Tiburones, víctimas del descuido mexicano

Este es el primero de dos artículos sobre los problemas de la captura y comercio de tiburones en México, elaborados con el apoyo de Wilson Center y Earth Journalism Network (EJN).

Pescadores descargan el 3 de agosto de 2021 productos del mar en el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, uno de los sitios de pesca y llegada principales de embarcaciones tiburoneras en el país. Foto: Christian Lizarraga / EJN-IPS

LA PAZ, México – El pescador mexicano Tomás Valencia, de 70 años, recuerda que hace unos 30 años extraía mucho tiburón del mar.

“Sacábamos tiburón toro, amarillo, azul, punta de lápiz. Agarrábamos hasta siete en una salida, en promedio pescábamos cuatro o cinco”, evoca ante IPS este marinero que empezó a pescar a los siete años y que se ha convertido en una leyenda en Tuxpan, a unos 500 kilómetros al sureste de Ciudad de México, en el estado de Veracruz, un sitio tradicional de pesca y de explotación petrolera.

Pero esos tiempos son recuerdo, pues cada vez capturan menos. “La pesca está difícil. Ya hay muy poco, porque estamos terminando con ellos. A veces hay viajes sin ninguna pesca”, asegura este integrante de la cooperativa Puerto de Tampamachoco, que cuenta con 75 socios, y que en su juventud amarraba tiburones por la cola, mientras otros dos hombres sostenían las redes que los atenazaban.

Los cazadores parten a las siete de la mañana y retornan al día siguiente. La pandemia de covid-19 ha golpeado a la actividad, pues los pescadores no podían zarpar por el riesgo de contagio y el mercado se derrumbó, y aún no se recupera.

Esta historia se repite en otras zonas marinas mexicanas, agravada por la permisividad de las autoridades para tolerar la pesca irregular de especies de tiburón amenazadas y cuyas aletas terminan en China y Hong Kong.

Esa aserción emana del análisis de bases de datos de permisos pesqueros, avisos de arribo de embarcaciones tiburoneras y de exportación de aletas bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Falta de uniformidad en los reportes de pesca y quebrantos a las reglas caracterizan la captura de los escualos, cuya presencia en las aguas se remonta a millones de años antes de la aparición de los humanos y cuya importancia es fundamental para la salud de los ecosistemas.

Ello porque como depredadores controlan los niveles de otras especies situadas debajo en la cadena trófica e indirectamente para mantener el buen estado de los arrecifes de coral, ya que los peces herbívoros devoran las algas que pueden dañar esos arrecifes.

Datos de la estatal Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), consultados por IPS, indican que entre 2011 y mayo de 2021 recibió 109 475 avisos de arribo a puerto de pesca de tiburón, de los cuales 81 332 fueron embarcaciones con menos de una tonelada de capacidad y 28 143 de carga mayor.

Del total, hay 11 128 avisos de arribo de barcas menores con cargas superiores a tres toneladas.

La mayor descarga provino de una lancha no identificada el 30 de octubre de 2019, con 1103 toneladas de tiburón, sin especificar la especie capturada, en Tonalá, a unos 938 kilómetros al sur de Ciudad de México en el sureño estado de Chiapas.

Casos similares, en los que las lanchas reportaron volúmenes de tiburón físicamente imposibles de transportar, ocurrieron en otros sitios de México, como en este municipio de La Paz, en el norteño territorio de Baja California Sur, o San Blas, en el noroccidental estado de Nayarit.

Además, docenas de avisos solo reportan tiburón eviscerado o entero fresco      o sin nombre de la nave ni de la especie pescada.

Conapesca tiene registradas 8278 embarcaciones, de las cuales 1680 tienen cabida superior a una tonelada y 6598 de tonelaje menor.

Un fenómeno similar ocurre con las solicitudes de exportación de aleta de tiburón bajo Cites, vigente desde 1975 y que cubre a más de 5600 especies de animales y 38 000 de plantas contra la sobreexplotación a través del comercio internacional, según su grado de riesgo de desaparición. La Convención posee tres apéndices que agrupan a las variedades según su nivel de amenaza por el intercambio internacional.

