Desde 2016, propietarios de tierras comunitarias han detenido con recursos legales un parque solar privado en el sudoriental estado mexicano de Yucatán, por falta de consulta indígena y riesgo de daños ambientales.
“Abrieron unos caminos, brechas, sin conocimiento de las comunidades. Hubo una consulta en otro municipio, pero no acá”, relató vía telefónica a IPS el indígena maya Aurelio Mugarte.
Como sus vecinos, Mugarte se dedica a la agricultura en el ejido San José Tipceh, una tierra pública cedida para la explotación comunitaria, de 1468 hectáreas de extensión.
El proyecto se divide en Ticul A y B y es propiedad de Vega Solar Energía, filial mexicana de la estadounidense Sun Power y cuyo accionista mayoritario es la petrolera francesa Total SE. Implica la tala de unas 700 hectáreas de selva, en una zona sensible por su biodiversidad y por su suelo kárstico, de composición porosa, propicio a tener socavones y que se infiltra fácilmente.
Yucatán pertenece a la península homónima que también abarca a los estados de Campeche y Quintana Roo y constituye el segundo ecosistema terrestre latinoamericano más importante, después del de la Amazonia.
Comunidades amenazadas por el proyecto interpusieron dos demandas que siguen en curso contra el parque, que abarcaría territorios de los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, a unos 1300 kilómetros al sudeste de Ciudad de México.
La planta es producto de la reforma energética de 2013 que abrió en este país latinoamericano la generación y comercialización del sector al capital privado nacional y extranjero. En el ramo eléctrico, la transmisión y la distribución han seguido en manos de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A partir de esa apertura, el gobierno organizó en 2016 y 2017 tres subastas eléctricas para la construcción de generadoras que vendieran su producción a la CFE. En 2016, Vega Solar fue una de las ganadoras con Ticul A y B, que instalará unos 1,22 millones de paneles fotovoltaicos para generar unos 600 megavatios (Mw).
“La reforma nos afectó y permitió que llegaran las empresas. El gobierno buscó favorecer a la empresa. No se trata de destruir la naturaleza, si la energía renovable va a destruir eso, no le veo el beneficio”, denunció Mugarte.
Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cargo desde diciembre de 2018, quiere revertir la reforma energética, establecida por su antecesor, Enrique Peña Nieto, en agosto de 2013, al menos en lo que respecta al medular sector eléctrico.
Contrarreforma eléctrica
La nueva ley eléctrica, promulgada el 9 de marzo, privilegia la generación de las plantas de CFE por delante de las privadas, a pesar de ser más onerosa.
Desde ahora, en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), administrado por el estatal y autónomo Centro Nacional de Energía (Cenace), debe comercializarse primero la generación del sistema eléctrico nacional y solo luego el fluido de las corporaciones privadas, especialmente la proveniente de las fuentes eólica y solar.
El gobierno y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, no tocaron la Constitución como sí sucedió en 2013, pero los cambios revierten la reforma energética de entonces que abrió la generación y comercialización al capital privado.
Esa apertura buscó fomentar la competencia en el mercado y los precios más bajos de despacho. Pero CFE arguye que le perjudica y pierde dinero al quedar relegada su generación. En enero, en el MEM participaron 98 generadores, entre ellos la CFE y operadores privados.
Con la contrarreforma eléctrica, el Cenace deberá despachar primero la energía generada por las hidroeléctricas de CFE, después el fluido de combustibles fósiles y otras fuentes de esa empresa estatal, luego la eólica y solar de generadores privados y en último lugar la de centrales de ciclo combinado de empresas privadas, que generan con gas y vapor.
Además, conmina a la autónoma Comisión Reguladora de Energía a invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos por particulares para generar su propia electricidad, de fuentes como gas, hidroeléctrica, eólica y solar fotovoltaica, en lo que se conoce como generación distribuida o descentralizada.
Sujeta también los futuros permisos de generación a los criterios de planificación de la Secretaría (ministerio) de Energía, lo que implica colocarlos bajo las disposiciones gubernamentales. Finalmente, la nueva norma elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas.
La aplicación de la nueva ley está temporalmente suspendida por orden deun juez, aunque se da por hecho de que saldrá adelante.
En la segunda economía latinoamericana, con una población de 126 millones de personas, el consumo de electricidad se sitúa actualmente en unos 270 000 gigavatios hora, de los que la mitad los aporta CFE y el resto operadores privados.
