RÍO DE JANEIRO – El saneamiento básico, un sector menospreciado porque, según los políticos, no aporta votos, ganó relevancia ahora en Brasil, debido a la pandemia que afecta más a los pobres y a la sequía que amenaza de sed a millones de personas.
Brasil avanzó muy poco en la construcción de alcantarillado en la última década. En 2010 disponía del servicio solo 45,4 por ciento de la población, índice que se elevó a 54,1 por ciento en 2019. El acceso al agua tratada aumentó del 81 al 83,7 por ciento.
Entre esos dos años, sin embargo, la hospitalización por enfermedades originadas por el agua tuvo una reducción de 54,7 por ciento, de 603 623 a 273 403 personas, según el estudio “Saneamiento y enfermedades de transmisión hídrica”, del Instituto Trata Brasil, lanzado este martes 5 de octubre en la ciudad de São Paulo.
Una reducción un poco más acentuada, de 59,1 por ciento, benefició a la niñez de cero a cuatro años, que representan 30 por ciento de los enfermos que requieren ingreso hospitalario.
“Los datos dejan claro que cualquier mejora en el acceso de la población al agua potable, la recolección y tratamiento del agua servida resulta grandes beneficios a la salud pública”, razonó el presidente del Instituto, Édison Carlos, en el informe.
La covid-19 resaltó las desigualdades sociales y económicas del país, al cebarse con los pobres, que coincide que son los menos provistos de saneamiento.
Esa realidad aparece en la distribución de esa infraestructura básica por las regiones de Brasil. La del Norte contaba solamente 12,3 por ciento de su población con alcantarillado en 2019, último año de los datos del gubernamental Sistema Nacional de Informaciones sobre Saneamiento (SNIS), que sirvieron de base al estudio.
En consecuencia, se trata de la región que registró el mayor índice de hospitalizaciones, 22,9 por 10 000 habitantes. Es también la región que concentra los más generosos recursos hídricos del país, al ubicarse totalmente en la cuenca hidrográfica amazónica.
Pero tantos y gigantescos ríos no significan agua potable para sus pobladores. Solo poco más de mitad de su población dispone de agua tratada.
La consecuencia es la gran incidencia de diarreas, dengue, leptospirosis, esquistosomiasis, malaria y fiebre amarilla, las enfermedades originadas en la transmisión hídrica.
En la situación opuesta, la región del Nordeste sufre la escasez de agua en la mayor parte de su territorio, que es semiárido. Con apenas 28,3 por ciento de su gente servida de alcantarillado y 73,9 por ciento con agua tratada, registró 19,9 casos de hospitalizaciones por cada 10 000 habitantes, en 2019.
Una parte de los avances sanitarios en esa región se deben a los más de 1,2 millones de cisternas para almacenar agua de lluvia, diseminadas en el medio rural por la Articulación del Semiárido (ASA), una red de 3000 organizaciones sociales creada en 1999.
La ecorregión del Semiárido, un área de 1 130 000 kilómetros cuadrados (la mayor parte en el Nordeste) y 27 millones de habitantes, sufrió de 2012 a 2017, con duración de dos años más en algunas partes, la sequía más prolongada que se conoce.
Pero sin producir esta vez los estallidos de hambre, violencia y éxodo que tuvieron lugar en el pasado ante calamidades similares.
Disparidades en la salud
La comparación entre los 26 estados brasileños revela disparidades más alarmantes. El nordestino Maranhão, de transición a la Amazonia, tuvo 54,04 hospitalizaciones por 10 000 habitantes, alejado del segundo emplazado, su vecino amazónico al oeste, Pará, con 32,62.
“Maranhão tiene desafíos enormes en saneamiento, así como Pará, pero con densidad poblacional mayor, más personas viviendo cerca una de las otras y en contacto con el agua sucia a cielo abierto, por ejemplo. Sus playas posiblemente contaminadas por desechos irregulares también son otro factor a considerar”, evaluó Rubens Filho, coordinador de comunicación del Instituto Trata Brasil y de su nuevo estudio.
En la otra punta, Río de Janeiro se destaca con el menor índice de internamientos, solo 2,84 por 10 000 habitantes, aunque algunos de sus populosos municipios estén entre los de más precario saneamiento.
“Es posible que algunos municipios no registren las enfermedades de transmisión hídrica o que las personas no busquen asistencia médica”, matizó Filho en diálogo con IPS desde São Paulo.