En 2017, ocho dictámenes de extracción no perjudicial (DENP), la herramienta que usa la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) –financieramente dependiente de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que avala la exportación de especies bajo Cites–, menciona casos de reportes de cargas por encima de la capacidad registrada, en 2018, otros tres dictámenes; en 2019, cuatro DENP reflejan esa situación y en 2020, seis más.

Expertos consultados por IPS coinciden en achacar la responsabilidad a autoridades ambientales y pesqueras mexicanas.

Alejandro Olivera, representante en México del estadounidense Centro para la Biodiversidad Biológica (CBD, en inglés), considera “imposible” el desembarco de grandes volúmenes de tiburón en botes menores, porque no pueden transportar esa carga, y achaca el problema a la falla de vigilancia para aplicar la ley.

Ese conjunto de datos muestra un patrón de captura, que explica a IPS un pescador de La Paz que solicitó el anonimato por seguridad. Embarcaciones mayores atrapan tiburones en alta mar y luego reparten los volúmenes en botes menores que enfilan a un puerto para descargar la pesca.

“La falta de control se refleja en muchas pesquerías y hay muchas formas de darle la vuelta a lo que se reporta. La política pesquera se dirige a la falta de transparencia, de trazabilidad de las embarcaciones y de los productos pesqueros. No se comparten los datos satelitales de embarcaciones menores. Es reflejo del desorden, que también tiene falta de datos, y eso impide la gestión sostenible de una pesquería”, explica a IPS.

La consecuencia: la sobreexplotación.

Juan Carlos Cantú, representante en México de la estadounidense Defensores de la Vida Silvestre –con sede en Washington–, apunta el dedo hacia Conapesca, la dependencia que regula al sector pesquero mediante la emisión de licencias y el control de las actividades.

“Una de las cosas que hay que entender es que le toca a las autoridades de pesca, tanto el aprovechamiento (de especies) como la vigilancia (de la pesca). Al sector pesca solo le importa la extracción”, cuestiona el experto ante IPS.

Desde 2011, Conapesca ha expedido 1519 permisos de captura de tiburón, la única pesquería mexicana que cuenta con licencias específicas. En 2020, había 170, válidos hasta 2023, 2024 y 2025.

Mientras, a mayo refrendó 21 aprobaciones, vigentes hasta 2025. La mayoría proviene de Baja California Sur, Veracruz, Tamaulipas (noreste), Baja California (norte) y Sinaloa (noroeste). Por ley, la autoridad pesquera no entrega nuevas autorizaciones, sino solo renovaciones.

La mayor parte de denuncias que las autoridades reciben es por captura ilegal –apenas 20 casos–, uno de posesión ilegal y 21 decomisos de especies entre 2019 y 2020. La pesca ilícita consiste en una serie de actividades como pesca sin permiso, fuera de temporada, captura de especies prohibidas, utilizar artes de pesca proscritas o no declarar o dar información falsa sobre los volúmenes y las especies capturadas.

Pero también esas prácticas llevan a otro problema: el aleteo o el desprendimiento de las aletas y tirar los cuerpos al mar, para exportarlas a China y Hong Kong, hábito ilegal que el rubro pesquero niega con la puntualidad de un oficio.

El DENP 192/2019 cita seis avisos de arribo que reportaron desembarco de aleta fresca, lo cual está prohibido por la normatividad. Asimismo, el DENP 121-20 alude a 10 avisos de arribo de aletas.

Para avalar los envíos al exterior, Conabio utiliza un factor de conversión entre los cuerpos desembarcados y el volumen de aleta fresca.

Hesiquio Benítez, director general de Cooperación Internacional e Implementación de Conabio, explica que se basan en los datos de Conapesca y estudios científicos para elaborar los DENP.

“Es lo único que podemos atender directamente. Manejamos información caso por caso. Los estimados anuales surgen de estudios científicos y vamos viendo tendencias. Se toma con cuidado la información. A veces, los datos no coinciden”, dice a IPS.

