La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador comenzó sus funciones el sábado 1 de mayo con la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y del fiscal general. Bastó que dos diputados de la bancada del partido del presidente milenial Nayib Bukele introdujeran las propuestas de destitución y estas fueron aprobada con 64 votos. Sin ninguna discusión.
En la emergencia por la covid-19, fue este tribunal el que puso límites a las arbitrariedades cometidas por el Ejecutivo, como el arresto indefinido de personas acusadas de violar la cuarentena obligatoria. Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba irregularidades sobre el desvío de fondos públicos para atender la pandemia.
El contrapeso de poderes valió para que Bukele terminara declarando a estas instancias sus enemigas. Lo cual no es un discurso nuevo para quien le lleve la contraria. Desde que asumió la presidencia, en junio de 2019, ha despotricado contra la prensa, contra los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
Así, la noche del sábado 1, los diputados del partido gubernamental Nuevas Ideas, con ocho votos de otras bancadas, no solo nombraron a nuevos funcionarios para esos cargos sin seguir el proceso legal, sino que dieron una entrada triunfal al salón del parlamento al director de la Policía Nacional Civil.
La misma noche, la Policía invadió las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la FGR, custodiando a los nuevos funcionarios para que entraran a sus oficinas. Entre el domingo2 y lunes 3, el Fiscal General y cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional destituido renunciaron.
¿Una nueva forma de hacer política?
Bukele ganó las elecciones presidenciales de 2019 en una jornada con la menor participación ciudadana desde hacía 25 años. La gente que lo eligió y la que no fue a votar, fue gente descontenta por las gestiones de los gobiernos de derecha y los dos gobiernos de izquierda que sucedieron a la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.
Mauricio Funes, el primer expresidente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), está asilado en Nicaragua y es acusado por la justicia salvadoreña del desvío millonario de dinero durante su gestión y un expresidente de derecha pena una condena de 10 años por corrupción.
A este descontento por los casos de corrupción se sumó el problema de la inseguridad. En el país hay tres pandillas que, en 2015, llegaron a cometer hasta más de 15 asesinatos por día.
Entonces, el presidente milenial, proveniente de una familia de empresarios publicistas, vio en este malestar social una oportunidad y se vendió como la renovación de la política. Fue dos veces alcalde por el FMLN, que lo terminó expulsando por desencuentros. Sin embargo, durante sus gestiones comenzó a consolidar su partido político: Nuevas Ideas.
Para 2019, Bukele no logró inscribir a su partido para las elecciones presidenciales y optó por candidatearse con el partido GANA, formado por los disidentes del partido de derecha ARENA y que tiene entre sus filas a funcionarios señalados de corrupción.
La reducción de homicidios que ha ocurrido durante su gestión es un logro cuestionado. Investigaciones periodísticas apuntan a que el gobierno de Bukele sostiene un diálogo con las pandillas, parecido a la tregua que protagonizó Funes en 2012.
Además, pese a las reiteradas solicitudes judiciales, Bukele no ha sido capaz de abrir los archivos militares para llevar justicia a las víctimas de la masacre del caserío El Mozote, ocurrida durante el conflicto armado y cuya causa ventila un tribunal salvadoreño.
A Bukele, ser joven (39 años) no lo deja exento de prácticas autoritarias del siglo pasado. El domingo 9 de febrero de 2020 convocó a los diputados de la anterior legislatura a una sesión extraordinaria para que le aprobaron un préstamo que destinaría a un plan de seguridad del que no daba explicaciones sobre el manejo de fondos ni los resultados.
A la plenaria asistió solo un grupo de diputados favorable al presidente. Y Bukele se tomó el parlamento con militares. Se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, hizo una oración, y afuera, a una multitud que le estaba esperando, le dijo que “dios le había pedido paciencia”.
En las elecciones legislativas de febrero de este año, Bukele logró consolidar a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y hacer de este órgano una extensión de su poder: 56 de los 84 diputados pertenecen a su partido. Son legisladores que dejaron claro, desde su campaña, que llegarían a trabajar para el presidente. Y ya comenzaron.
Con estos hechos, El Salvador revive escenas de las cinco décadas de regímenes militares que estallaron en 12 años de guerra.
Este artículo se publicó originalmente en Cosecha Roja, una red de información, intercambio y formación de América Latina.
RV: EG
