SANTIAGO – El fracaso de la política migratoria de Chile, con su saldo de muertos, sentimientos xenófobos y también solidaridad, se convirtió en una urgencia para el gobierno de Gabriel Boric que asume el 11 de marzo y para los redactores de la nueva Constitución, que incluirán el tema en el texto que debe estar listo en julio.
La pareja de venezolanos que forman Brenda, de 20 años embarazada de 38 semanas, y Jaiden, de 23 años, más un pequeño hijo, llegó a Santiago el 3 de febrero, en uno de cuatro autobuses procedentes del puerto de Iquique, 1800 kilómetros al norte de Santiago. Venían junto a otros 200 migrantes que cruzaron por el puesto fronterizo de Colchane desde Bolivia e ingresaron sin visa.
“Lo único que quiero es un trabajo para costear nuestro gastos”, clamó entonces Jaiden. Once días después, ella tuvo a su bebé en un hospital de Santiago mientras él viajó al pueblo de Melipilla, 68 kilómetros al suroeste de la capital chilena, en su primer día de trabajo en faenas agrícolas.
La muerte de 19 migrantes en 2021 y tres durante lo que va de 2022 mientras intentaban llegar al pueblo de Colchane, revela el riesgo del trayecto donde enfrentan un “invierno boliviano” con lluvias y temperaturas bajo cero.
Los ingresos desde Bolivia -estimados entre 600 y 1000 diarios en enero por el alcalde de Colchane, Javier García- desbordaron al pequeño municipio de 1384 habitantes, situado a 3600 metros de altitud, en la cordillera andina.
También hicieron crecer las expresiones xenófobas. En septiembre, en la norteña ciudad portuaria de Iquique, manifestantes quemaron todos los enseres y carpas donde pernoctaban migrantes.
“Nosotros estábamos allí, fue terrible¨, recuerdan Yenire (27) y Leonardo (23), originarios de Caracas y quienes cuidan dos hijos Yeimar (10) y Yemberlin (1). En Iquique, Yenire, cuenta a IPS, tuvo entonces un aborto con dos meses de gestación.
La tensión volvió a crecer el 10 de febrero cuando el conductor de un camión murió en el cruce de las autopistas que unen la también norteña ciudad de Antofagasta y la de Mejillones, presuntamente a manos de tres migrantes. El hecho derivó en paro y bloqueo de rutas por varios días. Pancartas exigieron cerrar fronteras y no aceptar migrantes.
El gobierno saliente, del derechista Sebastián Piñera, publicó el 12 de febrero una ley migratoria que reemplaza a la vigente desde 1975, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“El Estado debe instar por una migración segura, manifestada en las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”, indica la ley que da más atribuciones al gobierno o los tribunales para expulsar a quienes ingresan por pasos no regulados.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que continuarán las expulsiones masivas: «tenemos al menos un vuelo de aquí al 11 de marzo y se va a hacer específicamente en la zona norte con aquellas personas detenidas en estos operativos que estamos impulsando».
El endurecimiento del clima migratorio lo reflejó la periodista venezolana Lorena Tasca, profesora de la Universidad de Chile, en Santiago: “Ya no me siento tranquila como extranjera en Chile”, expresó.
Tasca, quien llegó el 2014, publicó que siente “mucha vergüenza por cómo los medios chilenos han llevado el tema los últimos años. Se me aprieta la guata (estómago) y evito las noticias sobre migración u homicidios y/o robos donde hay extranjeros”.
Presión para Boric
Este ambiente presiona al futuro presidente, el izquierdista Boric, quien durante su campaña anunció “una política migratoria regular, ordenada y segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca los beneficios de la interculturalidad y promuevan una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad”.
Para Luis Eduardo Thayer, investigador de la Universidad Católica Silva Henríquez y quien integró el equipo programático de Boric, “lo primero será recuperar el control de la información y de la frontera, que son dos cuestiones súper debilitadas”. “No se sabe la cantidad ingresada, quiénes son, cuál es su situación, antecedentes o si tienen familiares aquí”, dijo a IPS.
“Hay que rectificar urgente y habilitar pasos para que puedan transitoriamente entrar. A algunos podrás regularizar, a otros no porque tienen antecedentes o han cometido delitos”, sostuvo.
Thayer planteó abordar “el tema de los territorios para resolver las tensiones y conflictos que hay en los lugares adonde llegan o donde transitan” y también “una gestión racional de la migración que considere el mercado laboral”.
“Hoy el mercado resuelve por oferta y demanda, pero eso no ocurre porque la gente no tiene información, ni ofertas, ni redes. Hay que hacer como Brasil, España, Canadá, que juntan migración con mercado de trabajo” indicó.
Además, remarcó, “la protección de la infancia y refugiados debe ser prioritaria”.
Chile adquirió creciente peso dentro de América Latina como destino de migrantes regionales a partir de 1993. Entonces llegaron desde Perú y después desde Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y finalmente y masivamente desde Venezuela.
María Emilia Tijoux, profesora de la escuela de Sociología de la Universidad de Chile, declaró a IPS que “no se trata de una crisis migratoria sino de una crisis de las políticas migratorias”.
