RÍO DE JANEIRO – El gobierno brasileño busca mejorar su imagen internacional en la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tras destruir su propia credibilidad con acciones antiambientales y una letal gestión de la pandemia de covid-19.
El ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, anunció que llevará a la COP26, que tendrá lugar en Glasgow, en Reino Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre, un Programa Nacional de Crecimiento Verde, que comprende créditos e inversiones para fomentar actividades sostenibles, reducir emisiones de gases del efecto invernadero y generar empleos.
El programa, anunciado el 25 de octubre, movilizaría 72 000 millones de dólares, pero no detalla los proyectos ni plazos. Involucra a 10 ministerios, pero es en realidad una compilación de iniciativas ya existentes, como líneas de crédito agrícola, estímulos al saneamiento básico, energías renovables y ecoturismo.
Brasil aparece como el país que más retrocedió en su compromiso de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que recalientan la Tierra, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), divulgado el 26 de octubre.
En sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), Brasil se comprometió a reducir sus emisiones en 43 por ciento hasta 2030, teniendo como base de comparación las emisiones de 2005.
Las NDC son la base del Acuerdo de París, adoptado en la COP21, en diciembre de 2015, para contener el incremento de la temperatura a 1,5 grados C, respecto a la era preindustrial, a fin de evitar una catástrofe climática y, en consecuencia, humana.
El actual gobierno, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, reiteró ese compromiso en 2020, pero con una revisión de la base de cálculo, las emisiones totales de 2005, que subieron de 2100 a 2800 millones de toneladas de carbono (CO2).
De esa forma, en lugar de una meta más ambiciosa, como piden las Naciones Unidas, Brasil al revés aumentaría en 307 millones de toneladas sus emisiones en 2030, en comparación con la NDC anterior.
Entre los 20 países que tienen las economías más relevantes del mundo -aglutinadas en el Grupo de los 20 (G20)-, México es otro que rebajó sus metas, pero en una proporción muy inferior a la de Brasil, ya que agrandaría su meta en 14 millones de toneladas de CO2.
La crisis sanitaria se suma a la ambiental
Al déficit de credibilidad en el área ambiental y climática se suma ahora otro factor de deterioro de la imagen internacional de Brasil.
El informe aprobado el 27 de octubre por una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado acusa el presidente Bolsonaro de haber cometido “crimen contra la humanidad” y otros ocho delitos por la gestión de la pandemia.
El informe será presentado al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyo Estatuto de Roma fue ratificado por Brasil en 2002 y prevé el “crimen de lesa humanidad”.
El artículo 7 del Estatuto incluye entre esos crímenes el exterminio, la esclavitud, desaparición forzada, tortura, apartheid y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”, y que compongan “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.
Juristas reconocen la dificultad de enjuiciar a Bolsonaro en el TPI, pero el informe de los senadores compone un cuadro inquietante de las acciones y omisiones del presidente y parte de su gobierno que habrían contribuido para elevar a 606 679 los muertos por covid-19 en Brasil hasta el 27 de octubre, cantidad solo superada por Estados Unidos, con 741 231, según el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins.
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Desdeñar la enfermedad, estimular aglomeraciones sin mascarillas, propagar medicamentos comprobadamente ineficaces y dañosos, como la cloroquina, desacreditar las vacunas y retardar su compra fueron actos reiterados de Bolsonaro y sus seguidores.
Difundir desinformación y noticias falsas por los medios digitales se convirtió en actividad permanente de boicoteo de la lucha contra la pandemia, protagonizada por gobernadores de estados, alcaldes, el periodismo y epidemiólogos.
Un consorcio periodístico se encargó de compilar y divulgar los datos de casos diagnosticados, muertes y vacunados, ante la amenaza de manipulación por el Ministerio de Salud.
El informe de 1289 páginas acusa 78 personas y dos empresas, entre los cuales cuatro ministros, dos exministros, seis diputados y funcionarios del Ministerio de Salud, además del presidente y sus tres hijos que son políticos. Los delitos varían de propagación de epidemia que resulta muertes a charlatanismo y corrupción en la compra de medicamentos.
Aunque no se traduzca en condenas judiciales en los próximos años, será una arma política que debe intensificar el aislamiento de Bolsonaro y sus seguidores de extrema derecha en el ámbito internacional y nacional.
Los efectos ya se notan.
Desdeño internacional
El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, invitado a impartir una clase magna en la Universidad de Lisboa el 26 de octubre, tuvo que hacerlo virtualmente. La universidad suspendió la presencia de público, ante las protestas de brasileños residentes en Portugal contra el “cómplice” de la mortandad en Brasil.
El mismo Bolsonaro enfrentará un ambiente hostil en la localidad italiana de Anguillara Veneta, de poco más de 4000 habitantes, cuyo Concejo decidió homenajearlo como ciudadano honorario, porque allá vivieron sus ancestros antes de emigrar a Brasil.
El Concejo aprovecha la presencia del presidente brasileño en Roma el 30 y 31 de octubre para una reunión del G20 para formalizar el homenaje.
Pero un manifiesto firmado por 2600 personas rechazó la decisión del partido de extrema derecha italina, La Liga, que tiene mayoría en el Concejo y gobierna la ciudad. Un augurio de protestas inevitables.
Bolsonaro es el único jefe de Estado o de gobierno del G20 que no se vacunó contra la covid-19 y anunció que no se vacunará.
Además, decidió no participar en la COP26 y tampoco permitió que lo haga el vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão.
El vicepresidente encabeza el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, creado para “coordinar la preservación, protección y desarrollo sostenible” de la región, pero solo con miembros militares y del gobierno central, sin la participación de gobernadores de los ocho estados amazónicos ni representantes de la sociedad civil.
Mourão comandó desde 2020 operaciones para contener la deforestación y los incendios en la Amazonia, sin éxito. Pero el general asegura que se redujeron en los dos últimos años, con base en datos que no son conocidos.
Su gobierno debilitó los institutos ambientales que cumplieron bien la tarea en las décadas anteriores, ahora sin recursos y personal suficientes, con jefaturas ajenas a la misión.
El vicepresidente atribuyó a campañas “izquierdistas” la imagen ambiental negativa de Brasil en el mundo. Y aseguró que la deforestación ilegal de la Amazonia tendrá fin antes de 2030.
Pero recuperar la reputación de que el país disfrutó en el área ambiental en el pasado reciente no parece posible durante el actual gobierno, iniciado el primer día de 2019.
Sus portavoces reclaman, por ejemplo, una compensación financiera internacional por la conservación de la Amazonia, pero es este mismo gobierno el que echó a perder el Fondo Amazonia, que contaba con cerca de 1000 millones de dólares de Noruega, con un aporte alemán, para conservación y desarrollo sostenible de la región.
La hazaña fue del exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien pretendió imponer condiciones a los donantes extranjeros, mientras desmantelaba los institutos de control y la legislación ambiental brasileña para facilitar actividades destructoras, como la extracción maderera ilegal.
Cuando se hizo imposible mantener a Salles, Bolsonaro nombró a Leite como un ministro más discreto, pero con la misma orientación. La legislación ambiental, de que se jactaban los brasileños, sufrió retrocesos que amenazan recrudecer en desmedro de los bosques y los indígenas.
La credibilidad internacional perdida no se rescatará con planes recalentados y promesas para un futuro lejano. Exigirá recomponer con creces las políticas que redujeron la deforestación amazónica y la contaminación en general una década atrás.
Preservar la Amazonia es una necesidad nacional, para asegurar lluvias en las principales áreas agrícolas del país, y no solo un servicio ambiental y climático al mundo.
ED: EG
