LA HABANA – El embarazo adolescente mantiene altas tasas en Cuba, pese a las varias políticas públicas establecidas para combatirlo. Atender sus múltiples causas desde un enfoque humano de desarrollo aportaría mayor integralidad a la acciones para reducir esta brecha social.
Para la socióloga Norma Fleitas, ese enfoque del desarrollo “tiene como centro a la gente, sus capacidades y bienestar” y “nos dice que el entorno socioeconómico debe ofrecer oportunidades que hagan posible el crecimiento de esas personas, sus familias e instituciones”.
Al conversar con IPS, la también profesora titular de la Universidad de La Habana argumentó que el embarazo adolescente no es solo un asunto de género en salud, sino también “un problema de bienestar”, y recomendó estudiarlo a partir de un análisis entrecruzado o interseccional de desigualdades sociales como las basadas en el género, color de la piel, territorio y edad, entre otras.
La necesidad de prevenir los embarazos en la adolescencia fue el tema central de un panel el 30 de marzo, como parte del Congreso Internacional de Investigadores sobre Infancias, Adolescencias y Juventudes efectuado en La Habana del 29 al 31 de ese mes, y organizado por el estatal Centro de Estudios Sobre la Juventud, junto con otras entidades.
Los datos compartidos mostraron que la maternidad adolescente es esencialmente un dilema de las mujeres, en términos cuantitativos y cualitativos, aunque sus efectos impactan en las familias y la sociedad.
De acuerdo con las estadísticas, 15,5 % de los nacimientos en la isla durante 2020 los aportaron madres menores de 20 años, para una tasa de fecundidad adolescente de 51,5 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Solo 2,6 % de esos nacimientos tuvieron como progenitores a adolescentes varones.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, solo por detrás de África subsahariana.
Estima que casi 18 % de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años, y una media superior a 60 % por cada 1000 mil jóvenes en ese rango de edad.
Se precisó que en el caso cubano el embarazo temprano se concentra en la llamada adolescencia tardía, de 17 a 19 años, y que la central provincia de Camagüey, y las orientales Las Tunas, Holguín y Granma, muestran indicadores por encima de la media nacional.
Algunos de esos territorios son, entre las 15 provincias cubanas, los que exhiben mayores porcentajes de ruralidad y más bajos niveles de desarrollo socioeconómico, según el cuarto informe Nacional de Desarrollo Humano, publicado en 2019.
Causas y contextos
Resultados de investigaciones explican que, aunque el embarazo adolescente tiene múltiples causas, sus condicionantes están muy vinculadas con las desigualdades de género, la calidad del desarrollo socioeconómico territorial y la pobreza.
En ese sentido, resultan más proclives a embarazos tempranos las adolescentes mestizas y negras, residentes en entornos rurales, desvinculadas del estudio y el trabajo, y en viviendas con bajos ingresos y en condiciones precarias.
Fleitas matizó que aunque las zonas rurales han avanzado en cuanto a estrategias de empoderamiento, “aún esos territorios no brindan todas las oportunidades de empleo para las mujeres, de servicios de apoyo al trabajo doméstico, de reinserción escolar cuando interrumpen los estudios (y donde) el trabajo agrícola sigue siendo la opción fundamental y no siempre está tecnificado”.
Por ello, complementó la socióloga, muchas adolescentes ante la falta de oportunidades, “escogen un proyecto de maternidad a partir de la creencia de que esa puede ser una vía de migración, mejorar su bienestar, salir de la pobreza o de la familia de origen, incluso algunas creen lograr independencia”,
En el contexto cubano, otros factores que favorecen este tipo de embarazo son el inicio precoz de las relaciones sexuales y una insuficiente educación integral de la sexualidad, según expertos.
Suman la deficitaria disponibilidad de métodos anticonceptivos en las farmacias, baja percepción de riesgo sobre las prácticas sexuales sin protección y poca autonomía, sobre todo de las muchachas, debido a inequidades de género.
