RÍO DE JANEIRO – La trágica gestión del gobierno de Brasil de la covid-19 inflamó la tensión política permanente que contrajo el país al elegir como presidente a Jair Bolsonaro en octubre de 2018 y que amenaza con convertirse en crisis institucional.
La forma de enfrentar la pandemia afectó la popularidad de muchos líderes en el mundo. Fue probablemente decisiva en la derrota del expresidente estadounidense Donald Trump en su intento de reelegirse en noviembre de 2020. Pero en Brasil tiende a tener efectos más profundos en desmedro del gobierno de extrema derecha.
La terca creencia de que el contagio sería la mejor inmunización ante la covid-19, la apuesta a medicamentos como la cloroquina y las reticencias en relación a las vacunas hicieron de Bolsonaro un reconocido campeón del negacionismo entre los mandatarios del mundo.
El resultado son más de 560 000 muertos hasta el 5 de agosto, según registros oficiales, el equivalente a 13 por ciento del total mundial, aunque Brasil tiene solo 2,7 por ciento de la población del planeta, y es el segundo país en cantidad absoluta de muertos, superado solo por Estados Unidos.
La consecuente pérdida de popularidad y de credibilidad, apuntada por todas las encuestas, induce mayor agresividad en las amenazas de Bolsonaro, un ex capitán nostálgico de la dictadura militar de 1964 a 1985, contra las instituciones democráticas.
Su principal blanco actual es el sistema electoral que abolió el voto en papel. Las urnas electrónicas, inauguradas en 1996 y universalizadas en 2000, no son confiables ni auditables, según el presidente, que amenaza con impedir las elecciones de octubre de 2022 si no se retorna el sufragio impreso.
Debilitado políticamente por su actitud y gestión para la pandemia, trataría de provocar turbulencias para algún tipo de golpe a la institucionalidad, ya que cuenta, o piensa contar, con respaldo militar, según las conclusiones más comunes en este país sudamericano.
Su corrosión electoral sigue, porque una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de senadores trata de averiguar y evaluar “las acciones y omisiones” del gobierno en la crisis sanitaria.
Un cuadro muy negativo de Bolsonaro y del Ministerio de Salud se va detallando desde el comienzo de mayo, cuando la comisión de 11 senadores y siete suplentes empezó a interrogar testigos y autoridades involucradas en posibles actos que agravaron los daños de la pandemia.
Instituida para una actividad de tres meses, la CPI tuvo que prorrogar su actuación tres meses más, para concluir con su informe final a fines de septiembre.
El colapso de los hospitales en Manaus, capital del estado Amazonas, donde la falta de oxígeno provocó la muerte de centenares de enfermos en enero de 2021, el boicoteo a las medidas sanitarias de gobernadores de estados y alcaldes para contener el contagio, la promoción de medicamentos ineficaces y trabas a la compra de vacunas se destacaron en las investigaciones.
Casos que generan sospechas de corrupción en la supuesta adquisición de vacunas aparecieron últimamente e involucran algunos militares, en general coroneles retirados del Ejército, en las negociaciones.
Las mayores irregularidades y fallas que habrían agrandado la cantidad de muertes ocurrieron bajo la gestión de Eduardo Pazuello, un general activo, como titular del Ministerio de Salud, de mayo de 2020 a marzo de 2021.
Es decir, las averiguaciones están afectando la imagen del gobierno y de los militares, generando nuevos conflictos.
La mención del presidente de la CPI, el senador Omar Aziz, a una “banda podrida” dentro de las Fuerzas Armadas que tendría sus miembros metidos en estafas, provocó una reacción agresiva del ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, y comandantes de las tres ramas militares.
Las Fuerzas Armadas “no aceptarán ningún ataque a la ligera”, dijeron en un comunicado que tilda de “infundada e irresponsable” la acusación del senador. Un intento de intimidación para frenar las investigaciones, evaluaron legisladores independientes y de oposición al gobierno.