Conapesca, que aplica vedas a pesca de tiburón de mayo a agosto en ambas costas, no respondió a la consulta de IPS.

Mazatlán, en estado de Sinaloa, en el noroeste de México, es un sitio tradicional de pesca y descarga de tiburón. En la imagen, un pescador lanza el 3 de agosto de 2021 sus redes de captura en aguas de Mazatlán, una ciudad balnearia en las costas del Pacífico. Foto: Christian Lizarraga / EJN-IPS

Indefensos

En aguas mexicanas habitan 111 especies de tiburones, según el Programa de Acción para la Conservación de las Especies Tiburones y rayas de 2018.

Empero, pocas variedades están protegidas. La regulación mexicana veta la aprehensión de los tiburones ballena (Rhincodon typus), blanco (Carcharhodon carcharhias) y el peregrino (Cetorhinus maximus).

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera “vulnerables” a los tiburones oceánico de puntas blancas, cornuda prieta, sedoso, zorro o grillo, zorro y zorro pelágico, mientras que cataloga “en peligro” a las variedades cornuda, cornuda gigante y mako de aleta corta.


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Entre 2013 y 2019 Cites aprobó la inclusión en el Apéndice II de los tiburones martillo común (Sphyrna lewini) martillo o cornuda prieta (Sphyrna zygaena), martillo o cornuda gigante (Sphyrna mokarran), sedoso (Carcharhinus falciformis), zorro o grillo (Alopias superciliosus), zorro (Alopias vulpinus), zorro pelágico (Alopias pelagicus) y mako de aletas cortas (Isurus oxyrinchus),

Pero México no ha actualizado la norma de protección de variedades amenazadas.

Esa clasificación, que abarca 10 especies tiburoneras, refiere que el comercio de esos especímenes necesita de autorización especial del gobierno exportador.

La Sermanat, responsable del diseño de la lista de protección, denegó en 2020 la inclusión de los escualos cornuda prieta, cornuda gigante y mako, a pesar de la presión de grupos ambientalistas que presentaron evidencias científicas sobre la necesidad de esa salvaguardia. Semanas atrás, abrió de nuevo la consulta pública sobre añadidura de especies a la regulación.

Mauricio Hoyos, director general de la no gubernamental Pelagios Kakunjá, enfatiza en la baja proporción de variedades bajo resguardo.

“Más que nada, es por carencia de información. Por eso, es tan importante generar información para dar al gobierno esas herramientas para poder protegerlos. El (tiburón) martillo está en grave peligro de extinción, porque lo capturan mucho para aleta, es muy codiciada. Por eso, requiere de protección inmediata”, explica a IPS el biólogo, autor de un análisis de soporte para solicitar la inclusión de los escualos citados.

México es el cuarto mayor productor mundial de tiburones, cuyo desembarco totalizó 44 657 toneladas y el consumo de carne ascendió a 45615 toneladas –0.36 kilogramos per cápita–, según cifras de Conapesca. Como la producción doméstica no satisface la demanda, las importaciones cubren la diferencia. Entre 2014 y 2018 el promedio de captura se situó en 38 233 toneladas.

La pesquería de tiburones y rayas en México es la octava más grande del país, al contribuir con 2,5 por ciento de las capturas nacionales y dos por ciento del peso total arribado en los últimos 15 años. El ramo prácticamente aprovecha todo el animal, para obtener carne, grasa y aletas.

Para elaborar los DENP, Conabio evaluó el riesgo existente y concluyó en que esas especies sufren amenazas media y alta en ambos litorales mexicanos, especialmente por su interacción con la flota artesanal.

Un obstáculo radica en la falta de información poblacional de los tiburones, lo cual dificulta su gestión.

Óscar Sosa-Nishizaki, investigador del Departamento de Oceanografía Biológica del estatal Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), subraya la ausencia de “estadística robusta” de la pesca.