Si bien todas las mujeres en edad fértil están en situación de riesgo de embarazos no deseados, las adolescentes son más vulnerables, “por los cambios anatomofisiológicos de la pubertad, y el incipiente desarrollo psicosocial que hace que sean frágiles para tomar decisiones y asumir las consecuencias”, explicó a IPS la psicóloga Natividad Guerrero, del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
El encuentro coincidió con la presentación del informe de UNFPA sobre el estado de la población mundial 2022 “Visibilizar lo invisible”, que se centra en los embarazos no intencionales, que define como aquellos que una mujer no quiere tener.
Según el informe sobre fenómeno a nivel mundial, lanzado el 30 de marzo, los embarazos no intencionales derivan de circunstancias vinculadas con la vulneración del derecho a la autonomía corporal para decidir asuntos como cuándo y en qué circunstancias mantener relaciones sexuales, la opción de recurrir al método anticonceptivo idóneo o establecer si se quiere concebir y cuándo.
También apuntó que existe una alta correlación entre desigualdad de género y los embarazos no intencionales y que su reducción contribuirá a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al aumentar la capacidad de acción de las mujeres y el desarrollo de su potencial con efectos positivos para las familias y las sociedades.
“El informe subraya la conexión entre los embarazos no intencionales con el ejercicio de derechos y el desarrollo, dos conceptos medulares”, reflexionó Livia Quintana, Asociada de Programa del UNFPA en Cuba.
Quintana enfatizó a IPS sobre la necesidad de prestar atención a la autonomía corporal y la educación integral de la sexualidad, “además de revisar los elementos de tipo político, jurídico y de acceso a los servicios que ayuden a remover las normas culturales que sustenta este tipo de embarazos”.
La evidencia científica señala que la mayoría de los embarazos en la adolescencia son no intencionales y pueden prevenirse.
Sexualidad responsable desde la educación
Cuba dispone de políticas públicas y legislaciones que favorecen el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva, como parte de un sistema de salud universal y gratuito.
La Constitución vigente desde 2019 consagra los derechos de igualdad y no discriminación por razones de género, mientras desde marzo de 2021 el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer devino política del Estado cubano para el empoderamiento e igualdad, con un acápite específico sobre la salud sexual y reproductiva.
“La salud sexual y reproductiva integral de los adolescentes es un desafío social. La escuela, la familia, la comunidad y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de prepararlos en un tema que aún se sataniza y creemos que le toca “a otros”. Debemos propiciarles información y acceso a todos los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados”, significó Guerrero.
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Del 1 de febrero al 30 de abril transcurre en los barrios de los 168 municipios cubanos el análisis y discusión popular del proyecto de Código de las Familias que con rango de ley, será sometido a referéndum en el segundo semestre de este año.
Entre múltiples aportes, la norma busca promover maternidades y paternidades responsables, además de fijar en 18 años la edad mínima para el matrimonio.
Con ello se eliminaría la actual excepcionalidad, con un sesgo de género, que permite a padres y madres autorizar el casamiento de hijos menores de edad, a los 14 años en el caso de las hembras y 16 años para los varones.
Investigaciones refieren que el vínculo conyugal está asociado con más de 70 % de la fecundidad adolescente en Cuba, mientras cientistas sociales han mostrado preocupación por el incremento del número de matrimonios en los que intervienen personas menores de 18 años, mayoritariamente mujeres.
En septiembre de 2021, activistas de la comunidad LGBTIQ y otras voces ciudadanas solicitaron al Ministerio de Educación auxiliarse de teleclases, software educativos y otras vías creativas para aplicar la resolución No.16, de febrero de ese año, que aprobó el Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el sistema nacional de educación.
La exhortación ocurrió luego que el ministerio anunciara el aplazamiento de la resolución “hasta tanto estén creadas las condiciones necesarias”.
Como en otros países de la región la norma ha sido cuestionada y rechazada por representantes de varias denominaciones religiosas, quienes esgrimen un supuesto impacto negativo en el bienestar de niñas, niños y adolescentes, a lo cual se suman personas con posturas antiderechos y fundamentalistas.
ED: EG