Las fuentes de la electricidad son primordialmente combustibles fósiles (casi 76 por ciento), hidroelectricidad (casi ocho por ciento), eólica (6,59 por ciento), fotovoltaica (cuatro por ciento), nuclear (tres por ciento) y geotermia (1,5 por ciento).
Las comunidades afectadas por megaproyectos sienten que la contrarreforma les da un respiro, pues de facto ya no tendrán encima la sombra de los grupos privados. Pero no se libran de CFE, que históricamente ha ignorado sus planteamientos.[related_articles]
“No creemos que los cambios nos favorezcan, porque la energía no es para nosotros”, aseguró Mugarte, cuya zona se alimenta de electricidad generada por una planta termoeléctrica, alimentada por combustibles fósiles.
La reforma energética dejó a las comunidades locales a expensas de la CFE y de la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas privadas, pues no podían rechazar la instalación de un proyecto.
Si bien estipula la realización de una consulta indígena y una evaluación del impacto social, estas se llevaban a cabo después de la planificación y diseño de la obra y se han convertido en un trámite.
Ante ello, los pueblos afectados han optado por las demandas ante la justicia por la ausencia de lo que consideran una consulta libre de presiones, previa al diseño y construcción de los proyectos y con información adecuada y oportuna.
En otras regiones del país se ha repetido el mismo esquema, que en Yucatán.
En el central estado de Puebla, la empresa Deselec 1-Comexhidro intenta erigir la central hidroeléctrica Puebla 1 para abastecer de electricidad a las filiales en México de la cadena estadounidense de venta minorista Walmart, una cadena de restaurantes y otra de ropa.
“Sí hay algún cambio, porque eso permitiría que la energía sea mexicana, pues estaba privatizada. De todos modos, es preocupante. Quieren seguir manejando el petróleo, la contaminación y que se construyan más hidroeléctricas, para que sigan obstruyendo las cuencas”, dijo a IPS vía telefónica el indígena totonaco José Galindo, desde el municipio de San Felipe Petatlán, en Puebla.
El integrante del no gubernamental Consejo Regional Totonaco, un pueblo originario mesoamericano del este mexicano, dejó en claro que “no nos sentimos más respaldados con la CFE, ni que tengamos energía de mejor calidad”.
Desde 2016, residentes en tres municipios de Puebla mantienen detenido el megaproyecto hidroeléctrico en el cauce del río Ajajalpan, su principal fuente hídrica, mediante dos demandas legales. El llamado Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 establece la construcción de dos represas, Ahuacoya y Zoquiapa, la primera de las cuales tendría una cortina de 45 metros de altura y una capacidad generadora de 60 Mw.
“Hubo simulación de consulta indígena. Los permisos ya los tenían desde años pasados, solo le informaron al pueblo de lo que querían hacer. Las instituciones gubernamentales fueron parte de la simulación. Nunca nos informaron del proyecto”, indicó Galindo, cuyo municipio, de 4000 habitantes, está a unos 230 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Antes de la aprobación legislativa de los cambios en el sistema de la comercialización de la electricidad, autoridades y organizaciones de 14 pueblos indígenas pidieron participar en la generación renovable.
Plantearon la necesidad de “un nuevo modelo de transición energética social y democrática, sin participación de grandes multinacionales ni de megaproyectos privados”.
Desde 2018, poblaciones descontentas han logrado detener al menos seis proyectos renovables en Yucatán y una central hidroeléctrica en Puebla.
La CFE no planea invertir en energía renovable, porque favorece la explotación de los combustibles fósiles, las grandes plantas hidroeléctricas y la energía nuclear.
Comunidades como San José Tipceh y San Felipe Tepatlán solo desean la anulación de los proyectos.
“Queremos que les nieguen la licencia ambiental. No se trata de destruir la naturaleza, si la energía renovable va a destruirla, no le veo el beneficio. Que la pongan en el desierto o en un sitio que no afecte la naturaleza”, pidió Mugarte.
Por su parte, Galindo confió en la cancelación de la central hidroeléctrica. “Eso sería muy importante, pues hay muchas violaciones a derechos. Ojalá que cada pueblo pueda tener su propia energía y la pudiera controlar”, declaró.
ED: EG