“Las migraciones podríamos denominarlas casi como la nueva barbarie, porque implican un castigo permanente contra miles de personas que se desplazan por el mundo, no solamente hacia Chile, fundamentalmente hacia países considerados más seguros, más triunfadores económicamente”, explicó.
A su juicio, “las políticas migratorias a nivel mundial están en crisis porque es un desplazamiento generalizado que es movido por los hilos del capital mundial. Estamos pensando en mano de obra barata, expulsiones masivas por razones ecológicas, guerras, persecuciones, conflictos políticos”.
Tijoux consideró que “la migración venezolana viene a Chile por distintas razones. Una fue la invitación que hizo el presidente en Cúcuta”, la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, donde Piñera ofreció “visas de responsabilidad democrática” para los venezolanos, en febrero de 2019.
De hecho, el éxodo venezolano, mayoritariamente hacia otros países latinoamericanos, se hizo incontenible desde 2014, un año después del comienzo del gobierno de Nicolás Maduro, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que sitúa en más de seis millones el flujo migratorio del país desde entonces.
“Luego, desde los 90, Chile aparece como un país que se supone económicamente seguro, con más trabajo y posibilidades de residir”, reseñó la socióloga y docente.
Chile, con 19,4 millones de habitantes, tenía 1,46 millones de migrantes al 2020. De estos 455 494 (30,7 %) son venezolanos, seguidos de peruanos (16,3 %), haitianos (12,5 %), colombianos (11,4 %) y bolivianos (8,5%).
Rodolfo Noriega, peruano y presidente de la Fundación Defensoría Migrante, dijo a IPS que “deben otorgarse visas para que las personas no vengan en forma irregular y que infantes ingresen clandestinos o por campos minados para reunirse con sus padres”.
“Felizmente una vía que parece recoger la próxima administración es regularizar con inserción laboral”, aseveró Noriega.
Sus expectativas, dijo, es que el gobierno de Boric “se maneje por principios”. “Habrá dialogo e insistiremos en que se respeten los derechos de migrantes. Esa es parte de nuestra lucha en la reforma constitucional. Es fundamental lo que pase en la constituyente”, afirmó.
Los 154 convencionales tienen la palabra
El 27 de enero varios de los integrantes de la Convención Constitucional, que debe redactar la nueva ley fundamental que sustituya a la vigente desde la dictadura, presentaron una “Agenda Migrante” para que se reconozcan y garanticen derechos a todos quienes viven en Chile, “independiente de su nacionalidad”.
Sus 154 miembros, con paridad de hombres y mujeres y 17 representantes de pueblos originarios, fueron elegidos en un plebiscito en octubre de 2020, iniciaron sus funciones el 4 de julio de 2021.
En su mayoría son figuras progresistas no vinculadas a partidos políticos, sino a organizaciones y movimientos independientes. Su plazo para redactar la Constitución concluye el 4 de julio y el texto final deberá ser refrendado o rechazado este mismo año en un referendo popular.
Uno de los promotores de la iniciativa sobre migrantes, Benito Baranda, dijo a IPS que “hay que considerar dentro de la Constitución la consagración del derecho a asilo, que está en la legislación pero no en nuestra Constitución, y el derecho a la migración, que las personas sean acogidas de manera digna”.
“El año pasado se otorgaron siete asilos mientras que por la realidad de quienes salen de Venezuela lo más probable es que los requisitos al asilo los cumplía una gran cantidad (de los solicitantes). El gobierno ha sido refractario”, consideró.
Planteó un tercer reconocimiento: “que si tú naces en Chile no seas un apátrida”.
“Niños y niñas nacidas en el territorio quedan sin nacionalidad porque no están los papeles de sus padres. No puede quedar una persona sin nacionalidad…es un derecho reconocido en el pacto de San José firmado y ratificado por Chile”, aseveró.
Según Baranda, entre los constituyentes hay una opinión “favorable” a estas reformas.
“Lograremos los dos tercios y luego tendremos que trabajar con la comunidad para que entiendan el fondo y voten para refrendar la Constitución”, añadió.
Para Tijoux “la negativa a regularizar abre muchos problemas, entre ellos que las personas queden varadas y sin derechos. Nuestra preocupación son las familias con niños, con mujeres gestantes, en situación extremadamente precaria y en algunos casos subhumanas”.
“Hay miles de personas migrantes trabajando en Chile, pagando sus impuestos. Pero padecen xenofobia y racismo que apuntan negativamente sus orígenes, color, condición económica, nacionalidad. Con la mirada negativa sobre venezolanos estamos ante situaciones extremadamente graves. Algunos no quieren hablar para no ser reconocidos y maltratados”, analizó.
Según Tijoux la migración “no puede ser tratada solamente desde Chile sino desde los países involucrados. Tanto de donde salen, son expulsados o huyen, pero también por donde pasan en trayectorias terribles que no sabemos la cantidad que ha muerto”.
“Mi gran esperanza es la Constitución. Están conscientes del problema y confío que ahí se abra una puerta de humanidad”, aseveró.
ED: EG
