso al separar la infraestructura del comercio de electricidad y establecer un sistema de competencia, con la oferta de distintos tipos de energía, de fuentes variadas, renovables o no, observó Kishinami a IPS en Río de Janeiro.
ED: EG
