RÍO DE JANEIRO – La batalla contra la pandemia de covid-19 alzó a la condición de héroes a los trabajadores en salud, pero está también desnudando una dimensión perversa de la medicina en Brasil.
Un estudio asegura que en el país se produjeron unas 200 muertes por el uso de proxalutamida, un medicamento que aún está en fase de prueba para el cáncer de próstata, en el tratamiento de la covid en hospitales de cuatro ciudades del norteño estado de Amazonas.
El estudio, dirigido por el médico Flavio Cadegiani con el apoyo de la empresa de seguros de salud Samel, con sede en Manaus, capital de Amazonas, empezó en febrero de 2021 pero se hizo público en septiembre, porque ante la mortandad y evidentes irregularidades, la estatal Comisión Nacional de Ética en Investigación requirió al Ministerio Público Federal (fiscalía) que investigue el caso.
La investigación se extiende a otro estudio del mismo grupo sobre la aplicación de ese medicamento experimental en un hospital de la Policía Militar en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur del país.
También se reportaron otras muertes en Amazonas y varios estados del sur, a causa de la nebulización con cloroquina, un medicamento contra la malaria, en otro intento de combatir el coronavirus basado en recomendaciones sin ninguna base científica, que impulsaron mundialmente los negacionistas de la pandemia.
La Sociedad Brasileña de Hepatología alerta desde el inicio del año que el uso continuado de ivermectina, un antiparásito, puede provocar hepatitis medicamentosa y dañar el hígado a punto exigir un trasplante para evitar la muerte del paciente.
En Brasil persiste un amplio movimiento de obstinada creencia en un coctel de medicamentos variados, encabezados por la cloroquina y la ivermectina, que comprenden antibióticos, anticoagulantes, corticoides y vitaminas. Numerosos médicos participan en esa fe y encabezan su difusión.
La ivermectina es uno de los componentes del “kit covid” que muchos médicos e incluso el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, propagan como eficaz en el combate a la covid, incluso en su prevención. Es el “tratamiento precoz” recomendado por el Ministerio de Salud durante la gestión del general Ernesto Pazuello (mayo 2020-marzo 2021)
Pero su eficacia fue desmentida por la misma fabricante del medicamento, la empresa alemana Merck, en un comunicado divulgado el 4 de febrero de 2021. Además como los antiparásitos en general no se destina al uso continuado, por eso su prospecto ni menciona la hepatitis como posible efecto adverso.
“Apoyamos la autonomía del médico en la búsqueda del tratamiento precoz, cumpliendo la recomendación de nuestro Consejo Federal de Medicina”, afirmó Bolsonaro en la apertura de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York el 21 de septiembre.
Confesó así su insistencia en una seudoterapia que despertó algunas esperanzas al comienzo de la pandemia en los primeros meses de 2020, pero luego se descartó como ineficaz por la Organización Mundial de Salud (OMS) y varios estudios realizados diferentes partes del mundo.
En Brasil persiste un amplio movimiento de obstinada creencia en un coctel de medicamentos variados, encabezados por la cloroquina y la ivermectina, que comprenden antibióticos, anticoagulantes, corticoides y vitaminas. Numerosos médicos participan en esa fe y encabezan su difusión.
Coinciden con la extrema derecha que irrumpió en la política brasileña con una fuerza inesperada y ascendió al poder con Bolsonaro en las elecciones de 2018.
“Los médicos votaron masivamente por Bolsonaro, incluso muchos amigos míos”, reconoció Jorge Nahas, médico jubilado, excoordinador de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud y expresidente de la Fundación Hospitalaria del Estado de Minas Gerais durante gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores.
“La mayoría de los médicos brasileños es corporativista, elitista, tiende históricamente al conservadurismo y la reacción histérica a los médicos cubanos lo demostró claramente”, explicó a IPS desde Belo Horizonte, capital del estado situado en el sureste del país.
El especialista se refirió a las agresivas protestas de sectores conservadores con que fueron recibidos a fines de 2013 los más de 11 000 médicos cubanos que se incorporaron al programa “Más médicos” con que el gobierno brasileño de entonces extendió la asistencia sanitaria a los rincones alejados de Brasil.