“No obstante las diferencias entre estados, Brasil aún registra más de 270 000 internamientos por enfermedades evitables, es decir gastos que podrían caer drásticamente con el saneamiento para todos”, lamentó.
El Norte y el Nordeste coinciden como las regiones más pobres del país, pese al contraste de sus biomas. Están lejos de la meta de prácticamente universalizar el saneamiento en el país para 2033, fijada por una ley aprobada en 2020 que se conoce como el Marco Legal del sector.
Más precisamente se busca llevar agua tratada a 99 por ciento de la población y el alcantarillado a 90 por ciento, en este país de dimensiones continentales y 213 millones de habitantes.
Las tres regiones menos afectadas por la carencia de esa infraestructura, las de Centro-oeste, Sur y Sudeste, sufren este año los efectos de la disminución de las lluvias, al parecer debido al cambio climático y no más a las sequías eventuales y pasajeras.
En realidad la baja pluviosidad empezó en 2020 y desde entonces provoca interrupciones en el suministro de agua en ciudades como Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, y aumento de los incendios forestales en el Pantanal, humedal en la frontera con Bolivia y Paraguay, y en el sur de la Amazonia.
Este año, muchas ciudades del estado de São Paulo, en el Sudeste, empezaron a racionar el agua. En su capital, São Paulo, y sus alrededores metropolitanos, la compañía local de saneamiento reduce la presión en sus tuberías durante la noche, medida que evita escapes, pero deja algunas áreas sin agua.
El temor es que se repita la crisis del recuro de 2014 y 2015, en una repetición que se hizo frecuente en este siglo. Hace 20 años una sequía similar provocó apagones y exigió un racionamiento energético durante nueve meses a partir de junio de 2001.
Brasil aún depende del caudal de los ríos para el suministro de electricidad. Las centrales hidroeléctricas responden por 63 por ciento de la capacidad instalada de generación, una proporción que era muy superior hace dos décadas.
Reforestar, recuperar manantiales y nacientes de riachuelos se volvieron parte del saneamiento y de la política energética.
La frecuencia de las sequías en el Centro-sur de Brasil confirma el papel de la exuberancia forestal de la Amazonia en alimentar las lluvias en extensas áreas de este país y de sus vecinos Argentina y Paraguay.
Los llamados “ríos voladores” llevan la humedad amazónica a las tierras agrícolas más productivas de Sudamérica y a cuencas claves para la hidroelectricidad. Pero la deforestación de los mayores bosques tropicales del mundo está cobrándoles su precio.
La enseñanza de la covid
La covid-19 vino realzar la necesidad sanitaria del saneamiento. Es consenso entre los epidemiólogos que su carencia es uno de los factores de la desigual diseminación y letalidad del coronavirus, en desmedro de los pobres, al limitar el aseo como medida preventiva.
Con 598 152 muertes reconocidos por el Ministerio de Salud hasta el 4 de octubre, Brasil solo es superado por Estados Unidos, con más de 703 000 debido a la covid. En términos proporcionales son 280 brasileños muertos por 100 000 habitantes, contra 214 estadounidenses, según la estadounidense Universidad Johns Hopkins, que lleva un registro planetario sobre la pandemia.
Esa infraestructura menoscabada gana empuje también por un motivo financiero. Los estados brasileños, cuyos gobiernos controlan las principales empresas de saneamiento, identificaron en su privatización una fuente de recursos para superar sus desequilibrios fiscales y posiblemente impulsar el sector.
El Marco Legal del Saneamiento estimula la concesión del servicio al sector privado, como forma de atraer sus inversiones y cumplir las metas de universalización.
Empresas de cuatro estados brasileños ya fueron privatizadas. En Río de Janeiro, el 30 de abril de 2021 pasaron a grupos privados los servicios de saneamiento de tres de las cuatro áreas en que se dividió el estado, por el equivalente a 4200 millones de dólares, 133 por ciento más que lo esperado.
La cuarta área deberá ser privatizada este mismo año. La concesión por un período de 35 años exige inversiones más abultadas que las sumas pagadas por la explotación de los servicios.
Descontaminar ríos, lagunas y bahías, ampliar y reparar la red de tuberías, mejorar la calidad del agua y reducir sus pérdidas en la distribución, estimadas en 41 por ciento, son tareas de los nuevos dueños del negocio.
ED: EG