Otros conflictos surgieron por la discrepancia entre el gobierno central, contrario al aislamiento social porque pretendía mantener todos los sectores económicos en actividad, y los estados volcados a la contención de la pandemia.
Las contradicciones surgieron incluso entre Brasilia y gobernadores aliados de Bolsonaro.
La imposibilidad de concertación y el desinterés del gobierno central en comprar vacunas con la urgencia necesaria condujeron algunos gobernadores de estados y alcaldes a buscar vacunas por su cuenta. Los intentos fracasaron por la oferta escasa y dificultades legales en la importación por entes subnacionales.
La pandemia deja así mayores dificultades en la articulación entre los distintos entes federales, por lo menos durante el actual gobierno. La consecuencia es también una menor eficiencia en lidiar con la pandemia, un problema sanitario que exige coordinación nacional.
Ese cuadro generó también una nueva confrontación ente el gobierno central y el Supremo Tribunal Federal (STF), alimentada por Bolsonaro en varios temas.
Ante las presiones de Brasilia contra la suspensión de actividades económicas en los estados y municipios para contener el contagio del coronavirus, el STF fue llamado por los gobiernos locales a dirimir las discrepancias.
El máximo tribunal del país emitió entonces un fallo que le concede autonomía a estados y municipios para la adopción de medidas preventivas, sin restringir la coordinación y las orientaciones nacionales a cargo del Ministerio de Salud.
El STF impidió el gobierno central el actuar en la gestión de la pandemia, arguye Bolsonaro y sus auxiliares cuando se les acusa de omisión, aunque la corte suprema haya aclarado varias veces el sentido de su fallo.
La verdad es que de hecho Bolsonaro no pudo imponer su orientación negacionista ante la pandemia al país. Siempre dijo ser más importante mantener la actividad económica. El desempleo mata más que la covid-19, argumentó varias veces.
Y adoptó las medidas a su alcance para hacerlo. Incluyó varios sectores en las actividades esenciales, por ejemplo las iglesias, peluquerías y centros de gimnasia, ignorando protestas de que son locales de contagio.
Los epidemiólogos sostienen que sin medidas de prevención, como pretendía Bolsonaro, morirían millones de personas por el contagio y porque pronto colapsaría todo el sistema de salud. No habría hospitales ni médicos ni el personal auxiliar suficientes para asistir la repentina afluencia de tantos enfermos.
El tema puso en confrontación a Bolsonaro con el STF, que ahora se agravó por los ataques del presidente al sistema electoral basado en el voto electrónico.
Los jueces de la corte constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que conduce todo el proceso para elegir gobernantes y legisladores, se unieron en defensa del actual sistema.
Volver al voto impreso, como desea Bolsonaro y los jefes militares, seria un retroceso a un período en que proliferaban fraudes y cuestionamientos judiciales, es decir la inseguridad de los resultados de las urnas.
Una propuesta de diputados bolsonaristas para restablecer el voto impreso fue rechazado el 5 de agosto en una Comisión Especial de la Cámara de Diputados que debatió el tema.
Nuevos conflictos deben surgir de las investigaciones de la CPI del Senado, ya que distintos temas pueden resultar el enjuiciamiento de varias autoridades y nuevos roces con los militares.
La promoción de los medicamentos del llamado “tratamiento precoz”, que incluye la cloroquina (medicamento contra la malaria), ivermectina (antihelmíntico) y otros productos peligrosos, como anticoagulantes y corticoides, involucró al Ministerio de Salud, al Ejército que distribuyó gran cantidad de cloroquina fabricada en su propia planta industrial, y al mismo Bolsonaro.
Charlatanería, violación de normas sanitarias e improbidad administrativa, porque se usaron recursos públicos para producir, distribuir y recomendar falsos medicamentos, son delitos que se podrá imputar a muchas autoridades, militares incluso.
Esa es una cuestión que dividió a los médicos de Brasil de manera tajante. Los diferentes consejos de Medicina que deberían haber regulado la cuestión se abstuvieron de pronunciarse o incluso se sumaron al charlatanismo.
ED: EG