“Tenemos una visión general, tratamos de reconstruir las capturas históricas y hacer la mejor estimación que se pueda hacer de cada especie. Se debe de mejorar todo el sistema de cómo se obtienen las composiciones de las capturas. Estamos reconstruyendo la composición específica. Hay que hacer evaluaciones de las poblaciones y recolectar información biológica. Falta mucho trabajo para decir si están bien o no las poblaciones”, explica a IPS.

El científico forma parte de un grupo de trabajo interinstitucional que efectúa la reconstrucción histórica de la caza de escualos, para determinar el estado de la pesquería, y que estará lista este semestre.

La Carta Nacional Pesquera 2017, que sirve de base para la administración de las pesquerías y que no ha sido actualizada, solo contiene a los tiburones cornuda común y a sedoso en el golfo de México y mar Caribe y a los cuales considera “aprovechados al máximo sustentable”.

Además, el Programa de Acción para la Conservación de las Especies Tiburones y rayas

2018, cuya modernización está en proceso, reconoce que la falta de difusión, vigilancia, monitoreo y ejecución de las reglas vigentes obstaculizan la conservación de elasmobranquios.

Asimismo, acepta que se enfrentan a presiones como pesca no sostenible, alteración y contaminación del hábitat; e incremento de otras actividades humanas en hábitats importantes para las especies.

Cantú, de Defensores, acusa a Conapesca de bloquear la protección a las variedades amenazadas. “Simple y sencillamente, no le interesa la conservación. Lo único que les interesa son los votos de los pescadores. No están haciendo nada. El factor económico (de la pesca) pesa mucho”, incrimina.

El Código Penal tipifica una serie de delitos ligados a especies amenazadas, incluyendo las listadas en Cites.

El código establece de uno a nueve años de prisión por traficar, capturar, poseer, transportar importar o exportar especies protegidas por la ley o por tratados internacionales, como Cites, y añade tres años más si la finalidad de la actividad es el comercio.

“Es muy difícil la aplicación legal de toda esta actividad cuando están interviniendo autoridades de diferentes instituciones que tienen una visión totalmente distinta de cómo se debe llevar a cabo la actividad”, cuestiona.

Desde 2020 Semarnat enfrenta dos demandas interpuestas por CBD y Pelagios Kakunjá por su negativa a incorporar a los tiburones martillo común, cornuda prieta y cornuda gigante a la protección.

Olivera arguye que la razón puede ser económica, porque “los argumentos científicos están probados, esas especies tienen una importancia comercial grande, es un factor de peso”.

Por su parte, Sosa-Nichizaki duda de la viabilidad de incluir tiburones en la normativa mexicana. “Vale la pena revisar el caso del pepino de mar. Pasa de una figura a otra y no implica que vayan a mejorar las cosas. Es un reto bastante interesante, pero los resultados del pepino no son muy claros al respecto. Para la conservación, la inclusión es un paso importante, pero no se logra de la noche a la mañana”, sostiene.

En 2018, Semarnat cambió el estatus del pepino de mar de “protección especial” a “amenazada”, que implica restricciones a su captura y comercialización.

Pero la presión sobre la especie no ha cesado. En 2018 y 2019 las autoridades ambientales recibieron 11 denuncias por pesca ilegal y una por comercio ilícito. Reportes periodísticos han mostrado que prosiguen la captura e intentos de comercialización.

Benítez duda sobre la protección futura de las especies y se queja de que el sector no los escucha. “Hay mucha resistencia del sector pesquero, pero es un problema mundial. Hay muchos intereses, cooperativas, comunidades (pesqueras)”, declara.

Mientras prosigue el debate científico y político, pescadores como Valencia solo quieren mejores condiciones de vida. “Nos están educando, nos meten más terapia para que no sigamos depredando. Pero queremos alternativas, no nos queremos dedicar más al mar. He pasado toda mi vida en el mar. Queremos otra cosa, algo para defendernos cuando no haya nada allá afuera en el agua. Pero el gobierno toma decisiones sin tomar en cuenta a los afectados”, lamenta.

Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Wilson Center y la Earth Journalism Network (EJN) de Internews.

RV: EG

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