El gobierno de Cuba parece encaminado a fortalecer en lo inmediato el sector privado en el país, aunque persisten interrogantes sobre el alcance de las medidas para dinamizar a actores económicos sobre los cuales todavía gravitan reticencias.
Ocurrirá en un contexto de agravada crisis económica debido a los efectos internos de la pandemia de covid, las sanciones de la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) que fortalecieron el embargo de Estados Unidos hacia Cuba desde 1962, y falencias estructurales del modelo económico de este país insular caribeño.
A ello se suma el ordenamiento monetario desde el primero de enero que, según las autoridades, proyecta incentivar la producción de bienes y servicios en condiciones más coherentes para todas las formas de gestión económica, ajustadas a indicadores del comercio mundial.
El 15 de abril, el primer ministro Manuel Marrero confirmó que “se concluyen las normas jurídicas que implementarán una ampliación del trabajo por cuenta propia sin precedentes”.
La aseveración se efectuó durante un encuentro en La Habana del presidente Miguel Díaz-Canel y su Consejo de Ministros con un grupo de emprendedores autónomos, cooperativistas no agropecuarios y directivos de empresas estatales, y donde participaron mediante videoconferencia representantes en las 15 provincias cubanas.[pullquote]3[/pullquote]
Antes, el 2 de marzo, Marrero indicó en su cuenta de Twitter que en la reunión anual del Ministerio de Economía y Planificación se analizaron venideras acciones para fortalecer el sistema empresarial estatal, el trabajo por cuenta propia (TCP) –como se denomina aquí el trabajo autónomo privado- y las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin otros detalles.
Según estadísticas, más de 600 000 cubanas y cubanos, equivalente a 13 por ciento de la fuerza laboral del país, se cuentan como trabajadores autónomos.
“En la reunión del Consejo de Ministros los TCP dijeron sus problemas, las autoridades los conocieron directamente y además, las empresas estatales hablaron muy bien de la seriedad y responsabilidad de dichos trabajadores con quienes han tenido contratos”, explicó a IPS la participante en el encuentro Ileana Fernández, profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana.
No obstante, durante el informe central del VIII Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal, el expresidente y ahora ya ex primer secretario de la organización, Raúl Castro (2011-2021), marcó líneas rojas relacionadas con el crecimiento del sector privado en este país de 11,2 millones de personas.
Durante la cita del 16 al 19 de abril Castro, quien dejó el máximo cargo del PCC en este Congreso, se refirió a “límites que no podemos rebasar”, y señaló en específico la importación comercial privada y el ejercicio autónomo de algunas profesiones.
Ello, sostuvo en su despedida, porque “las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales”.
El aldabonazo hacia las nuevas medidas se dio en julio de 2020, cuando el gobierno anunció una política de recuperación económica para el periodo poscovid que contempla, entre varios ejes, potenciar la empresa estatal socialista definida constitucionalmente como el sujeto principal de la economía centralmente planificada, así como a los sectores cooperativo y privado, aunque con un papel complementario.
Al mes siguiente se publicaron disposiciones jurídicas que autorizan a empresas estatales -41 hasta el momento-, a prestar servicios de importación y exportación a las formas no estatales de gestión, que no pueden hacerlo de forma directa.
Hasta el 26 de abril se habían firmado 1889 contratos de importación y 98 de exportación, precisan datos oficiales.
Justamente, “las quejas fundamentales de los TCP fueron sobre los mecanismos de exportación e importación, sobre todo esto último, y el acceso a insumos”, destacó Fernández, coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana, entidad que brinda asesoría y constituye un puente entre la academia, los emprendedores y el sector estatal.
Trabajadores autónomos consultados por IPS aprecian el mecanismo a través del cual acceden a insumos deficitarios en el país y colocan sus producciones y servicios en mercados internacionales.
Pero a la vez opinan que dicho esquema reproduce lógicas y trámites desconectados a veces del volumen, insumos y tiempos de gestión propios de pequeños y medianos negocios, cuyas operaciones de importación por esa vía llegan a tornarse irrentables.
“Las conclusiones del presidente (Díaz-Canel) fueron a favor de estas formas de gestión. Se refirió a su aporte en la pandemia, a lo innovadores y creativos que son y que se debe trabajar de conjunto con ellos”, significó Fernández.
