MÉXICO – En junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos hizo un anuncio crucial. Por primera vez en ese país, más de 15 agencias nacionales, locales y organizaciones civiles llevaron a cabo una gran operación binacional para encontrar infantes desaparecidos dentro y fuera de sus fronteras.
Le llamaron Operación Almas Perdidas. Su objetivo era encontrar niñas y niños desaparecidos que posiblemente fueron engañados o secuestrados por bandas dedicadas a la explotación sexual.
La operación secreta duró una semana. Y los resultados fueron anunciados por el agente especial Erik Breitzke sorprendieron incluso a los organizadores: 24 menores fueron recuperados y, entre ellos, tres fueron localizados en Ciudad Juárez, en México.
El reporte final de la operación no explicó en qué condiciones fueron encontrados esos menores de edad. Sin embargo, no es difícil inferir por qué estaban en Ciudad Juárez: la Organización de las Naciones Unidas, la Policía Internacional y el legislativo Congreso mexicano han alertado que esa ciudad fronteriza es un conocido destino de turismo sexual.
En 1993, esa ciudad mexicana se volvió infame a nivel mundial debido a un fenómeno conocido como “Las Muertas de Juárez”, donde cientos de feminicidios fueron descubiertos bajo la sospecha de que las víctimas fueron reclutadas para esclavitud sexual.
Más de 28 años después, Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, aún es una urbe conocida por su tolerancia a la prostitución, sus burdeles con niñas escondidas y sus calles manejadas por padrotes y mafiosos que están conectados con la industria de la pornografía. Es un paraíso para los pederastas.
Hay una explicación para ello: Ciudad Juárez, como en muchas otras ciudades en el mundo, la policía suele acosar a quienes son prostituidas, no a los clientes. Pero hay un creciente movimiento internacional que exige que se haga lo contrario.
Ese movimiento está creciendo en México y está inspirado en la ley francesa promulgada el 13 de abril de 2016, que prohíbe cualquier acto sexual que sea acordado con dinero de por medio.
Es un cambio simple, pero sustancial: para proteger los derechos humanos, la ley no debe ir contra quienes están atrapadas en la prostitución, sino contra los clientes. En otras palabras, las autoridades deben atacar el eslabón más fuerte de la cadena, no el más vulnerable.
Para lograr es necesario detener la criminalización de quienes están atrapadas en la prostitución y, en su lugar, crear incentivos para que salgan del mercado sexual.
Por ejemplo, diseñando programas de autoempleo, otorgando beneficios fiscales para quienes deseen dejar la prostitución incluyéndolas en programas de testigos protegidos, otorgando permisos temporales de residencia a extranjeras que no pueden obtener un trabajo debido a su estatus migratorio, entre otras medidas.
Para alcanzar el objetivo de frenar el tráfico de personas con fines de explotación sexual, la ley necesita dirigirse fuertemente contra la demanda que perpetúa este crimen. Las sanciones contra los “clientes explotadores” necesitan endurecerse.
Para perseguirlos más eficientemente, activistas mexicanas piden al gobierno que imite lo que la policía francesa hace al quitar la carga de la prueba del delito de los hombros de las víctimas.
La ley francesa es un modelo exitoso, de acuerdo con la Coalición por la Abolición de la Prostitución (CAP Intenacional): desincentiva las inversiones de los tratantes, desmotiva a los clientes, provee salidas dignas a las personas más vulnerables y barre con los peligros de la clandestinidad tolerada.
Este modelo ha probado también que los padrotes no suelen “invertir” en países con duras medidas contra ellos. Porque ellos se ven a sí mismos como genuinos hombres de negocios, estas leyes progresistas como la sueca o la francesa tienen tan fuertes penalidades que simplemente no son buenas para sus negocios.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés), en su Recomendación General 38, del 2020, sobre trata de personas, alienta este movimiento y llama a los países del mundo a respaldarlo, especialmente en el contexto de la pandemia.
“La necesidad de abordar la demanda que impulsa la explotación sexual es necesaria en el contexto de la tecnología digital, que expone potencialmente a las víctimas a un creciente riesgo de ser explotadas”, alerta esa Recomendación General.
Este movimiento global camina mano a mano con otros que han sacudido al mundo, como el #MeToo o las protestas internacionales contra la desigualdad.
Es la voz de millones en todo el mundo, incluida la de los mexicanos: nunca más una ciudad donde los compradores de sexo sean vistos como simples clientes y los tratantes como empresarios.
Para sensibilizar a los legisladores mexicanos realizaremos del 26 de julio al 6 de agosto la campaña a nivel mundial #10Días de #ActivismoVsTrata de la mano de varias organizaciones internacionales que lograrán movilizar a nuevos activistas contra los clientes explotadores y poner fin al sufrimiento de las almas perdidas en el mundo.
Somos millones convencidas de una idea revolucionaria: abolir la prostitución no limita la libertad sexual, al contrario, motiva la libertad sexual que se necesita en el mundo. La que no depende del dinero.
RV: EG
