MADRID – La tranquilidad en Italia terminó hace semanas tanto para el primer ministro Mario Draghi y para su gobierno de consenso, apoyado por las principales formaciones del país. Y quién sabe si llegó a gozar de calma en algún momento tras su comienoz en febrero.
El contexto pandémico de la covid-19 tampoco ha contribuido a la tranquilidad. Desde que la Agencia Europea del Medicamento aprobara los compuestos a inocular en el viejo continente, el movimiento antivacunas surgió en algunos estados de la UE, Italia entre ellos. A pesar de contar con prácticamente 70 % de la población totalmente inmunizada, el escepticismo respecto a la vacunación continúa en el foco de la opinión pública.
Las autoridades europeas han defendido la importancia de vacunarse para alcanzar la inmunidad y recuperar la actividad social y económica lo antes posible, pero algunas voces influyentes han manifestado su disconformidad.
¿Por qué la vacunación es un asunto polémico en Italia?
Es preciso remontarse tres años para ofrecer una respuesta aproximada a esta pregunta. En 2018, la coalición de gobierno entre Movimiento Cinco Estrellas y la Lega retiraba una ley que requería la vacunación obligatoria de los niños para su matriculación en la escuela, dejando en manos de los padres la decisión final.
Los mensajes de ambas formaciones cuestionando las instituciones, también en el ámbito sanitario y científico, calaron profundamente en la población y más con el potente altavoz dispuesto en las plataformas sociales y los medios de comunicación, canales en los que han tenido una destacada presencia. En ellos expresaban la inutilidad y la peligrosidad de la vacunación y sus efectos secundarios.
Un precedente que parece haber sido transferido a la actualidad: algunos representantes de estas formaciones se han sumado a las campañas que se oponían a la vacunación (el movimiento No-Vax).
Las disputas en el seno de la Lega han sido sonadas y han comprometido, por momentos, los argumentos de su secretario Matteo Salvini. Esta corriente ha sido aprovechada por la propia Lega y otros partidos de la derecha, como Fratelli d´Italia, afanados en hacerse con la simpatía de aquellos que deambulan en su espectro ideológico, sin saber bien por quién decantarse delante de las urnas ante los comicios en curso.
La expresión pública del movimiento se produjo el pasado 9 de octubre en la Piazza del Popolo de Roma. Los No-Vax manifestaron su desaprobación respecto a la nueva política implementada por el Gobierno para combatir la pandemia que pasa por la obligatoriedad del Certificado Covid (Greenpass) para acudir a los centros de trabajo a partir del 15 de octubre.
El acto terminó con altercados y agresiones a la policía cuando parte de los asistentes irrumpieron violentamente en la sede del CGIL, el sindicato más importante del país, después de haberse aproximado al Palacio Chigi, sede del Gobierno. Por un momento, recordando el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero.
Pero ¿quién está detrás de esta corriente y de los altercados?
Esta es la gran cuestión cuando se trata de analizar el peligroso calado de estas iniciativas. El partido político de extrema derecha Forza Nuova se ha convertido en el instigador principal, amparado por la ambigüedad de las grandes formaciones de la derecha.
De corte nacionalista y neofascista, ha manifestado su rotunda oposición a asuntos como el aborto y el matrimonio homosexual.
En las últimas elecciones generales de 2018 obtuvo 0,38 % de los votos al Parlamento y 0,50 % del Senado, quedando sin representación en las dos cámaras. Durante el último año ha librado una dura oposición a las restricciones por la pandemia, como la obligatoriedad de la mascarilla. Ahora, el Greenpass es el motivo de su protesta que tiene en las redes sociales su principal altavoz, además de la difusión de comunicados por Whatsapp y Telegram.
La intervención del partido en la manifestación se ha saldado, además, con la detención de su secretario y fundador en 1997, Roberto Fiore, así como con la de Giulano Castellino, su hombre fuerte en la capital.
