El reordenamiento legal en Cuba entraña retos y oportunidades para el activismo independiente que tolerado, pero sin asideros jurídicos para su ejercicio, ha posicionado en la agenda pública temas relacionados con la defensa de derechos y el empoderamiento ciudadano.
El reajustado cronograma legislativo prevé para diciembre de 2022 la aprobación de una Ley de Asociaciones que regularía los requisitos para la autorización de las formas asociativas y su funcionamiento en este país insular caribeño con sistema de gobierno de orientación socialista y un único partido legal.
La Constitución vigente desde 2019 reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, “siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
Con más de 2000 asociaciones registradas, la norma que data de 1985 permite crear sociedades científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas, de amistad y solidaridad y otras que “se propongan fines de interés social”, pero resulta harto complejo y dilatado el proceso para lograr la inscripción, reconocen activistas.
Especialistas consultados por IPS argumentan que el reconocimiento de dichos grupos les facilitaría trabajar de manera articulada, ya sea con entidades estatales o entre ellos mismos, en el desarrollo de una cultura y una conciencia ciudadanas sin las cuales serían letra muerta las mismas políticas que impulsan.
“La sociedad civil y el activismo independiente han jugado un papel importante en el impulso a la agenda legislativa de los últimos años en Cuba”, opinó en diálogo con IPS el activista Yoelkis Torres, coordinador del proyecto sociocomunitario AfroAtenas con sede en la ciudad de Matanzas, a 87 kilómetros al este de La Habana.
Este proyecto de intervención cultural para el desarrollo y dinamizador de la comunidad, nacido en 2009, destaca por acciones de acompañamiento y apoyo psicosocial a grupos vulnerables como personas trans, que viven con VIH/sida y de la tercera edad, además de promover una cultura de paz y la no violencia.
Sus integrantes en articulación con otros proyectos autónomos efectúan en el ámbito local y con respaldo de las redes sociales una campaña a favor del Código de las Familias, que sustituirá al vigente desde 1976.
El Código que analizará el unicameral parlamento y luego será sometido a consulta y referendo popular antes de que concluya 2022, según el cronograma, debe pronunciarse sobre el reconocimiento de los tipos de familias, el papel de abuelas y abuelos en la crianza, así como la posibilidad del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, entre otros asuntos.
Para Torres, amén del trabajo de instituciones como el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), “espacios no oficiales han sido muy importantes para visibilizar problemáticas de la comunidad de personas LGBTIQ (lesbianas, gay, bi, trans e intersexuales y queer), además de llamar la atención sobre la vulneración de derechos de estas u otras personas”.
No obstante, la labor de muchos grupos tropieza con la falta de personalidad jurídica que les impide, por ejemplo, disponer de cuentas bancarias, comprar locales propios, no ser reconocidos como voces legítimas por instituciones estatales, o tener vedado el acceso a fondos de la cooperación internacional.
Funcionarios consultados por IPS reconocieron que en las estructuras gubernamentales persisten no pocas reticencias hacia el activismo independiente, basadas fundamentalmente en conceptos burocráticos y preocupaciones sobre sus fuentes de financiamiento.
El gobierno cubano argumenta como principio que resulta necesario mantener la unidad nacional y frenar agendas que, a su juicio, contribuyen a fragmentaciones sociales y a exacerbar disensos.
“Lejos de debilitarla, el activismo contribuye a fortalecer la nación”, dijo a IPS la historiadora y especialista en trabajo comunitario, Gisela Morales.
“Pero el discurso tendría que cambiar la mirada sobre lo que es el activismo, no verlo como un peligro; el debate es necesario, la crítica, escuchar a las otras personas y respetarlas, aunque no piensen igual”, subrayó Morales quien ha interactuado con diversos grupos de trabajo antirracista en la isla.
Todo ello se enmarca en el diferendo con el gobierno de Estados Unidos, señalado por La Habana de aprobar millonarias sumas para programas que considera buscan la subversión interna e intentar un cambio del régimen político.
El 26 de febrero el Consejo de Estado aprobó el decreto-ley de Bienestar Animal, una normativa largamente reclamada por voluntarios y protectores que llegaron incluso a marchar y protestar de manera pacífica en contra del maltrato, abandono y sacrificio de animales recogidos de las calles.
“Constituye una victoria del activismo del movimiento animalista quienes nos hemos articulado a través de las redes sociales, espacios físicos y manifestaciones pacíficas, haciendo que personas se involucren con nuestra causa y se sensibilicen con nuestro mensaje”, aseguró a IPS el activista Javier Larrea, coordinador de la red Bienestar Animal Cuba (BAC).
La entidad autónoma con filiales en varias de las 15 provincias cubanas ha creado refugios propios y propicia el rescate de animales callejeros a los cuales alimentan, desparasitan, esterilizan y buscan un hogar.
Meses antes a la aprobación del decreto sobresalieron diálogos para ajustar y consensuar la norma entre autoridades del Ministerio de la Agricultura, integrantes del movimiento animalista, entidades profesionales sobre el tema veterinario y la Asociación Nacional para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant), la única asociación protectora con registro legal.
La necesidad de una legislación específica sobre bienestar animal fue una de las que más opiniones suscitaron en la ciudadanía, durante el proceso de consulta popular del proyecto de Constitución.[related_articles]
Otros temas como la violencia de género y la discriminación por el color de la piel también son objeto de atención por parte de proyectos independientes y activistas que han manifestado su interés por participar en la construcción de políticas públicas y sobre todo, respaldar su aplicación mediante mecanismos efectivos de denuncia y sanciones.
Anuncios oficiales indican que se elabora con forma de decreto presidencial la norma jurídica relacionada con el Programa para el Adelanto de las Mujeres, aprobado el 30 de octubre de 2020 por el Consejo de Ministros y que buscará, entre otros asuntos, prevenir y atender la violencia machista.
En noviembre de 2019, el Consejo de Ministros también avaló el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, y si bien han trascendido pocos detalles desde entonces, el anuncio explicó que contendría “planes, objetivos y tareas en cada esfera económica y social, territorio y localidad del país”.
Más de una treintena de intelectuales y activistas enviaron, en enero de 2020, una carta al presidente Miguel Díaz-Canel, quien preside la comisión, para solicitarle incluir en el grupo de trabajo gubernamental a personas reconocidas por su lucha contra el racismo.
La misiva incluyó, entre otras preocupaciones y sugerencias, conocer la argumentación del programa, incluir el enfoque de género dada la doble discriminación que sufren las mujeres negras, y fomentar espacios de diálogo con las y los afrodescendientes para conocer directamente sus necesidades e intereses.
ED: EG