Con el triunfo electoral de Bolsonaro, Cuba decidió romper el contrato que había contado con la intermediación de la Organización Panamericana de Salud (OPS), ante el declarado rechazo del entonces presidente electo a la participación cubana en el programa.
Mayra Pinheiro, quien encabezó algunas de las protestas, fue nombrada secretaria de Gestión del Trabajo y la Educación en Salud del Ministerio de Salud al llegar Bolsonaro al poder en enero de 2019 y se la apodó como “capitana cloroquina”, por su intensa promoción del “kit covid”.
Ella sigue en el cargo, aunque el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga, haya descartado el llamado “tratamiento precoz”.
Pero ahora empiezan a estallar escándalos en que el uso masivo de los medicamentos inadecuados tuvo graves consecuencias y despertó nuevamente la atención de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de la pandemia, en marcha en el Senado desde abril y que debe concluir su informe en octubre.
El caso de un seguro de salud para los mayores
Un caso sobresaliente es de Prevent Senior, una empresa aseguradora de la salud con siete hospitales en São Paulo, acusada de obligar sus médicos a recetar el “kit covid” y de falsear datos y el historial de los pacientes, para ocultar muertes por la covid.
Se estableció un “pacto” entre la empresa y el gobierno, ambos interesados en diseminar el “tratamiento precoz”, apuntó la abogada Bruna Morato, representante de 12 médicos que trabajan o trabajaron para la empresa y decidieron denunciar las ilegalidades y coacciones sufridas, en su testimonio a la CPI el martes 28 de septiembre
Al gobierno le interesaba el reconocimiento de su kit como eficaz contra la pandemia, para evitar el cierre de las actividades y el confinamiento de la población.
“Si Brasil para, será el caos. Morirá más gente a causa de la economía paralizada que por el coronavirus”, sostuvo Bolsonaro luego de las primeras muertes por covid en Brasil.
Esa misma lógica le hizo optar por la “inmunidad de grupo”, rechazar el aislamiento de la población y argüir que se trataba de una “gripecita” con el riesgo limitado a los ancianos.
Para Prevent Senior, evitar la hospitalización de sus asegurados, más aún si resultaba prolongada, era cuestión de sobrevivencia financiera.
Era una empresa considerada innovadora, al especializarse en la atención de adultos mayores con costos más bajos que la competencia. Tener hospitales propios y ofrecer prevención a sus asegurados explicarían el éxito en sus 24 años de actividad.
La pandemia golpeó todo el sector, pero más duramente a las aseguradoras de salud de las personas de más edad, más vulnerables al coronavirus. Los cuidados intensivos prolongados se volvieron una amenaza que el publicitado tratamiento precoz o preventivo podría neutralizar.
Las revelaciones en la CPI de la pandemia arruinaron la reputación de la empresa que tiene más de 500 000 asegurados y emplea a cerca de 5 000 médicos.
Su propio director ejecutivo, Pedro Batista Júnior, interrogado por la CPI el 22 de septiembre, confesó que sus hospitales alteraban el historial de los pacientes en cuidados intensivos 14 o 21 días después del diagnóstico de covid, borrando la mención a la contagiosa enfermedad.
En esa fase ya no ofrecían el riesgo de contagiar a otros con el coronavirus, justificó. Pero ese acto viola las normas y la ética médica, señalaron los especialistas en medicina y derecho. Y queda la sospecha de que la aseguradora buscaba mejorar sus estadísticas.
Además Prevent Senior divulgó que había hecho un estudio luego del inicio de la pandemia, que habría comprobado la eficacia de la hidroxicloroquina junto con el antibiótico azitromicina. Pero documentos trascendidos revelan que se ocultaron muertes y no se informó de la medicación y el estudio a los pacientes participantes y sus familias.
Salieron a la luz algunos casos aterradores. El abogado Tadeu de Andrade, de 65 años, denunció que tras un mes de cuidados intensivos en enero, uno de los hospitales de la empresa quiso transferirlo al “cuidado paliativo”, “para una muerte digna sin sufrimiento”.
Sus hijas rechazaron la medida y amenazaron con recurrir a la Justicia. Cuatro meses después el abogado recibió el alta y ahora tiene vida normal.
Prevent Senior negó todas las acusaciones y aseguró que no falsea datos ni acorta tratamientos para reducir costos.
ED: EG