Con un expediente plagado de altercados, agresiones y tráfico de drogas, Castellino es también un nombre relevante en la curva sur del Estadio Olímpico durante los partidos de fútbol de la A.S. Roma pues, durante los años 90 del pasado siglo, fue uno de los artífices del cambio de tendencia hacia el fascismo del Commando Ultrà Curva Sud (CUCS). Sus vídeos alentando a las masas para atacar las sedes, megáfono en mano, circulan por la red y las principales cadenas televisivas desde el pasado fin de semana.
La derecha condena la violencia, pero continúa navegando en la ambigüedad discursiva
Precisamente, sobre Castellino se han centrado las críticas de las voces más relevantes de la derecha italiana. Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d’Italia, condenaba la violencia y lanzaba un dardo contra el Ministerio del Interior por no anticipar la situación y permitir la participación de individuos peligrosos, mientras reivindicaba el derecho de aquellos que se manifestaban de forma pacífica en contra de una medida que consideraba una gestión errónea del Gobierno.
En la misma línea, Matteo Salvini aludía a la irresponsabilidad de la ministra Lucía Lamorgese por permitir la presencia de personas conflictivas y, además, consideraba agotado el debate sobre fascismo, nazismo o comunismo en la actualidad.
“Lavoro e salute” es la expresión más utilizada por Salvini en sus intervenciones televisivas durante las últimas semanas. Con la Lega en el acuerdo de gobierno, no se posiciona en contra del Certificado Covid, pero propone test gratuitos y su validez durante más horas para garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos.
Los dirigentes de ambos partidos son ahora los protagonistas de una disputa por la hegemonía de la derecha en Italia. Un choque por hacerse con la influencia ideológica en la que el discurso representa una piedra angular y sobre la que destaca la postura comprometida de la Lega como miembro del gobierno.
Sin embargo, coinciden en transmitir un mensaje ambiguo al ser preguntados por la posible ilegalización de Forza Nuova y apuntan a la prohibición de cualquier movimiento de carácter violento con independencia de su ideología.
Un posible escenario para la ilegalización de Forza Nuova
El ataque al CGIL ha sido interpretado como una importante amenaza contra las bases de la democracia en Italia. Las organizaciones sindicales son agentes de peso en el contexto social y político del país, en buena medida por su alta filiación (más de ocho millones).
El CGIL es el sindicato más importante, con más de cinco millones y medio de afiliados en todo el territori. Su voz y posicionamiento respecto a los derechos de los trabajadores es respetada y valorada por los gobernantes. Por este motivo, Mario Draghi no tardó en condenar el ataque a la sede del sindicato y escenificar su solidaridad abrazándose con Maurizio Landini, secretario de la organización.
El próximo fin de semana, Roma vivirá de nuevo jornadas intensas ante un otoño que se presenta caliente en clave política. A escasas horas para la celebración del balottaggio (segunda vuelta en las elecciones municipales), la ciudad se prepara para acoger una manifestación multitudinaria en contra del fascismo convocada por el propio CGIL junto a otros sindicatos como CISL y UIL.
La tensión, a raíz de la reciente expresión fascista, se ha extendido a las calles y los partidos políticos. Así, el Partido Democrático y Forza Italia han presentado dos mociones para que prevalezca la Constitución e ilegalizar la formación Forza Nuova.
En definitiva, el caldo de cultivo que baña Italia estos días resulta cuanto menos preocupante. Las elecciones celebradas la semana pasada parecían dar un respiro y frenar la emersión de este tipo de movimientos con la victoria de la izquierda en las principales plazas. Y más ante la polémica suscitada por los contrarios a la inoculación durante los últimos meses.
Sin embargo, los recientes acontecimientos han contribuido a una polarización extrema del debate suscitado en torno a la vacunación y al Greenpass. La obligación sobre el certificado se prolongará hasta el 31 de diciembre. Ese será el momento oportuno para evaluar su impacto, no solo a efectos sanitarios como incentivo a la vacunación, también para analizar la deriva de la corriente contraria al proceso, así como de los peligrosos colectivos que se han incorporado.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
RV: EG
