SAN SALVADOR, El Salvador – En medio de fuertes cuestionamientos de que se trata de una movida propagandística, el máximo tribunal constitucional de El Salvador allanó el camino para reabrir el caso de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres asesinadas por el ejército de este país en noviembre de 1989.
Si bien el fallo podría ser un paso positivo para esclarecer por fin el crimen, sectores opositores al gobierno de Nayib Bukele ven también una maniobra política y propagandística del mandatario, que controla a la Sala Constitucional que emitió la resolución.
“No se busca realmente hacer justicia en el caso, es una maniobra política, un show”, dijo a IPS el director de Tutela Legal María Hernández, Ovidio González.
El 5 de este mes, la Sala de lo Constitucional, una de las cinco que componen la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, anuló un fallo emitido en septiembre de 2020 por la Sala de lo Penal, que había resuelto cerrar el caso.
La resolución fue en respuesta a un amparo interpuesto el 16 de noviembre por el fiscal general, Rodolfo Delgado, también alineado con el oficialismo. Ahora tiene luz verde para reabrir el caso.
La decisión de la Sala Constitucional buscaría dejar atrás la mala imagen y las críticas recibidas desde que el 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa, controlada por los diputados del partido de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a los cinco jueces que componen ese tribunal e impuso a cinco nuevos, alineados con el gobierno.
González sostuvo, además, que hay una intención propagandística electoral detrás, de cara a los comicios presidenciales de 2024, en los que Bukele podría incluso participar y reelegirse por un segundo periodo consecutivo, prohibido por la Constitución pero que la nueva Sala Constitucional cambió el 3 de septiembre de 2021.
La intención de querer reabrir el caso de los jesuitas y de las dos mujeres intentaría esquivar las críticas de que el gobierno no ha hecho mucho para avanzar en la búsqueda de justicia sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
González añadió: “Si de verdad se trata de hacer justicia lo hubieran hecho en el caso El Mozote, hubieran permitido el acceso a los archivos militares”.
En septiembre de 2020, el gobierno impidió al juez Jorge Guzmán, entonces a cargo del proceso judicial de la llamada masacre de El Mozote, ingresar a media docena de cuarteles en busca de información en los archivos militares sobre el operativo que culminó con la muerte de más de 1.000 civiles, en diciembre de 1981.
“No creo que se quiera hacer justicia de verdad, pues, por un lado, el gobierno busca reabrir el caso de los jesuitas y, por otro, obstaculiza el caso de nosotros aquí en El Mozote”, aseguró María de la Paz Chicas, a IPS. Varios de sus familiares murieron en ese operativo militar llevado a cabo ahí y en otros caseríos del departamento de Morazán, en el oriente de El Salvador.
El 16 de noviembre de 1989, en medio de la más intensa ofensiva guerrillera durante la guerra civil salvadoreña, una unidad del ejército ingresó de noche al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador, fundada por la Compañía de Jesús.
Los soldados, pertenecientes a la fuerza de élite Atlacatl, entrenada por Estados Unidos, asesinaros a seis sacerdotes jesuitas que trabajaban ahí impartiendo clases, y dormían en habitaciones adyacentes.
Entre los fallecidos está el rector de la universidad, Ignacio Ellacuría, junto a Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo y Joaquín López.
Como no había que dejar testigos, mataron a una mujer que trabajaba en el servicio doméstico, Julia Elba Ramos, y a su hija de 15 años, Celina Ramos, que se encontraba con ella esa noche.
El ejército consideraba a los jesuitas, intelectuales de la teología de la liberación, como ideólogos de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político tras la firma de la paz, en 1992.
La guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 personas muertas y 8.000 desaparecidas. En 1993 se aprobó una ley de amnistía que impidió investigar y juzgar a los responsables de crímenes de guerra, pero un fallo histórico del tribunal constitucional de 2016 la anuló.
En el crimen de los sacerdotes y las dos mujeres están implicados, según la acusación fiscal, el entonces presidente Alfredo Cristiani, así como varios militares de alto rango, entre ellos Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo.
El único militar juzgado y condenado por el crimen es el excoronel Inocente Orlando Montano, sentenciado a 133 años de cárcel por la Audiencia Nacional de España, en Madrid, el 11 de septiembre de 2020.
La posibilidad de que el caso esté siendo manipulado con interés político fue advertida por las autoridades de la UCA, en un pronunciamiento público, el 7 de este mes.
La universidad exigió “que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas”, señaló.
Demandó además que se respete el debido proceso, los derechos y las garantías de todas las partes involucradas y rechazó “cualquier tipo de presión de actores externos sobre la instancia judicial”, en clara referencia al control que ejerce Bukele sobre la Sala Constitucional.
“Saludamos el fallo de la Sala, pero lamentamos que eso se dé en un contexto de debilitamiento institucional y de cuestionamiento a los principales órganos de Estado”, dijo a IPS el abogado Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Bukele, visto como un presidente milenial de corte autoritario, llegó al poder en junio de 2019 y desde entonces ha chocado con organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y sociales, así como con opositores políticos. Le critican, entre otras cosas, haber impuesto a una Sala Constitucional y a un fiscal general que responden a sus intereses políticos.
“No vemos positivo que se reabra el caso de la masacre de la UCA en medio de tanta debilidad institucional”, acotó Carrillo.
Organizaciones de derechos humanos locales han visto con preocupación la posible manipulación política de casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra.
La resolución que abre el camino a la reapertura de la masacre de la UCA se da en un contexto en el que los diputados del partido de Bukele impulsan en la Asamblea Legislativa la creación de una comisión que investigue hechos de la guerra civil salvadoreña.