El Consejo de Ministros anunció el 6 de febrero la eliminación del listado de 127 actividades para el ejercicio del TCP, lo cual despeja el camino para el ejercicio de más de 2 000 actividades.
Hasta ahora no ha sido publicado el paquete normativo relacionado con las 124 acciones que quedarán prohibidas total o parcialmente.
Fuentes a las que IPS preguntó indican que autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social capacitan al personal en las provincias para la aplicación de las medidas, pero atribuyen la dilación al rebrote de la covid-19 en la isla.
La decisión, valoran expertos, supone abrir las puertas a iniciativas autónomas de más calificación y especialización, así como a posibles encadenamientos productivos entre distintas formas de gestión y aportar mayor valor agregado a productos y servicios.
Este nuevo paradigma ayudaría a desamarrar las fuerzas productivas y acelerar la actualización del modelo económico y social de orientación socialista aprobado en 2011 y lastrado, según las propias autoridades, por exceso de burocracia, deficiente control de los recursos, actos de corrupción e ilegalidades, entre otros aspectos.
El factor ideológico todavía obstaculiza la mayor apertura del sector privado, opina el joven ingeniero en Telecomunicaciones Alejandro Pérez, quien junto con Juan José Puerto y Jandel Guevara, gestiona Dataplus, un emprendimiento de soluciones de redes de datos y sistemas de seguridad con más de tres años de experiencia en la capital cubana.
“Aun cuando la máxima dirección del país ha llamado al cambio de mentalidad respecto a las formas de gestión no estatal, pareciera que siguen pesando tantos años de prejuicios contra lo privado”, valoró Pérez en diálogo con IPS.
Además, complementó, influyen otros factores como la carencia de un ecosistema favorable al emprendimiento, dificultades para obtener insumos, materiales, medios y equipos en la red de comercio estatal; mientras se echa en falta instituciones que fomenten y apoyen a entes autónomos o cooperativos y que provean además financiamiento y créditos.
Con respecto a la ampliación del TCP y aprobación de las pymes, persisten incógnitas sobre cómo enfocarán las normativas su natural crecimiento y ganancias.[related_articles]
El artículo 30 de la Constitución pauta que la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, que garantiza además, “una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social”.
En la práctica existen pymes en Cuba, atendiendo a la fuerza laboral y volúmenes de ingresos, pero no cuentan con un reconocimiento desde el Derecho.
Analistas argumentan que el gobierno pudiera avanzar con una norma que regule la constitución y funcionamiento de las pymes, tanto de las estatales como de las privadas, y ofrezca seguridad jurídica a las y los intervinientes, sin esperar por la Ley de Empresas prevista para abril de 2022.
En el caso de las privadas, en un primer momento pudieran “convertirse en empresas algunos negocios con un grado de organización ya reconocido, así como aquellas actividades que han buscado alternativas para “legalizar” su existencia o poder llegar a su mercado meta”, dijo a IPS el contador Darién García, gestor de negocios y formador en temas empresariales.
García mencionó como candidatos negocios gastronómicos como grandes restaurantes; algunas mini o pequeñas industrias procesadoras de alimentos y derivados, mini o pequeñas industrias productoras de materiales de la construcción, brigadas y proyectos de construcción y diseño, así como emprendimientos tecnológicos que hoy operan al amparo de varias licencias, entre otros.
Académicos, funcionarios y empresarios de Cuba y Bélgica intercambiaron experiencias sobre el rol económico de las pymes en las sociedades actuales, durante el taller PymeLab efectuado en diciembre en La Habana.
Reflexionaron sobre el valor de las alianzas público-privadas y los encadenamientos productivos en interés del bien y la prosperidad común, los mecanismos gubernamentales de fomento y apoyo para dichos actores, mientras se socializaron casos prácticos de emprendimientos en ambas naciones.
La iniciativa forma parte de la «puesta a punto» del sector de las pymes para la expansión que permitirían las esperadas nuevas normas y la organizaron la embajada de Bélgica en Cuba, el servicio de comercio exterior e inversión extranjera Hub.brussels, la Delegación de la Unión Europea en Cuba y el Ministerio de Economía y Planificación.
ED: EG
