Piden en la ONU moratoria en la venta de tecnología de vigilancia

Los teléfonos digitales de miles de políticos, activistas humanitarios y periodistas en numerosos países pudieron ser espiados, con tecnología de vigilancia cuya venta y transferencia debería detenerse hasta tanto se adopte un marco regulatorio en materia de derechos humanos. Foto: Rami Al-zayat/Unsplash

GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron este jueves 12 a todos los Estados que impongan una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia, hasta tanto se implanten regulaciones que garanticen su uso de acuerdo con normas humanitarias internacionales.

“Es sumamente peligroso e irresponsable permitir que la tecnología de vigilancia y el sector comercial operen como una zona libre de derechos humanos”, advirtieron los expertos, quienes reportan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza.

En su reporte indicaron que “nos preocupa profundamente que se estén utilizando herramientas intrusivas altamente sofisticadas para monitorear, intimidar y silenciar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos” en el mundo.

El 18 de julio de 2021, las organizaciones Forbidden Stories y Amnistía Internacional revelaron la vigilancia generalizada de los dispositivos móviles de periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes políticos, utilizando el software espía Pegasus, del grupo israelí NSO.

Hasta 50 000 números telefónicos habrían sido espiados en países tan disímiles como Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, España, Hungría, India, Kenia, Marruecos, México, Mozambique, Nigeria, Qatar, Tailandia, Turquía, Uzbekistán y Yemen.

Al infectar teléfonos con la tecnología a distancia, entidades espías y represoras han podido actuar impunemente contra activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, según Amnistía Internacional.

Para los expertos de la ONU “tales prácticas violan los derechos a la libertad de expresión, privacidad y libertad, posiblemente ponen en peligro la vida de cientos de personas y la libertad de los medios de comunicación, y socavan la democracia, la paz, la seguridad y la cooperación internacionales”.

“Si las recientes acusaciones sobre el uso de Pegasus son parcialmente ciertas, esa línea roja se ha cruzado con total impunidad”, dijo en julio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

NSO ha rechazado las acusaciones sobre su participación en esas prácticas ilegales. La empresa, creada en 2010 y con 500 empleados en Tel Aviv, requiere autorización del Estado israelí para sus exportaciones de tecnología.

Los expertos de la ONU dijeron que han establecido comunicación directa con la firma NSO y el gobierno de Israel.

Sostuvieron que “dada la extraordinaria audacia y desprecio por los derechos humanos” que muestra esa vigilancia, “si la negación de la colusión por parte de NSO tiene alguna credibilidad, la compañía debe revelar si alguna vez llevó a cabo una debida diligencia significativa en materia de derechos humanos”.

“También instamos a Israel, como país de origen del grupo NSO, a revelar completamente qué medidas tomó para revisar las transacciones de exportación de NSO a la luz de sus propias obligaciones de derechos humanos”, agregaron.

Consideraron que todos los Estados deben “verificar que empresas como NSO no vendan ni transfieran tecnología ni contraten a Estados y entidades que estén dispuestos a utilizarlas para violar los derechos humanos”.

Pidieron a toda la comunidad internacional “adoptar una moratoria en la venta y transferencia” de la tecnología de vigilancia, hasta tanto se desarrolle “un marco regulatorio robusto para prevenir, mitigar y reparar el impacto negativo” de esa actividad en materia de derechos humanos.

“El derecho internacional de los derechos humanos exige que todos los Estados adopten salvaguardias legales nacionales sólidas para proteger a las personas de la vigilancia ilegal, la invasión de su privacidad o las amenazas a su libertad de expresión, reunión y asociación”, concluyeron.

Los relatores que suscribieron el llamado son Irene Khan, sobre el derecho a la libertad de expresión; Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y Clement Nyaletsossi Voulé, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

También los cinco expertos que integran el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas.

A-E/HM

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